Roberto Rodríguez Gómez

En los últimos meses del año pasado, al ser conocida la propuesta de la Secretaría de Hacienda para el presupuesto anual de la Federación de 2004, las universidades públicas del país, representadas por la ANUIES, llevaron a cabo una labor de cabildeo con los legisladores para evitar la reducción presupuestal anunciada en el proyecto del Ejecutivo. En la XXII sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Huatulco, noviembre de 2003) se determinó que una comisión especial de la ANUIES se presentara ante las comisiones unidas presupuesto y cuenta pública, de educación pública y servicios educativos, y de ciencia y tecnología del Congreso, para plantear la necesidad de contar con siete mil millones de pesos adicionales, de los cuales dos mil se destinarían a la distribución de recursos con base en el nuevo modelo de asignación financiera extraordinaria aprobado por el CUPIA en la misma sesión. Así, en efecto, el pasado 9 de diciembre se reunieron rectores y diputados para dialogar sobre la materia. Los legisladores tomaron nota de la solicitud presentada, comprometiéndose a considerar en la discusión del presupuesto federal las necesidades formuladas por las instituciones públicas de educación superior.

Al parecer, la negociación fue efectiva. El presupuesto federal 2004 aprobado por el Congreso, cuyo monto total neto asciende a un billón 650 mil 505 millones 100 mil pesos, observó una ampliación neta en el capítulo de educación pública de casi cuatro mil millones de pesos adicionales a la propuesta original de Hacienda (aproximadamente cinco mil de incremento y uno de reducción), y una cantidad similar fue reasignada entre los rubros que contenía la iniciativa de gasto para educación pública (Diario Oficial, 31 de diciembre 2003). De los cinco mil millones añadidos, casi la mitad corresponden a educación superior: 400 millones adicionales para la UNAM, 200 millones para el IPN, mil millones para las instituciones de educación superior tecnológica, y 815 millones que se destinarán a un nuevo “Fondo de Equidad para las Universidades con Costo por Alumno debajo de la Media Nacional”.

Bajo este último concepto, se aprobaron recursos adicionales para nueve universidades: Oaxaca (160 mdp), Guerrero (100 mdp), Tabasco (100 mdp), Sinaloa (220 mdp), Tlaxcala (23 mdp), Michoacán (72 mdp), Hidalgo (36 mdp), Chiapas (34 mdp), y Estado de México (70 mdp). También se dotaron recursos para los programas de SESIC “sujetos a reglas de operación” (PROMEP, PRONABES, FOMES y FIUPEA), y se consideraron las necesidades de ampliación presupuestaria derivada del incremento salarial del año en curso.

Sin embargo, el presupuesto aprobado no da indicios de la aprobación de recursos para iniciar la operación del nuevo modelo de financiamiento aprobado por ANUIES, como se había solicitado a los legisladores. Tampoco se mencionan cantidades para proseguir con el programa de “saneamiento financiero” de las universidades de los estados, que implica la regularización del régimen de pensiones. Ambos temas serán, con toda seguridad, objeto de debate en la agenda universitaria de 2004. Sin recursos para distribuir, la fórmula de reasignación basada en indicadores de desempeño está condenada a un fin prematuro, a menos que la SESIC reorganice su Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), ésta vez para alinearlo a las reglas del nuevo modelo de financiamiento. Por su parte, el tema de las pensiones se mantiene como un asunto de extraordinaria importancia como para truncar el proceso de su solución.

No deja de ser relevante la opción seguida por los legisladores: privilegiar el aumento de recursos a las instituciones con un enfoque de equidad o compensación en lugar de profundizar la ruta de competitividad que se ha seguido en los últimos tiempos. La posibilidad de señales encontradas y su posible controversia está a la vista y conviene considerarla en sus alcances. Por lo pronto, el panorama de la distribución de los recursos públicos a las IES no hace sino complicarse: el PIFI es un mecanismo de distribución, lo es también la negociación ante el Congreso Federal y los congresos locales, y lo sería el nuevo modelo de financiamiento de ANUIES. Añádase al escenario la obtención de recursos para investigación vía el CONACYT y los mecanismos de financiamiento extraordinario que cada universidad debe operar para subsistir.

En resumen, una vez más, el tema económico parece ocupar la primera posición dentro del panorama que enfrentarán las universidades en el nuevo año. Además de lo apuntado, vale la pena mencionar que la Ley de Egresos recientemente aprobada por el Congreso establece diversas “medidas de austeridad” que incluyen a las IES públicas al igual que al resto de las dependencias de la administración gubernamental. Entre otras limitaciones, destaca la prohibición de dedicar recursos presupuestarios a la “promoción de la imagen institucional” (art. 30), rubro al cual varias universidades públicas han avocado importantes recursos en los últimos años con el propósito de lograr una mejor imagen y proyección social. Habrá que ver si, en efecto, las disposiciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas y austeridad consiguen modificar la cultura burocrática imperante en las universidades públicas del país. Si fuera así, no sería un logro menor.