Roberto Rodríguez Gómez

Después de haber movilizado a los académicos, estudiantes y directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), al extremo de convocar a una manifestación que tendría lugar en la Ciudad de México el pasado 26 de julio, que finalmente no se llevó a cabo, las autoridades de esa casa de estudios alcanzaron una negociación exitosa en su demanda de ampliación de los recursos federales aprobados para la operación institucional.

La UdeG demandaba la entrega de 960 millones de pesos por concepto de adeudos atrasados de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para satisfacer la proporción previamente convenida de una aportación federal equivalente a 52 por ciento del subsidio total que integra el presupuesto de la institución. El restante 48 por ciento corresponde a los recursos que entrega el estado de Jalisco a la universidad.

El convenio logrado consistió, en primer lugar, en que la Federación reconociera el adeudo con la UdeG y, en segundo, que se programara la entrega de los recursos. De inmediato se integrará a las arcas de la institución la mitad del monto reclamado, es decir, 480 millones de pesos, que forman parte del llamado “presupuesto irreductible”, y la otra mitad se añadirá al subsidio que se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. En eso quedaron.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, había señalado con bastante anticipación que con los recursos autorizados para el ejercicio 2011 se cubrirían, apenas, los gastos programados hasta septiembre del año. Además, había hecho notar que el proyecto de presupuesto universitario para el ejercicio anual, calculado en un monto total de 7 mil 950 millones de pesos, anticipaba un déficit por más de 500 millones de pesos, por lo cual la aportación federal indicada era indispensable para llegar al término del año sin entrar en condición deficitaria.

Además de evitar un déficit por cerca de 500 millones de pesos, la aportación federal se destinaría, según declaraciones de las autoridades de la universidad, al pago del programa de estímulos del personal académico en el último trimestre del año. Al respecto, se señalaba con insistencia el riesgo de que faltaran recursos para satisfacer ese compromiso, lo que sin duda fue un factor muy importante en la opción de movilizar al personal académico en respaldo de las autoridades de la institución.

Cabe recordar que el año pasado la Universidad de Guadalajara vivió también un conflicto por recursos financieros aunque, en esa oportunidad, ante el gobierno del estado de Jalisco. En abril de 2010 el rector Cortés Guardado compareció ante el Congreso jalisciense para demandar la entrega de 701 millones de pesos que el Ejecutivo estatal debía a la universidad por haber sido previamente autorizados por la Federación.

Se indicó en esa oportunidad que dicho monto sería utilizado para concluir obras en la Biblioteca Pública de Jalisco “Juan José Arreola” (130 millones de pesos), y el resto para diversas obras de ampliación de las instalaciones universitarias. Aunque el rector recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, se negó a reconocer la validez del adeudo.

Este conflicto alcanzó las calles de la ciudad de Guadalajara, asimismo con participación de estudiantes, académicos y administrativos, mediante diversas manifestaciones y actos que tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2010. Al cabo, las autoridades del estado cedieron ante la presión universitaria y se negoció la entrega del monto requerido por medio de una aportación estatal de más de 400 millones de pesos destinada a obras de infraestructura. Aunque esta solución fue aceptada por las autoridades universitarias, la institución hizo pública su insatisfacción con el manejo de la hacienda estatal de los recursos que se deben destinar a la institución. Un punto relevante en las manifestaciones de las comunidades académicas fue el de la transgresión a la autonomía universitaria por el condicionamiento del subsidio estatal.

En cambio, en el contexto del conflicto de 2011, las autoridades del estado, es decir el gobernador y los legisladores locales, apoyaron plenamente las demandas de la universidad ante la Federación.

Un tema que trasluce con claridad en ambos conflictos es la insuficiencia de recursos económicos para que la universidad pueda satisfacer tanto el gasto de operación como los proyectos de infraestructura, consolidación académica e innovación que tiene previstos. Eso es evidente. La UdeG cuenta con un presupuesto anual que no llega a los 8 mil millones de pesos en total. Si se contrasta el dato con el subsidio federal que recibe la UNAM (más de 26 mil millones de pesos para 2011) o el IPN (más de 11 mil millones de pesos en 2011), se podrá contrastar la débil condición financiera de esa institución, que aspira permanentemente a ser reconocida como una de las universidades de investigación de mayor relevanciaen el país.

Lo bueno cuesta. Si se quiere que la UdeG cumpla con el perfil de calidad esperado de las universidades públicas, no se pueden escatimar los recursos que necesita para su consolidación académica. Aunque el corto plazo parece resuelto esta vez, el largo plazo requiere ser revisado. Mejor hacerlo de inmediato.