Roberto Rodríguez Gómez

Aún está en suspenso la entrega de recursos extraordinarios para las universidades estatales aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. Más de cuatro mil millones de pesos adjudicados continúan inactivos en espera del desenlace de la controversia interpuesta por la presidencia. Se puede anticipar que en el periodo ordinario que inicia el próximo septiembre la oposición conseguirá remontar el veto presidencial, pero también es de preverse una eventual contaminación de ese debate con la discusión correspondiente al PEF 2006.

Según la sentencia de la SCJN, la Cámara está obligada a considerar las observaciones presidenciales sobre el presupuesto. Como la Corte no fue al fondo del asunto -sólo validó el reclamo del Ejecutivo para controvertir las modificaciones aprobadas por los legisladores-, procede que el Congreso considere la réplica presidencial y apruebe o rechace su contenido. No obstante, al tratarse de un veto del titular del Ejecutivo, el procedimiento para recusar requiere mayoría calificada de dos tercios.

En la actual Legislatura, el PAN suma 149 diputados que representan 30 por ciento de la votación nominal. Reunidos los votos de la oposición, no es insuperable la proporción requerida para disolver el veto. Por ello y por la importancia del tema, era de suponerse que en el periodo extraordinario, convocado por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 17 de junio, el tema de la aprobación definitiva del PEF 2005 ocuparía un sitio predominante en la agenda de debates.

Así ocurrió. En la instalación del periodo extraordinario, el 21 de junio, se consideró el primero de los temas de competencia exclusiva del Legislativo a ser desahogado. La discusión sobre las observaciones presidenciales se programó para el 23, pero dado que el dictamen aún no estaba concluido, se acordó un receso. La sesión reanudó el 28, ese día se incluyó en el expediente el documento “Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto en cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 109/2004, relativa al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005”.

El dictamen propone la aceptación de algunas de las observaciones en controversia, fundamentalmente aquellas que contienen “errores numéricos o técnicos”. Ninguna de las enmiendas sugeridas compete, por cierto, a los recursos para las instituciones de educación superior. El documento concluye que “son de rechazarse las observaciones generales formuladas por el Ejecutivo Federal, así como todas y cada una de las observaciones específicas”, excepto aquellas que contienen los errores reconocidos.

No obstante, al tocar turno a la discusión sobre el presupuesto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que incluye a la junta de coordinación política de la Cámara, presentó una iniciativa “sobre la conclusión de los trabajos del primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura”, lo que implicaba llevar la discusión al siguiente periodo ordinario. El PAN se opuso enfáticamente, pero nada pudo hacer para revertir el acuerdo, cuya votación determinó la conclusión del periodo.

¿Por qué la oposición optó por posponer el debate y la votación que finiquitaría la controversia sobre el PEF 2005? Las pistas para resolver el dilema están presentes en la intervención del diputado Pablo Gómez en respuesta a los cuestionamientos del PAN. Según asienta el Diario de Debates de la sesión, el coordinador de la bancada perredista justificó la necesidad de posponer el trámite ante la eventualidad de no conseguir los votos suficientes para remontar el veto.

Dijo el diputado Gómez: “Nadie puede negar que en este momento hay treinta y tantos diputados del PRI ausentes, nadie puede negar que también hay un grupo de diputados del PRI que mantiene una posición contraria al contenido del dictamen expedido por la Comisión de Presupuesto, sería necio negar lo que es la realidad, por lo tanto no conviene desde el punto de vista de una mayoría parlamentaria, que es la que rige (...) A la mayoría no le conviene. Ahorita hablamos del país. No le conviene el voto, sino postergar la votación para otro momento.” Al revisar la lista de asistencia, es claro que el PAN reunía, en ese momento, al menos 33 por ciento del quórum y que bastaban unos votos para asegurar la aplicación de las observaciones presidenciales. El escenario era complicado y se evitaron riesgos.

El problema es que el próximo septiembre coincidirá el debate sobre el PEF 2005 con la primera revisión del presupuesto 2006, y probablemente con la discusión de iniciativas para normalizar el trámite de aprobación presupuestal. Aunque se insista que son ejercicios independientes, es difícil suponer que la eventual liberación de recursos universitarios, no será, a esas alturas, un factor en la deliberación de los montos y distribuciones para el año siguiente. La buena noticia, 2006 es año electoral.

A la hora que la SEP integre el presupuesto universitario de 2006 ¿calculará que hay un monto de recursos pendiente de repartir? Cuando la SHCP elabore el proyecto de decreto para el PEF 2006 ¿asignará incrementos con base en el presupuesto ejercido o tomará en cuenta las reasignaciones en controversia? En el momento en que la Comisión de Educación Pública revise la propuesta anual de gasto educativo ¿persistirá en la opción de etiquetar recursos a las instituciones de educación superior o planteará una estrategia diferente? Ya veremos. Una pregunta más ¿habrá caído en cuenta el Ejecutivo que su modelo de política social convence a los organismos multilaterales, pero no a los electores?