Roberto Rodríguez Gómez

Como parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo una auditoría de desempeño sobre el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Posteriormente la ASF comunicó al Congreso una opinión francamente negativa sobre el funcionamiento del sistema.

Al darse a conocer el reporte (puede ser consultado en la página web de la ASF), varios medios difundieron la opinión del órgano fiscalizador, dando lugar a justificadas expresiones de inquitud en la comunidad académica. No es para menos si se considera que las recomendaciones de la ASF pueden generar modificaciones en las prácticas y criterios que rigen este sistema o dar pie a iniciativas de reforma en el ámbito legislativo federal.

El juicio de los auditores resulta contundente: “la Auditoría Superior de la Federación considera que en 2009 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no cumplió con el objetivo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de: promover y fortalecer, mediante la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país, así como contribuir a la consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar social”.

¿En qué se basa tan grave conclusión? En una revisión superficial, escasamente informada y por lo visto apresurada acerca de los antecedentes, el marco normativo, el gasto y los procedimientos de evaluación y comunicación de resultados del sistema. La descripción de antecedentes, para comenzar, adolece de ignorancia histórica. Errores elementales en varios párrafos de la sección correspondiente.

Baste un ejemplo. Señala el reporte: “en el marco de la entrega de los premios anuales de la Academia de la Investigación Científica (AIC), el Ejecutivo Federal invitó a los investigadores a presentar un proyecto que estableciera mecanismos para impulsar la profesión del investigador, y propiciar la mayor eficacia y la más alta calidad de sus investigaciones, e incluyera esquemas de evaluación de sus miembros. El resultado de esta convocatoria fue la elaboración del Programa de Educación 1984-1988 alineado al Plan Nacional de Desarrollo de ese sexenio”. Pues no, el resultado de la convocatoria no fue la elaboración del programa sectorial, por cierto denominado Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, no Programa de Educación, sino la elaboración de bases para la operación del programa, las que darían pie al acuerdo presidencial de creación del SNI publicado en el DOF el 26 de julio de 1984. Como ésta, otras imprecisiones que simplemente hacen notar la escasa familiaridad de los evaluadores con la materia examinada.

Sobre el SNI se han publicado libros, memorias, artículos, capítulos, tesis y monografías que hubieran permitido a los evaluadores plantear una sección de los antecedentes y trayectoria como dios manda. Omitir todas esas referencias, incluso las evaluaciones del Conacyt sobre el sistema, es una evidente falta de seriedad, a menos que se piense que la sección contextual es un mero pretexto de entrada al tema, o un simple adorno documental.

Entre las observaciones “de fondo” en que insiste la Auditoría para comentar el desempeño del SNI destacan aquellas que, a juicio de lo evaluadores, sustentan su opinión en el sentido del inclumplimiento de objetivos apuntado. La primera es que, desde su particular lectura, el sistema se habría propuesto como objetivo “incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar social.” Como el Conacyt no ha desarrollado “indicadores estratégicos” para medir el incremento de esos factores, los auditores presuponen que el sistema no ha alcanzado tales propósitos.

Tal conclusión es una interpretación sesgada de la letra del reglamente vigente del SNI. La norma señala como “objeto” del sistema el de “promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país (artículo 3), y después de punto y seguido el artículo agrega que el sistema “contribuye” a la formación y consolidación de investigadores como un elemento para incrementar cultura, productividad, competitividad y bienestar social. No dice la norma que el sistema “contribuirá”, lo que sería un objetivo, sino que de hecho contribuye, lo que es más bien una misión.

Otro elemento valorado negativamente por la ASF es la presunta incapacidad del sistema para consolidar a los investigadores. Esta opinión se base en un indicador muy mal construido y peor interpretado. Señala el reporte: “en 2009, de los 15,565 investigadores vigentes, el 83.1%, (12,934) correspondieron a investigadores que ingresaron por primera vez al SNI durante el periodo 1984-2008; y el 16.9% (2,631) fueron investigadores que siguieron la trayectoria desde que comenzó el programa.” Aparte del galimatías en que incurre la descripción del indicador y los datos, lo que se busca valorar (la permanencia y trayectoria de los académicos en el sistema) no aparece por ningún lado. Por tanto, la conclusión es totalmente errónea.

¿Qué decir sobre el señalamiento según el cual en las entidades federativas más pobres hay la menor concentración relativa de académicos miembros del sistema? ¿Qué decir sobre la comparación internacional entre investigadores sobre población económicamente activa? Los resultados son obvios, no dicen nada realmente importante, pero también “sustentan” la valoración negativa de la ASF sobre el SNI.

En fin, una auditoría de desempeño muy mal hecha. Que no soporta ninguna prueba de consistencia conceptual, metodológica o técnica. Pero peligrosa. Debería el Conacyt salirle al paso con firmeza. Cosas importantes dependen de ello.