Roberto Rodríguez Gómez

En el campo de la economía de la educación, pocos temas son tan controvertidos como el voucher escolar. El instrumento, implantado en varios países desde los años ochenta, consiste en la emisión de vales o cupones gubernamentales, canjeables por servicios educativos. Las familias, eventualmente los estudiantes, reciben los cupones y descuentan cuotas de matrícula en instituciones públicas o particulares. El esquema ha sido experimentado en distintos niveles del sistema escolar, incluso el universitario, y con diferentes grados de cobertura.

El voucher funciona como un subsidio a las familias, los individuos y las instituciones. En algunos casos se propone como una beca escolar, en otros como un mecanismo de devolución fiscal. Los beneficiarios pueden optar por la escuela de su preferencia, siempre y cuando satisfagan criterios de elegibilidad. En teoría, el esquema brinda un respiro a la carga financiera del Estado porque propicia la inversión privada en educación. Además, dicen sus defensores, favorece la justicia distributiva y presiona por la calidad académica.

El modelo, sugerido conceptualmente por economistas críticos del Estado benefactor (Milton Fridman: From Economics and the Public Interest, Nueva Jersey, 1955) y desde la perspectiva económica de la “elección pública” (James Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods, Chicago, 1968), da por sentado que el mercado es el mecanismo más eficiente en la distribución de bienes. Supone que la demanda se integra con individuos económicamente racionales, capaces de definir libremente sus preferencias de consumo con base en la información disponible y a partir de sus expectativas, necesidades y potencialidades. Independientemente de fallas de información, la teoría sostiene que la racionalidad de mercado supera consistentemente a los mecanismos de planificación y distribución del Estado. Por tanto, si se logran compensar las capacidades de consumo mediante un instrumento específico, el mercado se ocupa del resto.

En Estados Unidos, cuna intelectual del instrumento, se han desarrollado sólo algunas experiencias locales, todas en educación básica. En 1969 la Oficina de Oportunidades Económicas de EU encargó al Centro de Estudios de Política Pública una propuesta sobre el tema. Un equipo de investigación dirigido por Christopher Jencks elaboró el documento de recomendaciones prácticas, posteriormente difundido por el organismo gubernamental. Aunque varios distritos escolares manifestaron interés, el único en implementar la propuesta fue el de Alum Rock, en San José, California.

El programa tenía un enfoque compensatorio, pero su evaluación demostró que, dentro del grupo de familias elegibles, sólo aquellas en mejores condiciones económicas conseguían aprovechar los beneficios. No se cumplió el objetivo de animar la participación de los padres en la gestión escolar y tampoco ocurrió una mejora significativa en el rendimiento escolar de los beneficiados. Por todo ello, y por la presión de un gremio magisterial adverso a los supuestos del programa, se decidió su extinción a finales de los setenta. No obstante, la experiencia de Alum Rock habría de inspirar otras iniciativas locales, y servir como referencia de programas semejantes en otras latitudes. Un ejemplo en México son los programas compensatorios de la SEP auspiciados por el Banco Mundial.

En los noventa se reactivaron los vouchers mediante dos programas, uno en Milwaukee (Parental Choice Program) y otro en Cleveland (Scholarship and Tutoring Grant Program). Ambos consisten en la entrega de subvenciones a las escuelas que becan a estudiantes de escasos recursos. La escala de cobertura y el monto de beneficios es similar en ambos casos. El programa de Milwaukee beneficia a seis mil estudiantes y el de Cleveland a cuatro mil. En ambos casos la subvención a las escuelas es de hasta cinco mil dólares anuales por alumno becado.

Los programas de Milwaukee y Cleveland han sido objeto de una amplia evaluación por agencias gubernamentales e investigadores independientes. Como puede suponerse, los resultados son controvertidos. Algunos estudios muestran que los beneficiarios logran, en promedio, mejores resultados que los estudiantes del mismo nivel socioeconómico fuera del programa. Otras evaluaciones hacen ver que en tales resultados juegan factores ajenos al programa como tal, por ejemplo a las diferencias de motivación y respaldo familiar entre ambos grupos.

Pero la controversia del voucher en EU no se agota en sus resultados académicos. A esa discusión hay que agregar, cuando menos, otras dos fuentes de disputa. En primer lugar, la controversia legal, en segundo, el debate político en contra de la privatización de la educación pública.

La controversia legal está enfocada sobre la subvención de escuelas religiosas a través de los recursos fiscales que consume el voucher. En junio de 2002 la Suprema Corte de EU denegó el caso contra el programa de Cleveland (caso Zelman vs. Simmons-Harris). No obstante, los nuevos programas estatales de Florida (Opportunity Scholarship Program) y Colorado (Opportunity Contract Pilot Program) han recibido resoluciones negativas en instancias locales. La corte de apelaciones de Florida (caso Holmes vs. Bush) determinó que el programa viola la constitución estatal al transferir recursos a escuelas religiosas. En el mismo sentido se pronunció la Corte de Denver para el caso de Colorado. En ambos casos se espera una reformulación del programa respectivo a partir de 2005.

El debate político contra la privatización tiene múltiples ángulos y actores. Destaca, sin embargo, la postura contra el voucher de la National Education Association (NEA), principal representante del gremio magisterial estadounidense, con una membresía de más de 2.5 millones de profesores, organizados en 50 asociaciones estatales y 14 mil locales. La próxima semana seguiremos con el tema del voucher en otros países.