Roberto Rodríguez Gómez

Los últimos gobiernos del régimen anterior desmantelaron el marco institucional que con ahínco crearon los mexicanos durante décadas. Hoy estamos ante la perspectiva de volver a construir institucionales que nos den viabilidad como nación y como pueblo. En este contexto las universidades públicas, que dependen del subsidio federal y estatal, no pueden seguir debilitándose porque se pone en riesgo el proyecto nacional, lo que supone en definitiva dejar en la exclusión a millones de seres humanos y hacer fracasar el modelo de desarrollo que se sigue, una de cuyas partes centrales es la competitividad.

En el corto plazo, de aquí al año 2006, las universidades públicas tendrán como fuente principal de financiamiento al gobierno y requerirán recursos económicos oportunos y suficientes para cumplir su misión, tareas y funciones sociales. No pueden ser tratadas como parte de una disputa por arrancar un pedazo más del presupuesto que les permita sobrevivir en una coyuntura recesiva. Para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo, solucionar y paliar las grandes disparidades sociales, impulsar el cambio de la sociedad mexicana y mantener elevada la moral y la cohesión, las universidades públicas juegan un papel estratégico. ¿Por qué?

México se involucra cada vez más en un entorno internacional que se caracteriza por un comercio donde el valor agregado de los productos tiene una base predominantemente científica. Quiere decir que provienen de actividades innovadoras que se fincan en el acceso y manejo de información y que necesitan gastos elevados en investigación y desarrollo. Las universidades públicas hacen el grueso de la investigación en el país y cuentan con dos tercios de los científicos acreditados. Si el conocimiento, que cambia y se expande a una velocidad inimaginable, es ahora uno de los principales insumos del proceso productivo y elemento de trabajo de la academia, bien se haría en apoyar económicamente a esta última para que en alianza con el gobierno y la empresa traduzca sus resultados en beneficio de la colectividad.

Rentabilidad

El gasto público en educación superior e investigación científica es una inversión rentable. Como lo ha demostrado la mayor parte de la investigación económica contemporánea, incluso, la de base neoclásica, la inversión en capital humano, así como la inversión en actividades de investigación y desarrollo juegan un papel fundamental y persistente en las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo (véase una síntesis de la evidencia empírica en A. Bassaniani, S. Scarpetta y Ph. Hemmings, Economic growth: the role of policies and institutions (OCDE,2001). En particular, el gasto en educación superior e investigación científica contribuye definitivamente a mejorar las posibilidades de empleo y de crecimiento económico nacional (véase una revisión de la literatura internacional en N. Gemell, Externalities to higher education: a review of the new growth literatura (Dearing Report, UK, 1997).

Además, la constitución reconoce y consagra el derecho de los individuos a recibir educación, sin distinciones de ninguna especie. Para tutelar este derecho en el ámbito de la educación superior, la norma fundamental asigna al Estado obligaciones de “promoción”, “atención” y “apoyo” al sistema de educación superior, investigación científica y difusión cultural.

Compromiso social y vocación por el cambio

Por otra parte, el país todavía vive lo que se ha denominado el bono demográfico: el crecimiento de la población en edades jóvenes. La presión de la demanda educativa por estudios universitarios será elevada hasta fines del sexenio cuando el grupo de 20 a 24 años comenzará a descender en términos absolutos. De ahí que el gobierno actual se haya propuesto como política elevar la matrícula hasta alcanzar los tres millones de estudiantes. La insuficiencia de recursos no puede enajenar el futuro de las nuevas generaciones, condenándolas a quedarse sin posibilidades de estudio en las instituciones públicas (que para la mayoría de los jóvenes son la única oportunidad viable de formación profesional) ni darles una educación deficiente con un menor costo por alumno del que ya se tiene.

Tampoco se puede alimentar la desconfianza de los jóvenes en las instituciones si asisten a planteles escolares de mala calidad que no les permiten satisfacer sus inquietudes. El país necesita personas que tengan y estimulen confianza, muy bien preparadas para enfrenar los retos de la globalización y para hacer que la planta productiva que atiende al mercado interno se vuelva más eficiente. El compromiso social de las universidades públicas tiene presente estos dos ejes a diferencia de otras instituciones educativas. Es importante entender que para el futuro, contar con una mano de obra abundante, de baja escolaridad y barata ya no será una ventaja comparativa para México sino al contrario. La apuesta es crear “capital social” y, por ello, la educación superior pública tiene la necesidad de establecer parámetros financieros que brinden la certidumbre de hacer las cosas bien.

Referente cultural del país

Las universidades públicas han sido el referente de la cultura nacional. La transmiten y la agregan como conocimiento y experiencia a sus estudiantes. Esta tarea imbuye valores de solidaridad, compromiso con la transformación de la realidad, tolerancia, respeto, una ética laboral y responsabilidad para la participan ciudadana. Reforzar lo civilizatorio como parte de una nueva institucionalidad es crucial, porque estos valores son centrales para sustentar los cambios estructurales y consolidar un régimen democrático en el país. No hay transformación productiva sin una educación que provea cultura. No hay competitividad si las generaciones que egresan de las universidades carecen de una visión, como la que otorgan las humanidades, para mirar y entender lo que ocurre más allá de nuestra fronteras.

Las universidades públicas han satisfecho con creces sus obligaciones, se han esforzado por cumplir con los programas gubernamentales, incluso, las más débiles que están en entidades pobres, han buscado adaptarse a los nuevos tiempos en condiciones poco propicias. Merecen consideraciones y recursos financieros. Los jóvenes mexicanos son un presente vivo y real, un sujeto social que no puede ceder su responsabilidad para que sean otros quienes cambien y conduzcan el país. Si más de dos terceras partes de los que estudian el nivel superior lo hacen en instituciones públicas para prepararse a futuro, entonces es inaceptable que se le reduzcan o se les entreguen presupuestos limitados. Un mal financiamiento a la educación superior va en contra de los intereses básicos de la nación. En tales circunstancias, el juicio político al Estado no hará esperar.

Nota: Escrito en coautoría con Humberto Muñoz García