Roberto Rodríguez Gómez

Una reunión para abrir la interlocución directa entre el presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, los líderes del Congreso y la representación estudiantil centralizada en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) fue programada para el martes 30 de agosto. La tarde del lunes 29 el ministro de Educación, Felipe Bulnes, confirmó, sin dar detalles sobre los participantes y la agenda, que la reunión se celebraría en el Palacio de la Moneda. Sin embargo, el martes, el vocero de la Presidencia, Andrés Chadwick, informó su cancelación. No se explicaron los motivos, pero sí la expectativa de reprogramar la reunión a la brevedad.

Cuando esta colaboración se publique es posible que el panorama esté más claro, aunque no cabría descartar que continúe la escaramuza de fijar condiciones a un diálogo que, hasta el momento, parecería la única vía de solución disponible para solventar el conflicto universitario vigente en Chile desde hace tres meses.

El pasado domingo, según informó el ministro Bulnes al diario La Tercera, ocurrió un “reservado encuentro entre el titular de Educación y representantes de la Confech (…) para analizar el formato y la agenda que tendría la mesa de trabajo”.

Los representantes universitarios, por su parte, señalaron que la interlocución que sostendría con el titular del Ejecutivo tendría como principal finalidad lograr que la Presidencia se pronuncie en torno al pliego de 12 demandas, que sintetizan la expresión del movimiento estudiantil.

LOS 12 PUNTOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

El pliego de la Confech articula las demandas de los estudiantes de educación media (los pingüinos), las de los universitarios y un conjunto de planteamientos, de mayor amplitud, que competen a la reorganización del sistema educativo chileno. Por razones de espacio, a continuación se presenta sólo una síntesis de la docena de puntos enunciados:

1. La educación garantizada constitucionalmente como derecho social, entendiéndola como plataforma de construcción del conocimiento al servicio del desarrollo social, cultural, donde se apunte a una educación pública gratuita y de calidad al servicio del país.

2. Garantizar aportes basales de libre disposición a las universidades del Consejo de Rectores, con énfasis en las universidades estatales regionales.

3. Eliminación de la banca privada en el financiamiento de la educación. Terminar con el endeudamiento de las familias y también el de las instituciones públicas más precarizadas. Terminar con el crédito con aval del Estado.

4. Fin efectivo al lucro en todo el sistema de educación chilena, tanto básica, media como educación superior.

5. Generar nuevas formas de acceso para la educación superior, garantizando el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y en especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

6. Garantizar que las instituciones educacionales provean de educación de calidad, entendida ésta de manera holística e integral y no como el reduccionismo de los indicadores administrativos, tal como el SIMCE y la PSU. Debe haber un esfuerzo especial en asegurar la calidad en la educación pública, en pos del desarrollo local y nacional.

7. Eliminar todas las trabas legales que prohíben la organización y participación de los distintos estamentos inmersos en el sistema educativo.

8. Creación de una red técnica estatal en todos sus niveles, con una articulación entre los distintos niveles.

9. Creación de una carrera docente, logrando mayor estabilidad laboral mejorando su situación contractual. También generando un ambiente escolar propicio para las situaciones de aprendizaje y de enseñanza, de formación continua y preparación de la enseñanza.

10. Desmunicipalización efectiva de la educación básica y secundaria, creando un nuevo sistema de educación pública que dependa finalmente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este nuevo sistema de educación pública.

11. Término del financiamiento compartido, que ha generado una segregación intolerable para una sociedad que aspira a un desarrollo igualitario.

12. Garantizar derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios presentes en el convenio 169 OIT y en la ley 19.253. Además, el reconocimiento jurídico de los hogares estudiantiles mapuche.

Los estudiantes proponen que el presidente se pronuncie sobre cada uno de los puntos anteriores. Según señalan, esa es la condición del movimiento para iniciar una ruta de negociación.