Roberto Rodríguez Gómez

La propuesta que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene previsto presentar a los candidatos presidenciales lleva el título de Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior. De ésta, lo que se ha dado al conocimiento público es el “Resumen ejecutivo” que contiene elementos de enfoque, diez ejes estratégicos y veintisiete propuestas concretas. Hace una semana comentamos aquí los primeros dos aspectos, en esta colaboración nos concentraremos en algunas propuestas prácticas que, a primera vista, sobresalen por su novedad o por su potencial transformador. En el documento se propone una meta de cobertura equivalente al cincuenta por ciento del grupo de edad entre 19 y 23 años. Según la propuesta, este nivel se podría alcanzar antes de diez años, concretamente en el ciclo 2020-2021. Para lograrlo se requiere la expansión del sistema con un ritmo de crecimiento sin precedentes. En números redondos, sería necesario aumentar la matrícula en las instituciones de educación superior, públicas y privadas, en un promedio en torno a 150 mil estudiantes por año. En este sexenio, en que se registró un crecimiento global importante, los picos de crecimiento fueron en torno a cien mil estudiantes.

Para incrementar la matrícula al ritmo previsto, se requiere, en primer lugar, incrementar en forma sostenida los recursos financieros del sistema. El documento propone al respecto alcanzar la meta de un gasto público en educación superior equivalente a 1.5 puntos del producto interno bruto. El nivel que se ha alcanzado al presente está en torno a uno por ciento del PIB, lo que significa que el objetivo financiero propuesto es equivalente a un cincuenta por ciento de erogación fiscal adicional. No está fácil, pero con menos de eso sería muy complicado acceder a la propuesta cuantitativa de cobertura. La otra recomendación financiera sugiere la aprobación de un presupuesto multianual expresamente destinado a lograr la meta de cobertura en el plazo previsto.

Pero el reto no es sólo financiero. Se requiere además lograr una mayor eficiencia tanto en el nivel de bachillerato como en las licenciaturas. Un crecimiento sostenido de la cobertura como el que se pretende es imposible con el actual nivel de egreso del bachillerato. Según se estima, la cobertura de la educación media superior tendría que incrementarse entre diez y veinte por ciento adicional a la tasa actual, lo que significa acceder a un escenario de atención en torno al ochenta por ciento de la demanda potencial, y además mejorar la eficiencia terminal del nivel para que éste entregue a la educación superior cuando menos un millón y medio de jóvenes. En el presente el egreso del bachillerato se estima en algo más de ochocientos mil estudiantes. Entonces el reto es duplicar la egresión del bachillerato, lo que sería impensable si no mejoran significativamente los procesos asociados al acceso, retención y culminación de estudios en este nivel.

Asimismo resulta indispensable una mejora cuantitativa notable de la retención en el ciclo de licenciatura. Se estima que en estos años la eficiencia terminal del ciclo está en el intervalo de cincuenta a sesenta por ciento con respecto a la inscripción de primer ingreso. Es decir que persiste una tasa de deserción todavía muy importante. Para abatir la deserción, además de emprender reformas académicas y administrativas pertinentes al problema, se necesita ampliar el actual esquema de becas para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica. El documento de ANUIES se pronuncia al respecto recomendando una reforma normativa para que las becas se consideren un derecho, al menos para la población escolar que proviene de hogares en los cuatro primeros deciles de ingreso familiar mensual, y que se establezca el sistema nacional de becas para educación superior que de coherencia a la actual dispersión de recursos en este aspecto.

La pretendida expansión y reforma del sistema generaría nuevos retos de coordinación. Para enfrentarlos, la propuesta de ANUIES sugiere dos medidas bastante radicales. Primera, que se establezca una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la cual se articularían los sectores y grupos institucionales que concentran la oferta educativa del nivel, las instancias de desarrollo científico y tecnológico del país, y las políticas e incentivos relacionados con la innovación. Se trata de una plataforma renovada que tiene la virtud de generar medios para articular esfuerzos hasta el momento relativamente poco integrados.

La segunda medida de coordinación se refiere al fortalecimiento y coordinación de las Comisiones Estatales de Educación Superior (COEPES) que operan en las entidades federativas del país. Estos cuerpos, junto con los consejos estatales de ciencia y tecnología, serían el elemento que haría posible, a mediano plazo, la integración y funcionamiento de sistemas estatales de educación superior, ciencia y tecnología para atender prioridades del desarrollo regional y local.

Junto con las anteriores propuestas estratégicas, se añaden recomendaciones para hacer avanzar propósitos de mayor movilidad escolar y académica, profundizar la internacionalización del sistema, restructurar el actual esquema de evaluación de programas, cuerpos académicos y actores de la educación superior, y desarrollar soluciones que permitan la renovación generacional de la planta académica.

A grandes trazos, por ahí va la propuesta. Falta todavía integrar recomendaciones de los directivos de las IES agremiadas en ANUIES y recibir la opinión de sectores tales como las IES tecnológicas y las normales. Cuando se dé a conocer el documento completo lo comentaremos en este lugar.