Roberto Rodríguez Gómez

Un aspecto clave de la reforma universitaria de la década pasada consistió en la asociación de recursos económicos a un grupo de programas concentrados y administrados por la instancia gubernamental. Por ejemplo, el Fondo de Modernización para la Educación Superior, el Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES, el Programa de Mejoramiento del Profesorado y los programas de estímulo a la productividad del personal académico en las instituciones de enseñanza superior. A ese repertorio cabe agregar los programas del Conacyt, en la misma lógica que los primeros.

Hasta el momento, el esquema de financiamiento complementario ha sido negociado y operado entre la SEP y la ANUIES, con anuencia de los rectores. Dicho esquema ha atravesado por varias fases, cada cual con su propio énfasis. No obstante las dificultades prácticas de su implementación, desde la perspectiva del ejecutivo federal la estrategia ha resultado exitosa al haber sentado posibilidades de orientación de un sistema con amplias condiciones de autonomía. En el modelo está presente un enfoque de “rational choice” (cálculo de expectativas racionales) que supone la agregación de decisiones individuales informadas por consideraciones costo-beneficio.

En el marco de las negociaciones con el gobierno, las universidades tienden a actuar como individuos por la singular concentración de facultades depositada en sus rectores, particularmente en materia de definición y negociación del presupuesto anual, aunque las decisiones están de hecho más acotadas y repartidas en los renglones de ejercicio, gestión y operación.

Aunque el sistema de intercambios gobierno-universidad presente en el modelo de incentivos ha mostrado eficacia, carece de elementos que aseguren su permanencia porque no lleva consigo, ni construye, el elemento de lealtad que permitiría su continuidad en el tiempo. Al contrario, depende de una suerte de apuesta creciente: a medida que hay recursos suficientes es previsible que las instituciones cumplan con los requisitos; pero en el momento en que los recursos comienzan a escasear, tiende a ocurrir una toma de distancia en nombre de la autonomía.

Si, como ha pasado recientemente, el poder legislativo resuelve limitar la facultad distributiva del ejecutivo y plantea alternativas (para comenzar, el Fondo de Equidad), está a la vista un efecto “trade-off” en el modelo de intercambio. Así se explica el pronto acercamiento del grupo de rectores beneficiados a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y, viceversa, la molestia de quienes quedaron al margen de los recursos. No obstante, el mayor impacto se dejará sentir cuando la mayor parte de las instituciones universitarias perciba que la negociación con el Congreso es una opción frente a los programas de la SEP.

Este estado de cosas tiene riesgos claros. Por un lado, la desarticulación del modo de financiamiento desarrollado en los últimos años implicaría matizar o aún suspender procesos en marcha, particularmente aquellos que han sido alentados por el enfoque de planeación de la SEP. Por otro, se fragmentaría la estructura de coordinación conseguida en la práctica, la cual supone relaciones sistemáticas entre SEP, ANUIES y las universidades.

El retorno a condiciones de negociación bilaterales o por grupos es un escenario factible pero indeseable. Puede debilitar a las instituciones que no quieran o no puedan pagar la cuota de lealtad implícita y, en general, conlleva una significativa dosis de incertidumbre: la situación obliga a las universidades a calcular constantemente cuál es la mejor opción, así como a buscar condiciones adecuadas para satisfacer expectativas enfrentadas, por ejemplo las de los poderes ejecutivo y legislativo en la coyuntura.

No queda más, al parecer, que buscar una fórmula de “acuerdo en lo fundamental” de parte de los sectores involucrados en la problemática del financiamiento. Un espacio de diálogo lo propuso la comisión legislativa mediante la organización del foro “Problemas Legislativos de la Educación”, en Cuernavaca, Morelos (26 a 28 de febrero), cuyo programa incluyó mesas para examinar la situación de la educación superior, la ciencia y la tecnología en México. Al foro acudieron algunos rectores, algunos funcionarios de la SEP, académicos y diputados. En el debate se afirmaron posiciones y se brindó un ámbito de interlocución, sin pretender llegar a acuerdos puntuales y definitivos.

Al margen de sus resultados, el foro puede entenderse apenas como un round de sombra. Pero es difícil que a través de eventos de tal naturaleza, aunque sean múltiples y sucesivos como lo propone la Comisión, se logre construir la plataforma de acuerdos que se requiere. La ANUIES, en cambio, aparece como la agencia con las mejores condiciones para convocar, reunir e intermediar las partes que participan en el nuevo tablero de negociaciones. En este terreno, como en otros de la vida política nacional, el mejor escenario posible es la concertación.