Roberto Rodríguez Gómez

Desde que lo conozco, hace ya algunos ayeres, Manuel Gil Antón trae consigo la siguiente idea: “la escala de observación hace al fenómeno”. Para él ese principio metodológico es casi un emblema, pero sabe de lo que habla, entre otras cosas porque es filósofo doctorado en epistemología. Por mi parte, y sólo para embromarlo, siempre que puedo lo acuso de relativista cognitivo, o sea de posmoderno.

Pero en mi fuero interno sé que no le falta razón, sobre todo cuando recomienda variar el ángulo de análisis para enriquecer la pauta de observación de los fenómenos y procesos sociales. Modificar el punto de perspectiva, variar las escalas de observación, así como experimentar con diversos cortes en la concentración de resultados puede servir, de hecho es muy útil, para renovar las vías de interpretación y de debate sobre procesos de esa naturaleza, por ejemplo los que conciernen al gran tema eduativo.

En el análisis de la cobertura de la educación superior que, como se sabe, es fundamentalmente un tema relativo a la oferta y demanda de servicios de ese tipo educativo escolar, generalmente se toman en cuenta dos escalas de medición: la que corresponde al nivel nacional y la que se refiere al nivel de las entidades federativas. Hoy se afirma, por ejemplo, que en el país se ha alcanzado una tasa bruta de cobertura equivalente a un tercio de la población entre 19 y 23 años. Aunque se discute la precisión del dato, en particular las razones para agregar en el mismo a la matrícula no escolarizada o a la matrícula de posgrado, se coincide en que décimas más o décimas menos por ahí anda la cosa.

En los estados las tasas brutas de educación superior son muy variables. La distribución corre del punto máximo establecido para el Distrito Federal —más de 60 por ciento de cobertura a 2010—, a los últimos lugares que disputan las entidades de Guerrero y Quintana Roo que no han alcanzado siquiera el umbral de 20 por ciento.

Ahora bien, al tomar en cuenta la distribución de cobertura de las principales áreas urbanas del país, es decir las zonas metropolitanas según las define el Consejo Nacional de Población (C onapo), así como los municipios urbanos de mayor población, los resultados son muy diferentes y en cierto sentido sorprendentes. En la tabla anexa (ojo: las tasas están calculadas con base en la matrícula 2008-2009 y el Censo 2010, no son exactas) se advierte, por ejemplo, que los primeros lugares en cobertura los obtienen los conglomerados de Pachuca (76 por ciento), Morelia (72 por ciento) y Oaxaca (70 por ciento). Se observa, asimismo, que en el rango entre cuarenta y sesenta por ciento de cobertura hay conglomerados tan diversos como Tuxtla Gutiérrez, Xalapa, Hermosillo, Villahermosa, Tampico, Chihuahua y Culiacán.

Mención especial ameritan las principales zonas metropolitanas del país. El área conurbada del Valle de México (el DF y municipios adyacentes del Estado de México e Hidalgo) alcanza apenas 36 por ciento de cobertura; la zona metropolitana de Guadalajara, 34 por ciento; la de Monterrey ronda 40 por ciento, y la del eje Puebla-Tlaxcala supera por poco 50 por ciento de cobertura.

Sobresale también el caso de zonas metropolitanas o muncipios urbanos con coberturas altamente deficitarias: Cancún con menos de 15 por ciento, Tijuana con 21.5 por ciento, así como Acapulco, Poza Rica, León y Reynosa, en torno de 25 por ciento.

Los datos que aquí se presentan son apenas una medida de la complejidad del fenómeno. Vale la pena explorarlos con más detenimiento.