Roberto Rodríguez Gómez

Con más de una década de operación, el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (Pronabes), establecido en 2001, ha conseguido resultados significativos para alcanzar los objetivos originalmente propuestos. Este programa se planteó como un instrumento para apoyar a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior pertenecientes a los estratos económicos más débiles.

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La población beneficiaria de estas becas ha crecido progresivamente desde 45 mil alumnos en el ciclo 2001-2002, hasta más de 350 mil en el correspondiente a 2011-2012. El primer presupuesto aprobado para el programa, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fue de 772 millones de pesos, de los que se ejercieron 712 millones, mientras que el aprobado para el ejercicio fiscal 2012 alcanza los mil 475 millones de pesos. Como el programa implica una participación paritaria entre la Federación y los estados, el monto de recursos Promep resulta prácticamente el doble de los autorizados en el PEF.

Desde su primera versión, el programa fijó el esquema de montos de las becas según la siguiente distribución: 750 pesos mensuales el primer año de estudios, 830 el segundo, 920 el tercero, y mil pesos el cuarto año. Los aspirantes a la beca deben comprobar un ingreso familiar mensual máximo de tres salarios mínimos. Para renovar la beca, los beneficiarios deben cumplir el requisito de aprobar las materias del plan y mantener un promedio mínimo de ocho. En términos generales, el Pronabes ha logrado responder a la demanda efectiva. En el último año se otorgó el beneficio al noventa y ocho por ciento de los solicitantes que cumplieron los requisitos de las convocatorias.

Aunque el programa no ha modificado significativamente su esquema de operación, conviene resaltar que a partir de la aprobación en 2004 de la Ley General de Desarrollo Social, y su correspondiente Reglamento, se estableció la obligación de constituir, en cada entidad federativa, un esquema de contraloría social, cuyo núcleo lo integran los Comités de Contraloría Social (CCS) del Pronabes, en los que participan representantes de los becarios. Los primeros CCS se instalaron en 2007-2008 y apenas el año pasado se concluyó la primera integración completa del nuevo órgano de control.

Al ser parte de la política social, el Pronabes ha sido objeto de múltiples evaluaciones. En la mayoría de ésta ha salido bien librado. De 2002 a 2006 el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en colaboración con la ANUIES, llevó a cabo un proceso de evaluación y seguimiento anual del programa. Este ejercicio, bajo la dirección de la investigadora Teresa Bracho, permitió un monitoreo muy puntual de los avances, aunque también de los problemas de implementación del programa.

Aunque el tono general de la evaluación CIDE-ANUIES es positivo, no se pasa por alto la identificación de temas críticos. Entre los más importantes, la necesidad de dar certidumbre financiera al programa en un escenario de mediano y largo plazo, mejorar los sistemas de acopio y sistematización de datos e indicadores, así como robustecer los procesos de tutoría para mejorar la retención y los resultados académicos de la población beneficiaria.

Otra vertiente de evaluación proviene del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sobre el pC el Consejo ha llevado a cabo dos evaluaciones, una en 2007 y otra en 2010. En ambas se pondera muy favorablemente el programa por su enfoque social, aunque en ambas se emiten recomendaciones de mejora. La más reciente concluye que se deben “realizar modificaciones en los indicadores a fin de mejorar la validez de los mismos”, y se recomienda “tomar en cuenta la posibilidad de otorgar la beca con base en la relación del estudiante beneficiado con respecto al ingreso per cápita de su hogar.”

El Banco Mundial, que otorgó a México en 2006 un préstamo por 281 millones de dólares para apoyar el Pronabes, dio una calificación “satisfactoria” a los avances del programa hasta 2011. Esta evaluación hace notar, sin embargo, que aún se carece de datos sistemáticos para ponderar objetivamente el impacto del programa en la tasa de retención de los beneficiarios.

Menos auspiciosa la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública del Pronabes en 2007, ejercicio dado a conocer en 2010. La ASF emitió 19 observaciones, algunas muy serias. Según este órgano, el programa debe mejorar sustancialmente sus procesos administrativos, la administración, el flujo de recursos, la rendición de cuentas y la operación del conjunto de instancias de coordinación.

No obstante, uno de los puntos menos tratados en las evaluaciones consultadas, aunque indudablemente un “área de oportunidad” mayor del programa radica en la depreciación de los montos de las becas. Lo que en 2001 valía un peso, hoy vale 65 centavos. Si se quiere sostener este programa la actualización del monto de los apoyos es la primera prioridad.