Roberto Rodríguez Gómez

El pasado lunes el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció, en la sede central del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el lanzamiento del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior. La medida fue anticipada hace casi un año, el 14 de febrero de 2011, en el marco de la firma del decreto presidencial modificatorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que las personas físicas deduzcan el pago de la educación privada desde preescolar hasta bachillerato. En aquella ocasión el primer mandatario afirmó que el siguiente paso habría de consistir en generar un sistema financiero para apoyar, mediante créditos reembolsables, a los estudiantes que quisieran llevar a cabo estudios de nivel superior en instituciones privadas. En el acto de Monterrey, el ingeniero Héctor Rangel Domene, Director General de Nacional Financiera, dio a conocer algunos aspectos del proyecto. En primer lugar que en la primera fase del programa participan 21 universidades privadas, las más grandes del país. Además, que “este Programa, permite financiar hasta 280 mil pesos del costo de una carrera o posgrado a un plazo de 15 años y medio, y a una tasa de sólo 10 por ciento. Es decir, durante su carrera el estudiante sólo pagará intereses y, una vez concluido los estudios, tendrá un periodo de gracia adicional de seis meses mientras consigue trabajo, y hasta 10 años adicionales para liquidar el resto.”

También se indicó que el programa dará inicio con 23 mil créditos educativos, que los requisitos son mínimos (haber sido aceptado en alguna de las universidades participantes y contar con un aval familiar para el crédito), que la inversión gubernamental inicial es de 2.5 mil millones de pesos, y que en el esquema financiero participan, además de Nacional Financiera que funge como garante colateral, los siguientes bancos: Santander, Bancomer, HSBC, Banorte y Financiera Educativa de México.

Las primeras reacciones a este anuncio oficial no se han hecho esperar. Los representantes del empresariado universitario han sido los primeros en felicitar públicamente la medida. También se han felicitado al Ejecutivo otros voceros de la iniciativa privada y de la iglesia y, no podía faltar, el aplauso de funcionarios gubernamentales y legisladores del PAN. Por otra parte, algunos especialistas consultados, así como legisladores de los partidos de oposición han externado críticas más o menos severas.

Se cuestiona, ante todo, la opción tomada por el gobierno de auspiciar, mediante recursos públicos, al sector universitario privado, así como por favorecer a la banca comercial. Se critica también el alineamiento de la medida a las recomendaciones de política pública reiteradamente sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. No menos relevante, la opinión desfavorable al programa por no haber sometido a la deliberación pública, por ejemplo en el Congreso de la Unión, una acción de esta naturaleza. Seguramente el debate seguirá en los próximos días y será de interés conocer cual es, por ejemplo, la posición de las universidades públicas al respecto.

Por lo pronto, un ángulo de interés radica en la comparación con otros esquemas internacionales de crédito educativo en que participan los gobiernos. Resulta, para empezar, que la tasa de interés definida es una de las más caras del mundo. A nivel internacional hay un segmento importante de países que ofrecen créditos subsidiados con tasa de interés indexada a los valores de la inflación, e incluso con la llamada “tasa cero”. El nivel de diez por ciento de interés no sólo no es favorable, sino internacionalmente poco competitivo.