Roberto Rodríguez Gómez

El 14 de marzo el electorado español se presentó a las urnas para favorecer la opción del Partido Socialista Obrero Español, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero. Mucha tinta ha corrido para interpretar la voltereta electoral, aunque todo apunta a un “voto de castigo” contra el Partido Popular a causa del pésimo desempeño del presidente Aznar luego de la tragedia del 11 de marzo.

En tales circunstancias, resulta de interés conocer y analizar cuál es el proyecto del PSOE en materia de educación superior, y cómo se piensa afrontar la problemática universitaria en los próximos años. Aunque es temprano para identificar las líneas de ejecución concretas, el presidente electo ha expresado su ideario en repetidas ocasiones. Una de las más recientes, en las jornadas “Las universidades en la sociedad del conocimiento: financiación de la enseñanza superior y de la investigación”, organizadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el 14 y 15 de enero de este año en la Casa de las Américas de Madrid.

En aquella oportunidad, Rodríguez Zapatero pasó revista a las características y resultados de la política universitaria de Aznar y afirmó tajante que “estos ocho años han sido, a mi juicio, ocho años perdidos. Un largo periodo de tiempo desaprovechado en el que nos hemos alejado de Europa, también en política universitaria.” En seguida abordó las que serían, en caso de llegar a la presidencia, sus prioridades en materia de política universitaria.

En primer lugar, señaló la urgencia de que “el Gobierno apoye de manera incondicional a la investigación universitaria”. Este sería, en su programa, un “primer gran compromiso”, que se buscaría cumplir mediante el incremento de los fondos públicos de investigación y desarrollo en un 25% anual; aliviar la burocracia y aumentar la transparencia mediante la creación de una Agencia de Financiación de la Investigación; poner en marcha un Programa de Recursos Humanos que incorpore de forma inmediata a los becarios predoctorales de primero y segundo año al Régimen General de la Seguridad Social, y que establezca una relación laboral con los de tercer y cuarto año y con los becarios postdoctorales. Además, se impulsaría la creación de parques científicos y tecnológicos para vincular universidades y empresas, relacionar a las universidades y los organismos públicos de investigación, mejorar los procesos de transferencia tecnológica, y crear en el seno de la universidad empresas de base tecnológica.

El segundo objetivo del programa anticipado por Rodríguez Zapatero es mejorar la equidad de acceso y las posibilidades de movilidad universitaria. Para ello, propone incrementar las becas hasta cubrir al 40% de la población universitaria, establecer un sistema de créditos universitarios que se devuelven al superar un nivel de renta prefijado, ampliar el número y cuantía de las becas en los programas de movilidad SÉNECA y ERASMUS, y restablecer la duración cuatrienal de las becas de tercer ciclo para estudiantes iberoamericanos.

El tercer propósito consiste en la modificación del marco legislativo: suprimir las previsiones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que vulneran la autonomía universitaria, así como las normas que atentan contra el acceso a la educación superior. Propone asimismo la reforma de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y su transformación en una agencia pública con independencia funcional. También apunta a la modificación del sistema de selección del profesorado para convertirlo en una acreditación que garantice calidad sin limitar el derecho de las universidades a seleccionar su cuerpo docente. Además, plantea la simplificación de la carrera académica evitando superposiciones de acreditaciones y evaluaciones. Por último, la reforma buscaría profundizar el papel de la universidad española en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

La cuarta prioridad se refiere al gasto universitario. Rodríguez Zapatero plantea alcanzar, con el concurso de fondos del Estado, las comunidades autónomas y la participación privada, un nivel de 1.5% de PIB, y lograr el promedio europeo de gasto por estudiante. Ambos indicadores a ser cubiertos al final de su periodo.

La intervención del ahora presidente electo del estado español finaliza con estas palabras: “Garantizaremos que la universidad recupere plenamente su autonomía. Aseguraremos que la universidad lidere el desarrollo de la sociedad del conocimiento en España. Y todo ello queremos hacerlo con diálogo y consenso, lejos de decisiones impuestas que poco o nada tienen que ver con los fines esenciales de la universidad. Diálogo y consenso con las propia universidades, con la Conferencia de Rectores y con las Comunidades Autónomas.”

Sin dejar de lado que una cosa son promesas de candidato y otra compromisos de gobierno, conviene resaltar que la visión de Rodríguez Zapatero pondera la importancia de impulsar, desde el Estado, un proyecto universitario sólido. También cabe destacar que el flamante presidente se hace cargo de las críticas que las universidades públicas lanzaron sobre la LOU en el momento de su formulación, y que su idea de potenciar la investigación universitaria, como máxima prioridad en la lista de propósitos, representa una posibilidad de auténtico cambio. Ojalá se logre.