Roberto Rodríguez Gómez

Una de las críticas del Ejecutivo sobre las modificaciones de los diputados a la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005, se basa en la presunción de sesgos partidarios en el proceso de ajuste. A ese argumento, se opone la idea según la cual el proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue las orientaciones marcadas por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, así como los objetivos de los programas sectoriales. Al ser éste un ángulo importante de la polémica, vale la pena revisar hasta qué punto el gobierno sigue sus propias orientaciones y prioridades en el ejercicio presupuestal.

Ante todo, conviene recordar que, en materia educativa, el gobierno estableció propósitos y metas ambiciosas. En el PND, luego de identificar la política educativa como “la columna vertebral” del nuevo gobierno, se anuncia la intención de “impulsar una revolución educativa que nos permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial”. En el Programa Nacional de Educación (PNE) se establece la meta de alcanzar en 2006 una proporción de gasto educativo equivalente al ocho por ciento del PIB, sin incluir el gasto en ciencia y tecnología.

En noviembre de 2002, los diputados aprobaron una reforma a la Ley General de Educación que establece la obligación del Estado para destinar a la educación pública un monto no inferior al ocho por ciento del PIB, aclarando que “de este monto, al menos el uno por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior". En artículo transitorio se precisó que el incremento sería gradual y que el mandato de la reforma se cumpliría en 2006. El presidente no sólo ratificó la iniciativa de los legisladores, sino que felicitó a los diputados por establecer el marco legal que aseguraría la provisión de recursos suficientes al sector.

Más aún, el 20 de enero se publicó la Ley General de Desarrollo Social que establece los criterios generales de asignación presupuestal. Entre otros, la condición de que el gasto social se incremente cada año por lo menos en proporción al crecimiento esperado del PIB, y que además iguale o supere al gasto social per cápita del ejercicio inmediato anterior (arts. 20 y 23). Desgraciadamente, la ley no precisa si tales obligaciones son aplicables a cada sector del gasto social o sólo al monto global, pero sí establece el requisito de que cualquier recorte que proponga Hacienda en el curso del ejercicio deba ser aprobado por los diputados antes de su ejecución.

No obstante lo anterior, da la impresión que la SHCP, a la hora de integrar el presupuesto federal, ha sido poco sensible a la voluntad de los poderes de la Unión de robustecer financieramente la educación pública. La prioridad de mantener la estabilidad de los indicadores macroeconómicos parece predominar sobre cualquier otra consideración, incluso por encima de leyes aprobadas en el Congreso. A esa conclusión se llega al examinar la evolución del gasto social y el educativo en los años de la actual administración.

Según los resultados del estudio “Evolución reciente del gasto social, 1996-2005”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados (octubre 2004), en los años de la actual administración el gasto social registra un patrón de crecimiento que mantiene estable su proporción respecto al PIB. En 2001 el gasto social total representaba el 10.0 por ciento del producto y en 2004 el 10.3 por ciento. La iniciativa de presupuesto para 2005, de acuerdo a los cálculos del estudio, implicaba un crecimiento de 0.6 por ciento del gasto social con respecto a 2004, pero una disminución neta como proporción del PIB estimado para 2005.

Según las estimaciones del CESOP, el gasto educativo en el período 2001-2004 conserva un cociente de participación en el gasto social en torno al 40 por ciento. En contraste, en la iniciativa del PEF 2005 dicha proporción equivale al 38.9 por ciento, lo que indica una disminución neta. El dato se confirma en valores absolutos: mientras que en 2004 el gasto educativo ejercido -según las estimaciones preliminares del cierre presupuestal del año- fue de 288,772.1 millones de pesos, el programado para 2005 equivale a 282,172.8 millones de pesos (ambas cifras expresadas en pesos constantes 2003), esto es una disminución de menos 2.3 puntos porcentuales. Aparte, en educación superior, la propuesta de Hacienda establece una reducción superior a dos mil millones de pesos sobre el gasto autorizado el año anterior.

Como señalamos la semana pasada, la actitud conservadora de Hacienda con respecto al monto del presupuesto anual, así como al volumen de gasto social asignado, abrió un espacio para que los legisladores buscaran ampliar la cantidad de recursos a distribuir, mediante la Ley de Ingresos, y reajustar el destino de una porción del gasto programado. Dicho espacio fue ocupado, como puede suponerse, por las fuerzas políticas del país y reflejó, al cabo, las prioridades de los partidos y el cabildeo de otros agentes.

¿Cabía esperar otro desenlace? Sería ingenua una respuesta afirmativa ya que, a final de cuentas, los diputados representan tanto el interés de sus entidades geográficas de adscripción, como la agenda política de sus partidos. Este año, como el anterior, se dio el caso de universidades públicas que se vieron beneficiadas por el balance de fuerzas al que aludimos, y otras que salieron perjudicadas. A estas alturas, en que todavía hay tiempo para la discusión de las reasignaciones, lo más prudente sería resarcir a las instituciones que obtuvieron menos recursos adicionales, lo que significaría superar el monto total de los recursos previstos para el sistema. No estaría mal.