Roberto Rodríguez Gómez

Por estos días se está debatiendo en Colombia una propuesta gubernamental para modificar la normativa del sistema nacional de educación superior. La autoridad educativa, encabezada por María Fernanda Campo, ministra de Educación Nacional, dio a conocer, en marzo de 2011, una iniciativa para modificar la ley vigente, conocida como Ley 30 (29 de diciembre de 1992), que hasta el momento regula el servicio público de educación superior colombiano.

La propuesta del gobierno incorpora, entre otros aspectos, nuevas obligaciones de evaluación, supervisión y rendición de cuentas de las instituciones del sistema. Para las universidades se establece la obligatoriedad de la acreditación institucional, mediante una regla que fija tal requisito para adquirir o conservar la denominación universitaria.

Además de este requisito, las universidades públicas y privadas, así como las instituciones de nueva creación que busquen la denominación universitaria, deberán cumplir las siguientes condiciones: contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas; contar con programas académicos en al menos tres áreas de conocimiento; desarrollar investigación de alto nivel, y tener por lo menos un programa de doctorado autorizado (Propuesta, artículo 15).

Otro cambio importante, quizás el de mayor polémica en la discusión, consiste en abrir espacio a la inversión privada lucrativa en el campo de la educación superior. La norma actual autoriza la posibilidad de que el servicio de educación superior se ofrezca mediante instituciones públicas, instituciones de “economía solidaria”, es decir, con participación de fondos públicos y privados, o bien a través de instituciones privadas con fines no lucrativos.

La Ley 30 indica al respecto: “Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria” (Ley artículo 98).

La propuesta busca erradicar esta limitación al definir tres clases de instituciones: públicas, privadas y mixtas. En el artículo correspondiente se define a las IES privadas como aquellas constituidas “de conformidad con la normativa vigente aplicable a las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro.” (Propuesta artículo 13).

Otra novedad de la propuesta del gobierno consiste en la iniciativa de extender los beneficios y obligaciones de la autonomía universitaria a todo el conjunto de instituciones de educación superior que constituyen el sistema.

La norma previa establecía el derecho a la autonomía exclusivamente a las universidades (artículo 6). La propuesta, en vez del término “universidades”, emplea el de “instituciones de educación superior” (Propuesta, artículo 28 L 30), con lo cual se abre la opción autonómica a todo el conjunto institucional, independientemente de las formas de régimen específicas o las diversas misiones institucionales.

Según las autoridades del sector, la iniciativa busca dinamizar las posibilidades de crecimiento del sistema, sin sacrificar un nivel de calidad aceptable, para estar en condiciones de alcanzar la meta de 50 por ciento de cobertura los próximos años. Si se toma en cuenta que, en la actualidad, la cobertura se aproxima a 40 por ciento (aproximadamente 38 por ciento en 2011), la meta se antoja viable.

Sin embargo, la tendencia de crecimiento de la matrícula durante la última década ha obedecido, en lo fundamental, a la inversión privada en el sector. Mientras que en el año 2000 las IES privadas participaban con 62.9 por ciento de la matrícula total (597 mil 694 estudiantes de un total nacional de 934 mil 85), hacia 2005 su participación decayó a 49.7 por ciento y a 44.6 por ciento en 2010.

La inversión pública, en cambio, logró remontar su condición minoritaria en el balance mediante la creación de nuevas IES, sobre todo de tipo tecnológico, que acercaron oferta pública a las regiones menos desarrolladas del país.

En este renglón destaca la creación del sistema de Centros Regionales de Educación Superior (CERES), fuertemente impulsado en el último lustro, a través de alianzas con los distintos niveles de gobierno y con el sector productivo.

Desde la perspectiva gubernamental, la opción de mantener el crecimiento del sistema depende, en buena medida, de reactivar incentivos para el sector privado, así como implantar nuevos procesos y mecanismos para que las IES públicas complementen los subsidios que reciben el Estado.

No es difícil imaginar que la propuesta ha sido cuestionada, fundamentalmente por las comunidades académicas (estudiantes y profesores), pero también por los rectores universitarios, dados sus tintes privatizadores.

Una vía de solución posible, para evitar la confrontación, se ha abierto a partir de las propuestas acordadas al seno de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), organismo que representa a las principales universidades públicas y particulares autónomas.

La propuesta de ASCUN, de corte autonomista, ha sido reconocida por la ministra María Fernanda Campo como una opción válida para negociar la reforma. Pero, esto es lo importante, no parece haber una buena disposición de parte de la autoridad gubernamental para ceder en el apoyo al sector privado lucrativo, lo cual, lamentablemente, podría enconar el debate en el futuro inmediato. La moneda está en el aire.