Roberto Rodríguez Gómez

De los conflictos universitarios se sabe cuando comienzan, pero no es tan fácil anticipar su duración ni sus implicaciones. En estos días la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) enfrenta una coyuntura de alto riesgo provocada fundamentalmente por dos factores. El primero, que desencadenó originalmente el escenario de crisis, se deriva del rechazo de las comunidades universitarias a la iniciativa y dictamen de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para modificar la Ley de la UACM. El segundo factor se relaciona con la postura pública asumida por la rectoría de la universidad en el sentido de cuestionar abiertamente las condiciones y el desempeño académico de la institución, al parecer como un argumento para urgir su inmediata reforma.

La reforma propuesta por los legisladores consiste en la modificación del artículo vigésimo de la norma para incorporar a éste las atribuciones del rector de la universidad. Tales atribuciones están contempladas en el Estatuto Orgánico de la UACM, pero no en la Ley. Quizá el procedimiento legislativo no hubiera pasado a mayores si el proyecto correspondiente se hubiera limitado a transcribir en la ley la letra del estatuto. Pero la iniciativa buscó añadir dos nuevos elementos: la posibilidad de que el rector en funciones pudiera optar por un segundo periodo al frente de la institución y la prerrogativa de “elegir al personal de confianza que estime pertinente, con el objeto de fortalecer la autonomía institucional” (versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Educación de la ALDF, 25/03/2011).

Las autoridades universitarias no tardaron en expresar su inconformidad contra la iniciativa, al considerarla un ataque a la autonomía de la casa de estudios. Así, el 1 de abril, ”el Consejo Universitario y la Rectoría, haciendo suyas las demandas expuestas por nuestra comunidad universitaria el 29 de marzo, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, rechaza de manera contundente la intromisión de la Comisión de Educación de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura. Dicho dictamen ha lesionado la autonomía de la Universidad y, con ello, a la comunidad y a sus órganos de representación y gobierno”.

Aunque la defensa de la autonomía la encabezaron nominalmente la autoridad colegida (el Consejo Universitario) y la autoridad unipersonal (la rectora de la UACM) y se contó con el pleno respaldo de las comunidades, una sombra de duda campeaba en el ambiente: ¿las reformas diseñadas fueron solicitadas por la propia Rectoría, por alguna fracción del tablero político universitario o simplemente surgieron motu proprio de la mente de los legisladores?

El deslinde de la Rectoría sobre este último ángulo vio la luz mediante inserciones en dos diarios del Distrito Federal (La Jornada y Reforma) los días 4 y 5 de abril. El pronunciamiento de la rectora, dirigido “a las y los universitarios, a la ALDF, a la opinión pública”, amén de manifestar su convicción sobre los valores académicos de la autonomía universitaria, expresa una opinión desfavorable sobre el desempeño de la UACM: “la UACM no ha cumplido, pero parte de la responsabilidad corresponde a los diputados y diputadas de las Legislaturas de los últimos 10 años, al no tomar las medidas necesarias para evitar llegar a este estado deplorable”. ¿Tomar medidas sin vulnerar la autonomía?

En los días siguientes, es decir la semana pasada, la posición de la rectora como “crítica” de la UACM amplió sus alcances y su visibilidad pública. En varios medios destaca la entrevista concedida a Denisse Maerker, el 8 de abril, por la doctora Esther Orozco, así como la publicación en su sitio web (http://www.estherorozco.net/) de datos e indicadores que buscaban mostrar las debilidades académicas de la institución.

Ese movimiento si bien dio lugar a algunas manifestaciones de solidaridad con la rectora, también suscitó expresiones de extrañeza y descontento con la postura asumida. Para los defensores de la Rectoría, la divulgación de datos como los presentados mostraban fundamentalmente espíritu autocrítico. A esta posición llegó a sumarse incluso el jefe de gobierno de la Ciudad. Pero en el frente interno, esto es dentro de la UACM, no se comparte esa perspectiva y el desgaste de legitimidad salta a la vista.

El 11 de abril el Consejo Universitario se pronunció por “rechazar contundentemente los comunicados emitidos por la rectora”. El órgano colegiado, asimismo, “ordena a la Rectoría a presentar la propuesta del Plan Integral de Desarrollo, en un plazo no mayor a cuatro semanas”, y conmina a la comisión del Congreso General Universitario a acelerar el trabajo para que se cuente con un plan y agenda a más tardar en el mes de mayo.

Al cabo, la rectora ha quedado en una posición definitivamente incómoda para establecer un liderazgo en el proceso de institucionalización y reforma académica que busca explorar la universidad por medio de un congreso general. Sin duda, cuenta con el respaldo del gobierno de la Ciudad, pero ello puede ser más una expresión de debilidad que de fortaleza política. Al día de hoy, el futuro de la UACM parece descansar en el talento que despliegue su órgano colegiado para salir de la crisis antes que en audaces maniobras o que en el tejido de alianzas de coyuntura.

Ni el gobierno ni la Asamblea pueden permitirse el lujo de sacrificar la UACM en aras de lograr cualquier ventaja política. No hay que ser adivino para advertir que la sola opción de un conflicto universitario en el contexto preelectoral que se avecina urge a tomar las cosas con más calma. Bien harían el gobierno y la ALDF en apoyar la salida racional propuesta por la autoridad colegiada de la universidad. Cualquier otra respuesta es una aventura.