Roberto Rodríguez Gómez

El reclamo de estudiantes universitarios al presidente Fox por la falta de oportunidades de trabajo al egresar, y la muy lamentable muerte de dos jóvenes, Karina Gaytán y Elizabeth Delgado, a causa de sus resultados en exámenes de admisión para el bachillerato de la UNAM y la Normal Superior, respectivamente, han ocupado atención en los medios y dado lugar a un incipiente debate sobre algunos aspectos de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior.

Sobre el primero de estos temas, del que nos ocuparemos en esta entrega, la respuesta gubernamental ha insistido en que el problema de la empleabilidad de profesionales existe y por tanto los jóvenes debieran buscar opciones de autoempleo para enfrentar la situación. Además, se sugiere que algunas formaciones tecnológicas, como las carreras de técnico superior universitario, ofrecen mejores posibilidades de empleo formal. Ambos argumentos parecen, sin embargo, frágiles e incompletos al omitir la consideración de las debilidades estructurales y del ciclo económico por el que atraviesa el país.

Las amplitud y funcionamiento de un mercado de servicios profesionales de libre contratación depende, principalmente, del poder adquisitivo de la población para pagarlos, así como de un balance de precios que hace atractivo el servicio independiente en comparación con el que ofrecen otros proveedores. Para existir y sobrevivir, el profesional independiente requiere de recursos, financieros y de relaciones, que faciliten su instalación y lanzamiento. No es cuestión de creatividad y espíritu de empresa, es principalmente un problema de acceso a recursos y a mercados. Ambas condiciones cuentan, en la actualidad de México, con un margen muy reducido: por un lado, el crédito bancario para estos efectos es inexistente y el financiamiento público mediante el programa de “microchangarros” dista de ser una posibilidad real para los profesionistas independientes. Por su parte, las posibilidades de la sociedad, tanto personas como empresas, para solventar gastos en servicios profesionales también son muy limitadas y no mejoran bajo las condiciones de estancamiento prevalecientes. Tales condiciones se agravan en el escenario de apertura comercial a los servicios (vía el GATS de la OMC) que es parte de la actual agenda gubernamental. ¿Se cree entonces que la facilitación de acceso a proveedores extranjeros de servicios ayudará al “autoempleo” de profesionales mexicanos?

Otra posibilidad consiste, en teoría, en actuación del Estado como contratista de servicios, es decir en su operación como mercado. En efecto, el Estado es una fuente permanente, más o menos dinámica, de empleo. Cabe aquí preguntarse si el actual gobierno ha realizado alguna acción que favorezca la contratación de recién egresados, o de sus servicios independientes, sobre todo de los que provienen de instituciones públicas ¿Cuántas de las nuevas contrataciones del sector público, digamos en cargos de responsabilidad, han empleado a egresados del sistema de Universidades Tecnológicas? ¿Cuántos contratos de obra o servicios profesionales han sido ganados por profesionales autoempleados? Si a ello añadimos la fatídica renuencia del sector público federal para ejercer gasto en infraestructura y su proclividad a desprenderse de los sectores de producción y servicios públicos que sobreviven, la opción de un Estado empleador se percibe más como problema que como respuesta posible.

Si, por otra parte, es evidente la crisis crónica del sector manufacturero como fuente de empleo y como factor para la reactivación económica ¿por qué se insiste en formaciones tecnológicas intermedias? Precisamente la extensión del sector de manufacturas permitió a los “tigres asiáticos”, y ahora a China y a la India, convertir en productivas sus inversiones en educación tecnológica. Sin políticas claras de fomento industrial y mediante pactos también muy claros con el sector manufacturero nacional, la apuesta por un despegue tecnológico basado en educación corre más del lado de los riesgos que en la zona de las oportunidades. Así, la respuesta del presidente Fox a los estudiantes sólo puede leerse como “auto empléate y persígnate”, porque las condiciones para dinamizar o reactivar un mercado de profesionales independientes no están dadas y difícilmente lo estarán en este sexenio.

Además de reflexionar sobre el problema del desempleo de jóvenes profesionales, el presidente Fox aludió, en un par de ocasiones la semana pasada, a la Legislatura entrante para que, en la deliberación del gasto público de 2004, apoyen con énfasis los renglones de gasto educativo. Pronunciamiento insólito si se considera que en todos los ejercicios presupuestarios de este gobierno los diputados tuvieron que corregir al alza la propuesta de Hacienda en educación y reformaron la Ley General de Educación para se alcance un 8 por ciento de PIB en gasto educativo en 2006. Si la iniciativa de gasto educativo anual depende del Ejecutivo en primera instancia, a través de relaciones SEP-Hacienda, ¿porqué no simplemente instruir a los secretarios para que emitan una propuesta congruente con el enfoque presidencial? Una incongruencia de este nivel reitera la brecha entre discurso y práctica, más precisamente entre oferta política y capacidad de gobierno; dilemas que el actual gobierno no ha estado en condiciones de resolver y que apuntan a la urgente necesidad de replantear el modelo de gestión pública ensayado. De ello depende, y no de una retórica de buenas intenciones, la confianza social en las autoridades y las políticas, tema al que volveremos la próxima semana a propósito de los suicidios.