Roberto Rodríguez Gómez

El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) es una iniciativa presidencial que recicla un mecanismo para fondear, mediante recursos fiscales, créditos a estudiantes de educación superior privada. Fue anunciado, con bombo y platillo, el pasado 9 de enero en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey: “Hoy, precisamente, estamos cumpliendo una promesa (…) de poner en marcha un Programa de Crédito Educativo para Estudiantes Universitarios, que va a corregir y va a darle un gran componente de equidad a la educación universitaria de carácter particular.” (Felipe Calderón Hinojosa, en el anuncio del Pronafies).

El programa consiste, básicamente, en la opción de adquirir un crédito de mediano plazo para inscripción y colegiaturas en programas de licenciatura y posgrado. El crédito, que requiere de un aval solidario, se anuncia con una tasa de interés fija de diez por ciento anual, aunque aún no se ha dado a conocer el valor de costo anual total (CAT) implícito.

A pesar de haber sido publicitado como una política novedosa, lo cierto es que en México han existido y persisten varios programas de crédito universitario apoyados en recursos públicos. El más ambicioso, por su escala nacional, fue el implementado a través de la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), establecida en 1996 y en la actualidad en proceso de liquidación total.

Además de ésta, los programas estatales de crédito creados en distintas fechas: Sonora (Instituto de Crédito Educativo del Estado de 1970), Aguascalientes (Instituto de Crédito Educativo y Becas del Estado de Aguascalientes 1997), Guanajuato (Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado de Guanajuato 1999), Tamaulipas (Instituto Tamaulipecos de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2000), Quintana Roo (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo 2002), Puebla (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Puebla 2004), Hidalgo (Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 2003), Yucatán (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 2006), y Baja California (Instituto de Créditos y Apoyos Educativos de Baja California 2007).

Los institutos estatales de crédito universitario son distintos entre sí en estructura y funcionamiento, aunque tienen en común el uso de recursos públicos locales para subsidiar parcialmente el programa respectivo. También tienen en común un rango de cartera vencida considerable (entre diez y treinta por ciento), desde luego mayor mientras más antigua la institución. Interesante: con excepción de los correspondientes a Guanajuato, Yucatán y Baja California, el resto fueron creados por administraciones del PRI.

El caso SOFES es aún de mayor interés como antecedente del actual programa. Se fundó mediante la asociación financiera de cuarenta universidades privadas integrantes de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). En 1999 recibió, para apoyar sus operaciones, un crédito del Banco Mundial avalado y complementado por el gobierno a través del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Públicos (Banobras). El crédito contratado con el organismo internacional fue de 140 millones de dólares y Banobras aportó un tanto igual.

Según el prospecto del Banco Mundial (MXPE49895), elaborado por el economista Jamil Salmi, el objetivo central del programa consistía en “asistir al Gobierno en promover una mayor equidad y calidad en la preparación de graduados universitarios”. En el mismo documento, Salmi advertía dos riesgos importantes: uno de viabilidad financiera, relacionado con las futuras posibilidades de pago de los estudiantes, y otro de capacidad recaudatoria de parte de la entidad financiera, es decir de la SOFES. De alguna manera ambos riesgos se cumplieron y el proyecto tuvo que ser cancelado una década más tarde, tras haber otorgado más de 27 mil créditos en ese periodo.

La experiencia de SOFES ha sido ampliamente estudiada y documentada. En la bibliografía internacional se aprecia como un caso exitoso aunque con logros limitados. Se valora, por ejemplo, el modelo de gestión desarrollado, que siempre evitó costos burocráticos excesivos. También se reconoce que los estudiantes beneficiados tuvieron rendimientos académicos cuando menos iguales a los alumnos sin créditos, lo que no siempre ocurre. Por último, se aprecia que el programa fue útil como una alternativa financiera.

¿Por qué entonces fracasó SOFES? Principalmente por un diseño financiero inadecuado: los plazos de vencimiento de pagos para las instituciones asociadas eran mucho más cortos que los correspondientes a la recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes. Eso, y la creciente cartera vencida abrieron un escenario de inviabilidad financiera. SOFES se restructuró como una sociedad de financiamiento de objeto limitado (SOFOL) y buscó modificar el esquema de crédito original, indexado a UDIS, sustituyéndolo por tasa de interés fija. Pero, para acabar pronto, las instituciones accionistas decidieron que la mejor opción era liquidar la sociedad.

La experiencia indica que el nuevo programa tampoco va a funcionar, desde el punto de vista financiero. Eso es seguro. Salvo que su intención se limite a un costosísimo esquema de reactivación y rescate del sector privado universitario.