Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada comentamos los resultados alcanzados hasta el momento en torno al objetivo de “cobertura con equidad” planteado en el Plan Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), en el capítulo de educación superior. Toca el turno a los otros dos objetivos estratégicos del programa, “educación superior de buena calidad” e “integración, coordinación y gestión del sistema”.

Por su propia naturaleza, el propósito de contribuir a mejorar la calidad educativa de la educación superior pública y privada que se imparte en el país, constituye el objetivo más complejo del programa, al mismo están vinculados tres objetivos particulares (OP). El primero se enuncia como la intención de “Fortalecer a las instituciones públicas de educación superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas del desarrollo nacional” (OP-1), y ha sido desarrollado en los últimos años mediante el diseño y la implementación de los denominados Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de los que nos ocuparemos más adelante. El segundo consiste en “Fomentar que las instituciones de educación superior apliquen enfoques educativos flexibles centrados en el aprendizaje” (OP-2), y el tercero en “Fomentar la mejora y el aseguramiento de la calidad de los programas que ofrecen las instituciones públicas y particulares” (OP-3).

De los tres OP, la inducción a la planeación estratégica en las universidades públicas mediante los PIFI es el que, sin duda, ha alcanzado un mayor nivel de profundidad e impacto. Aunque, según se escucha en varios ambientes universitarios, también ha implicado un alto grado de stress institucional, así como repetidos pronunciamientos contra la injerencia de la SEP en materia académica, y contra el modelo centralista adoptado para coordinar el programa y para distribuir los recursos asociados al mismo.

Hasta el momento, todas las universidades públicas del país, excepto la UNAM, han ido cumpliendo con la tarea de diseñar programas de fortalecimiento bajo el esquema sugerido por SESIC. La primera etapa cubrió el ejercicio de planeación general de cada institución, mientras que el PIFI 3.0 busca la integración de programas “a nivel dependencia de educación superior” (DES) -entendiendo por tales las unidades académicas de cada universidad-, así como los programas fortalecimiento de los cuerpos académicos (CA) de las DES. El PIFI en ejecución consiste en la elaboración y. puesta en práctica de un modelo de planeación multinivel.

Como los recursos “no regularizables” que reciben las universidades públicas a través de los fondos PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) y FOMES (Fondo de Modernización de la Educación Superior) están vinculados a los rubros del PIFI, las instituciones realmente no tienen margen de elección. Para algunos rectores, según se afirma, el programa ha brindado la ocasión de desencadenar dinámicas de reforma que, de otro modo, hubieran tenido que esperar tiempos y condiciones internas favorables.

De cualquier modo, es evidente que la continuidad del proyecto está sujeta a dos condiciones básicas. La primera es que el presupuesto que la Federación otorga a SEP-SESIC para distribuir a través de programas centralizados se mantenga e incremente. Sin recursos suficientes para repartir a las instituciones, parece difícil que la instancia estatal consiga mantener una política académica “a control remoto” con la sola fuerza del convencimiento. La segunda condición radica en la capacidad del gobierno para estabilizar una política de tal naturaleza, porque en el punto que se detenga la presión, o disminuyan los incentivos, inevitablemente cesará la respuesta.

Por otra parte, está a la vista la tentación de convertir la mecánica del PIFI en “política de Estado” mediante su inclusión en una posible ley de educación superior. Al menos así está previsto en el proyecto presentado por la diputada Camarena Gómez del PAN al Congreso el pasado 27 de abril, en el cual el artículos 61 fija requisitos de planeación y evaluación a cumplir por las universidades con indiferencia de su régimen legal. Seguramente en los próximos meses éste, junto al tema financiero, será un debates de intensidad en el campo de la educación superior, y su resolución marcará el curso de la política pública en lo que resta del sexenio.

Otro tema importante es el considerado en el OP-3 del PNE, al menos en lo que atañe a los registro de validez oficial de estudios (RVOE) de las escuelas superiores particulares. Como se recordará, en todo el año pasado el tema se mantuvo en el debate público a propósito de las universidades “patito”. Como resultado de aquella polémica, aunque también era una acción prevista en el PNE, la SEP asumió el compromiso de reconsiderar los procedimientos de autorización de programas de estudios en el sector particular, así como concertar con las autoridades educativas estatales una suerte de criterios comunes de aplicación general. Esta ha sido una línea de trabajo importante en la agenda 2004 de la SESIC y se han alcanzado resultados significativos. Pero, como su consideración amerita detenerse en varios aspectos, lo dejamos para la próxima semana.