Imanol Ordorika Sacristán

Veintiséis altos exponentes de los monopolios informativos (incluidos Televisa y Tv Azteca), de la alta jerarquía eclesiástica (incluido el cardenal primado Norberto Rivera) y de la empresa privada (incluido Eduardo Bours, administrador de finanzas de la campaña de Labastida) exigen al Presidente de la República que meta la fuerza pública a la UNAM, en un rechazo explícito al diálogo y un llamado al uso de la violencia.

Estos representantes de las clases dirigentes declaran en su manifiesto que en la universidad "no cabe ya un nuevo diálogo" y piden "con toda firmeza" al gobierno federal que "restablezca el estado de derecho en el ámbito de la UNAM por medio de medidas que conjuguen inteligencia, rapidez, eficacia y prudencia".

Este llamado muestra la soberbia y la pérdida de serenidad de cúpulas que se consideran propietarias del país, de sus habitantes y de su gobierno. Si la violencia a la cual convocan se desatara, muy difícil sería detenerla en este país empobrecido, frustrado y engañado por esas clases dirigentes.

El alarmismo de estos personajes está fuera de lugar. Nada tienen que hacer en nuestra universidad. Que ellos manden y griten en sus empresas, sus televisoras y sus iglesias. Este conflicto puede y debe resolverse entre universitarios. Nuestros instrumentos son el diálogo y la razón.

Tanto los participantes en el plebiscito de rectoría como quienes acudieron a la consulta del Consejo General de Huelga quieren que el paro termine cuanto antes. Así nos lo dijeron los organizadores de ambas votaciones, el rector y el CGH, aunque sus propuestas sean diferentes. Ambos señalaron también que la solución está en el diálogo y no en el recurso de la violencia. No nos toca juzgar la sinceridad de esos compromisos. Decimos que ellos fueron refrendados por cientos de miles de votantes en los dos casos.

En consecuencia, proponemos:

1) Que se restablezca de inmediato la negociación entre rectoría y el CGH. El diálogo es la mejor barrera contra la violencia.

2) Que la agenda de dicho diálogo sea, sin otras dilaciones, la discusión, punto por punto, de los seis puntos del CGH y de los seis puntos de la propuesta del rector.

3) Que este diálogo tenga un plazo perentorio de quince días, con dos días como máximo para discutir y llegar a conclusiones sobre cada punto. Nadie quiere repetir la estéril experiencia de Minería.

4) Que aquellos puntos en los cuales haya acuerdo (por ejemplo, el levantamiento de sanciones y denuncias penales), se firmen por ambas partes y se den por resueltos.

5) Que en aquellos puntos donde después de dos días de discusión no haya acuerdo (por ejemplo, el formato y la organización del congreso), cada parte formule su redacción final de dicho punto para someter ambas propuestas al voto de la comunidad por una o por la otra.

6) Que se convoque a un plebiscito inmediatamente posterior a este diálogo, en el cual los universitarios (académicos, estudiantes, trabajadores) puedan emitir su voto sobre cada uno de los puntos en discordia, sea por la formulación del rector, sea por la del CGH. Este plebiscito debe hacerse con el padrón universitario, bajo el control de representantes de ambas partes y con la verificación de una representación externa aceptada y reconocida por todos.

Este acuerdo supone, que a partir del momento en que se conozcan las cuestiones a votar en el plebiscito, toda la comunidad esté en condiciones de reunirse por escuelas, por grupos o como mejor le convenga para debatir, razonar y convencerse unos a otros sobre las bondades de cada propuesta en cada uno de los puntos en discusión.

Por otro lado, el recurso final del plebiscito obligaría a cada parte a calibrar lo mejor posible la formulación definitiva de su propuesta en cada punto para así obtener el voto de los universitarios.

Ninguna de las partes puede negarse a la reanudación del diálogo al cual se han comprometido. Tampoco puede oponerse a que las diferencias que subsistan, grandes o pequeñas, sean resueltas por el voto de la comunidad universitaria. Rectoría, en particular, no puede mostrarse renuente a la realización de un plebiscito en el cual sea la comunidad universitaria quien resuelva con su voto los diferendos, puesto que el recurso al plebiscito como instrumento de decisión de los universitarios acaba de ser legitimado por la reciente iniciativa del propio rector.

Por el diálogo y el plebiscito, los universitarios podremos decidir sobre nuestra Universidad, restablecer la normalidad de nuestras tareas y cerrar el paso a toda violencia interna o externa.