Roberto Rodríguez Gómez

En los últimos años, el campo de la educación superior ha experimentado un variado repertorio de políticas, estrategias y programas diseñados con el propósito de modernizar el sistema, racionalizarlo y propiciar una mejor calidad de formación en la opción pública. Entre las medidas que destacan por su alcance e implicaciones cabe mencionar, en primer lugar, la pauta de diversificación del sistema mediante el impulso a la educación superior tecnológica, materializado en la creación de un número relevante de institutos y universidades tecnológicas y politécnicas. En segundo lugar, la generalización de formas de evaluación que comprenden a las instituciones, los programas y al personal académico. En tercero, la gradual diferenciación del financiamiento en, por un lado, rubros de subsidio directo, de origen federal, estatal y combinado y, por otro, programas para el acceso a fondos no regularizables para equipamiento, becas destinadas a profesores e investigadores de tiempo completo y apoyos para la creación o reforma de programas académicos.

En el ámbito de las universidades, el proceso de cambio no aparece como un sistema sencillo, claro y ordenado. Por el contrario, a lo largo de un período que se extiende sobre los últimos tres sexenios, la concreción de las políticas ha dado lugar a variados programas, instancias y procedimientos cuya racionalidad sólo es posible reconstruir ex post factum, ya que su orientación se ha plasmado en ciclos sucesivos de ensayo y ajuste. Si bien no es difícil localizar y describir las líneas de continuidad en la política universitaria de los últimos gobiernos y el actual, es importante reconocer que la gestión del cambio ha venido modificándose desde un esquema en que los acuerdos entre la ANUIES y la SEP marcaban la pauta, a otro en que la agenda de la SEP parece dominar el escenario.

En el ciclo ANUIES-SEP la asociación de los rectores cumplía funciones de diseño, implantación y supervisión de los programas convenidos y la SEP establecía condiciones para el financiamiento y administración de los recursos. El segundo ciclo, con un mayor protagonismo de la instancia gubernamental en la definición del rumbo de transformación universitaria, si bien mantiene una constante interacción con la agencia que representa a la autoridad universitaria, indudablemente ha restado capacidad de maniobra a ésta última en aspectos cruciales, como por ejemplo para la definición de la reglas mediante las cuales se busca planificar los programas institucionales de mediano plazo. El nuevo esquema tiene quizás la ventaja de concentrar en un sólo ámbito las funciones de planeación general y administración de fondos, y por lo tanto una mayor profundidad en la gestión de incentivos y para la progresiva adecuación del modelo con base en las respuestas y resultados que se alcancen. No obstante, tiende a limitar facultades a un sistema que se define histórica y normativamente como autónomo.

Las tensiones del cambio de enfoque son evidentes. En algunos casos se manifiestan mediante expresiones en favor de la autonomía universitaria de parte de algunos rectores, claramente aquellos que representan a las instituciones con mayor fuerza relativa en el sistema. En otros, en movimientos centrífugos de interlocución entre universidades y gobiernos locales o, por el contrario, en la renovada tendencia a buscar condiciones de trato bilateral entre la institución y las instancias del gobierno federal. En escenarios tales, la ANUIES pierde fuerza como ámbito fuerte que aglutina a la autonomía de las universidades para fines de negociación de las políticas públicas, que en última instancia es su razón de ser.

Por otra parte, la lógica de “competitividad” que se sobrepone al discurso y a las prácticas derivadas de las políticas y programas gubernamentales conlleva otro riesgo importante: la segmentación del sistema público en unidades de calidad diferenciada conforme a estándares y criterios determinados en un ámbito central, lo que tienden a desplazar el lugar que corresponde a los propósitos de calidad y pertinencia emanados de la identidad y misión de cada institución en su entorno, o a los acordados entre instituciones autónomas del Estado. El punto crítico en este aspecto no es, obviamente, si las instituciones debieran renunciar a metas de calidad o relativizarlas, sino en quiénes y cómo definen, en cada caso, cuáles son los estándares que sirven como referencia a dichas metas.

A la postre, es previsible que las instituciones recobren márgenes de autonomía, ya sea porque, en efecto, los programas de fortalecimiento académico en curso alcancen los propósitos de consolidación institucional enunciados, bien porque la propia SEP pierda capacidad de penetración al ver limitados los recursos que le otorga la Federación para sus programas. Ambos escenarios están a la vista, lo que quiere decir que el juego vuelve a quedar, principalmente, del lado de las instituciones y que, en buena medida, la capacidad que en ellas se despliegue para resolver sus problemas y avanzar, así como los esquemas de cooperación interinstitucionales que se alcancen, habrán de determinar el rumbo de la universidad pública del país.

Algunas universidades públicas ya han entendido el espacio de oportunidad que se abre y la importancia que hoy tiene acelerar procesos de cambio desde la autonomía que les concede la ley. Es éste un movimiento al que el Estado debiera prestar pleno respaldo y no inhibir, aunque pueda diferir del modelo de planeación que se está impulsando desde hace algunos años. También es un movimiento del que no deben quedar al margen las principales universidades públicas del país sobre todo las llamadas federales. Es la hora de las instituciones y toca a ellas perfilar, desde su independencia académica, el futuro de la educación universitaria.