Roberto Rodríguez Gómez

Las universidades privadas han experimentado notables cambios. Probablemente el rasgo más relevante sea la adopción de criterios y lógicas empresariales que tienden a sustituir las formas tradicionales de propiedad y gestión, los modos de promoción de la oferta, e incluso el contenido de programas y enfoques de formación.

Un elemento importante para entender las razones del cambio radica en la dificultad de sostener la tasa de expansión lograda el decenio pasado. Como se sabe, durante los años noventa la oferta privada alcanzó un ritmo de crecimiento superior a diez por ciento anual, mientras que el grupo de públicas creció a menos de 1.5 por ciento anual. En los años del 2000, el ritmo de crecimiento del segmento privado disminuye a cinco por ciento anual y la expansión del sistema público se aproxima al mismo valor.

Varios factores explican el fenómeno. En primer lugar, una vez alcanzado cierto volumen de matrícula –más de ochocientos mil estudiantes en licenciaturas y posgrado- cada punto porcentual extra implica un número considerable de nuevas plazas. Otro factor se debe a una mayor competencia de la oferta pública, si bien se ha enfatizado la creación de nuevas unidades en las modalidades de universidades politécnicas y tecnológicas. Las mermadas condiciones de consumo de las clases medias urbanas son otro factor, como también el desprestigio de las escuelas “patito” y una mayor dosis de control gubernamental sobre la calidad de la oferta privada.

Así las cosas, la respuesta del conjunto de universidades particulares está cubriendo varios frentes. Por ejemplo, la adopción de criterios de calidad basados en la certificación externa, la adopción de fórmulas de marketing para competir por la demanda, la corporativización de instituciones, y la participación de inversiones nacionales y extranjeras, entre otros elementos.

Desde luego un tema fundamental radica en las posibilidades de acceso a recursos para lograr un perfil de competitividad más efectivo y sostenible a largo plazo. Con tal enfoque, se publicó recientemente un reporte de la conocida firma calificadora Standars and Poor´s (S&P), una de las principales agencias internacionales de análisis financiero, a la cual suelen acudir tanto las compañías privadas como los gobiernos en todo el mundo.

Como antecedente, la Universidad de las Américas (UDLA, Puebla) solicitó a S&P en 2003 una calificación financiera y obtuvo la nota “mxBBB/Stable”, lo que significa un riesgo de inversión razonable en caso que la UDLA decidiera concurrir al mercado bursátil, cosa que no ha hecho, disponerse a la participación de inversionistas, lo que es poco probable, o solicitar préstamos a la banca o a agencias multilaterales, lo que quizás sí esté en su perspectiva. La calificación carece sin embargo de parámetros comparativos, porque a la fecha es la única que existe en México, exceptuando el caso de la Universidad CNCI que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Cabe añadir que la calificación de UDLA es igual a la asignada a la Universidad de Chile Ltda., e inferior a la conseguida por las universidades de Valencia, Alicante y Castellón, todas triple “A”. La mejor calificación de las instituciones de España se debe a que cuentan con instrumentos de fondeo y crédito de mayor profundidad, pero también a las diferencias de mercado entre ambas regiones.

Standard and Poor´s reconoce, no obstante su experiencia en la materia, que es necesaria una metodología específica para calificar a las instituciones universitarias de la región. Para resolver el punto llevó a cabo un diagnóstico del sector así como un análisis metodológico cuyos resultados fueron publicados en agosto de este año en el documento “Mexican Universities: In Search of Alternative Funding Sources”, disponible en el sitio web de la firma. El propósito central es la revisión metodológica, pero también se analizan oportunidades y riesgos de la educación superior del país y se establecen opciones financieras que, a juicio de la calificadora, podrían considerar las universidades privadas.

Según el reporte, es claro que la demanda por educación superior se incrementará y que el Estado no podrá proveer, por sí solo, la oferta requerida. Hay entonces espacio para que las privadas continúen concurriendo, a condición de que establezcan una oferta diversificada y pertinente a las expectativas. Tal oportunidad es aprovechable, señala el documento, si las particulares consiguen mejorar sus instrumentos financieros. Entre las opciones a la vista, está un mayor acceso a los mercados de capitales, la posibilidad de captar fondos públicos, por ejemplo en los programas de becas, y sobre todo la valorización crediticia (titulación o securitización) de infraestructuras y otros activos, así como de las cuotas escolares, para lograr un acceso más claro a los mercados de crédito.

Todo ello no supone la conversión de las universidades privadas en sociedades anónimas, pero sí la adopción de lógicas, mecanismos y sistemas típicos de las empresas. Algunas universidades, el ITESM a la cabeza, han comprendido esta transición y logrado ubicarse en posición de liderazgo. En el siguiente segmento, correspondiente al amplio conglomerado de clases medias, la competencia es mucho más reñida y requiere el desplazamiento del grupo “patito”. Parece obvio que la competencia favorecerá a las privadas con consigan establecer una oferta creíble para el grupo social demandante, es decir aquellas dispuestas a arriesgar inversión en condiciones de fuerte competencia precio-calidad. Si esto es así, el escenario más probable es la “empresarialización” a fondo, tomo el concepto de Eduardo Ibarra, de las universidades particulares. Seguiremos explorando esta transición la próxima semana.