Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada continuamos discutiendo la ausencia de una ley general de educación superior en México, referimos entonces algunos ejemplos del campo internacional. En esta última entrega abordaremos algunos aspectos, de orden político, que juegan como factores en la decisión de diseñar una regulación única. Para ello, consideramos las posturas de los actores con mayor peso en el escenario.

Varias veces la ANUIES ha hecho ver la necesidad de ajustar las normas que regulan la educación superior. Su más reciente formulación aparece en el documento La educación superior en el siglo XXI (ANUIES, 2000), que inspiró el actual Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES). En ese documento se establece el propósito de contar en 2002 con “un nuevo marco legislativo federal para la educación superior” (pág. 206). Desde la perspectiva de la asociación, la meta se lograría a base de reformar la normativa vigente, en particular la ley de coordinación de 1978, la legislación en materia de profesiones, la legislación laboral aplicable a las universidades públicas autónomas, y las fracciones del texto constitucional correspondientes. El mismo texto propone que las reformas de nivel federal sean asimiladas en las legislaciones estatales de la materia (pág. 207). Esa es la postura de ANUIES.

La de SEP aparece en el PRONAES, como parte del Plan Nacional de Educación. Ligadas al objetivo de “promover la formulación de nuevos marcos normativos de la educación superior”, se declaran como líneas de acción: promover la elaboración de iniciativas de ley, sistematizar las aportaciones de la ANUIES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y otros organismos, y trabajar en coordinación con las comisiones del Poder Legislativo. A diferencia de otros objetivos estratégicos del programa, no se establecen metas; tampoco es explícita la intención de llegar a una norma general.

Del lado del poder legislativo, la actual Comisión de Educación y Cultura del Senado se interesó sobremanera en el tema, comprometiéndose a generar una iniciativa casi de inmediato. Desde la sesión de instalación, el presidente de la comisión, José Natividad González Parás (PRI), enfatizó la “necesidad de que la actual legislatura impulse iniciativas como las relacionadas con la Ley de Educación Superior; la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior y la relativa a la autonomía del IPN” (7 de febrero, 2001). En la primera sesión ordinaria (6 de junio, 2001) se acordó que de las cinco prioridades del período, la reforma legislativa de la educación superior ocupara el segundo lugar. Luego, en la ordinaria del 23 de octubre, se convino cambiar el orden de prioridades, y la iniciativa de “Ley General de Educación Superior” se ubicó en el primer puesto de la agenda. Días después, en la comparecencia del secretario de Educación Pública ante la comisión, con motivo de la presentación del Programa Nacional de Educación (30 de octubre, 2001), González Parás, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, insistió en el punto señalando: “en materia de educación superior nosotros estimamos que urge ya un nuevo marco legal y que este marco legal debiera de estar listo el próximo año”. Además, a lo largo de 2001, la comisión del Senado se entrevistó con varios representantes del sector, principalmente rectores de universidades públicas y particulares, y funcionarios de la SEP.

Pese a la clara postura de la comisión senatorial, lo cierto es que después de octubre de 2001 la prioridad concedida a la reforma normativa sencillamente se esfumó. Su lugar lo ocuparían otras iniciativas con mayor rendimiento político, como la insólita norma de hacer obligatorios tres años de preescolar y la reforma a la Ley General de Educación, que obliga al Estado a destinar gasto público educativo por el equivalente a ocho por ciento del PIB. Otros temas y asuntos fueron revisados por la comisión en el lapso 2001-2003, algunos relevantes como la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, otros de legislación secundaria. Además, recibió y procesó en primera instancia una iniciativa del PAN para reformar la ley de profesiones y, más recientemente, dio cabida y aprobó como punto de acuerdo una iniciativa del PRD para crear un Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública (22 de enero, 2003), la cual, sin ánimo de restarle importancia, no deja de ser un remiendo más en el abigarrado tejido de normas, decretos, acuerdos y circulares que llenan el vacío de la ley general.

¿Qué hizo que el Senado de la República quitara el dedo del renglón? No es fácil saberlo, porque los intereses y fuerzas en juego son múltiples y diversos. Para comenzar, la actual estructura de la SEP, que distribuye la educación superior en tres subsecretarías, tendría que ser modificada para dejar lugar a un esquema de coordinación coherente. Del lado de las universidades autónomas, puede verse con algún recelo la idea de una mayor regulación, y otro tanto ocurriría en la zona de las universidades particulares, que se han visto beneficiadas por la ausencia de controles académicos rigurosos. No es menor el interés del SNTE de mantener control sobre las normales, ni desdeñable la posibilidad de que la SESIC perciba la reforma normativa como una distracción a su labor de gestión del sistema de universidades públicas con base en programas y fondos.

Hay varios escenarios previsibles para los próximos tres años. El peor, aunque no tan improbable, es que la ley que falta siga durmiendo el sueño de los justos. Por último, será interesante observar lo que ocurra en Nuevo León, cuyo gobernador electo tal vez se anime a promover una ley de educación superior en su estado, lo que tendría efectos políticos relevantes en el balance de “frenos y cambios”.