Roberto Rodríguez Gómez

Con justicia se reconoce el carácter precursor de la educación superior chilena en algunas de las principales reformas de organización, financiamiento y gestión luego ensayadas en la mayoría de los países de la región, México incluido. La transformación dio inicio en 1981 con la puesta en vigencia de normas aprobadas por el Ministerio de Educación y se profundizó con la aprobación, en 1990, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Los indicadores generales del sistema educativo superior y del sistema científico chileno dan cuenta de un significativo avance en cobertura (31.5 por ciento), gasto en educación superior como proporción del PIB (1.8 por ciento), proporción de investigadores por cada mil habitantes económicamente activos (1.12 por ciento), inversión científica como porcentaje del PIB (0.8 por ciento). En esos rubros, los indicadores chilenos ocupan los primeros lugares de América Latina.

No obstante, también hay a la vista síntomas de agotamiento del modelo, por ejemplo en el financiamiento educativo y sobre los mecanismos de aseguramiento de calidad. Ambos temas son objeto de debate en el ámbito del Congreso. Con respecto al tema financiero, el 27 de diciembre del año pasado se aprobó la Ley de Reprogramación de Dudas de Crédito Universitario y está en trámite una ley de ayuda estudiantil para estudios superiores. Sobre calidad académica, los diputados aprobaron, también en diciembre de 2003, un proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, actualmente en discusión en el Senado.

El tema del financiamiento es complejo. Para comenzar, baste decir que apenas el 30.8 por ciento del gasto proviene del subsidio gubernamental directo. Esa proporción hace de Chile uno de los países con mayor aporte privado en el mundo. Además, a diferencia de la regla general, se distingue entre instituciones estatales, particulares de carácter público y privadas, las dos primeras integran el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas y tienen derecho a participar de recursos fiscales.

Según datos publicados por Héctor Guillermo Gaetes en “Chile. Los recursos del país al sistema de educación superior y su distribución regional”, la mayor proporción del gasto público (54.3 por ciento) se distribuye como Aporte Fiscal Directo (AFD) mediante porcentajes establecidos por ley para las instituciones del Consejo de Rectores. El resto (45.7 por ciento) es dotado con base en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). La proporción del AFI se distribuye mediante distintas fórmulas y programas. Los 27,500 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) obtienen vouchers que trasladan a las instituciones de destino, otra proporción del rubro se somete a concurso mediante el Fondo de Desarrollo Institucional y el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes. Además se distribuyen fondos mediante programas de becas y crédito educativo (fondos de crédito solidario). También a través del AFI se entregan recursos extraordinarios a la Universidad de Chile.

Con el tiempo, esta forma de distribución ha implicado efectos negativos tanto para las instituciones públicas, en particular las del interior del país, como para los estudiantes de escasos recursos. Por un lado, la concentración del subsidio en las universidades metropolitanas es altamente desproporcionado, y tiende a profundizarse en virtud de estar en mejores condiciones para atraer estudiantes y competir en los fondos de proyectos. Por otro, los estudiantes más pobres cuentan con escasas posibilidades de acceso a financiamientos por la vía de sus calificaciones en la PAA, o para obtener créditos y pagarlos.

En los últimos años, el esquema entró en crisis por la demanda no satisfecha, por síntomas de deterioro en varias universidades públicas, y en virtud del escalamiento de la “cartera vencida” de créditos no pagados. Se estima que del total de créditos concedidos en los años noventa, ni siquiera la mitad han podido ser liquidados. Aparte, con la reciente sustitución de la Prueba de Aptitud Académica por la nueva Prueba de Selección Universitaria, se requiere una modificación legal para la regulación de los vouchers.

La discusión está abierta. Las medidas adoptadas hasta el momento, principalmente la reprogramación del pago de los créditos, no parecen suficientes para resolver el problema de fondo ¿cómo asegurar que las instituciones públicas reciben fondos suficientes para operar? y ¿cómo asegurar que los estudiantes de escasos recursos cuentan con condiciones mínimas de equidad para solventar el costo de la educación superior?

En cuanto al sistema de aseguramiento de calidad, la ley que se discute posee algunos rasgos de particular interés. Por un lado se sistematiza el proceso de acreditación de programas mediante agencias no gubernamentales supervisadas por el Estado. Por otro, se introduce la idea de la acreditación institucional basada en un proceso autorregulatorio. Otros elementos interesantes, aunque desde luego discutibles, son la propuesta de publicar los resultados de la acreditación para favorecer la elección de estudios así como establecer la acreditación como requisito de la obtención de fondos públicos (Alicia Leyva, “Financiamiento y calidad de la Educación Superior”, Revista Foro, marzo 2004).

Aparte de los temas sustantivos, no deja de llamar la atención, visto desde México, el papel que asume el Congreso en la discusión de los temas que conciernen a la educación superior.