Roberto Rodríguez Gómez

El 16 de abril, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista, dio a conocer los trazos generales de su propuesta educativa. Ante los medios planteó algunos elementos de diagnóstico y sintetizó su pronunciamiento de política educativa en torno a diez líneas de acción. El abanderado de la izquierda hizo notar, en primer lugar, que en México “los índices de escolaridad se encuentran entre los más bajos del mundo”, condición que, según el candidato, procede de “un fundamentalismo tecnocrático”. El diagnóstico se concreta en que “en el nivel básico (…) el problema mayor radica en la calidad de la enseñanza; y en la educación media y superior el distintivo es la exclusión de miles de jóvenes.” López Obrador adelantó el meollo de una reforma: “garantizar a la gente más humilde el acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad; mejorar la calidad de la enseñanza; vincular la educación a la realidad productiva y social de los estados y las regiones, y asumir la tarea educativa con la participación de maestros, padres de familia y el esfuerzo organizado de la sociedad en su conjunto.”

Para ello propuso una serie de medidas. Con respecto al principio de equidad, que considera de la mayor prioridad, se trata de garantizar la educación gratuita a través de apoyos alimenticios, materiales e insumos escolares, acceso a internet, y sobre todo becas en todos los niveles escolares. En torno a este punto cabe anotar que la propuesta de ampliar los programas de becas que actualmente operan en México significa, en el fondo, reconocer que la política social en el campo educativo del país ha sido acertada.

En la actualidad en México se entregan cerca de ocho millones de becas y apoyos a los estudiantes. Más de seis millones a través del programa Oportunidades y el resto en los niveles de educación media superior y superior. En este renglón, México figura como uno de los primeros países, si no es que el principal, en la estrategia de fomentar el acceso y la retención escolar mediante apoyos directos a los estudiantes. Con todo, no ha quedado claro que el mecanismo haya implicado mejoras en el desempeño escolar o arrojado evidencia de avances en la calidad del sistema. Por otra parte, si los programas de becas son, en efecto, una posibilidad en la que conviene insistir ¿habrá que atribuir su implantación y desarrollo al “fundamentalismo tecnocrático” que los inspiró?

Para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje se propone: establecer como asignatura independiente de la educación básica la materia de lectura; reducir el tamaño de los grupos; impulsar las escuelas de tiempo completo; reforzar los liderazgos escolares y capacitar al magisterio. No sobra decir, en torno a estas propuestas, que en su mayor parte implicarían continuar programas, acciones y enfoques que han sido propuestos tanto por el SNTE como por la SEP desde hace varios años. Desde el sexenio del presidente Fox Quezada se echó a andar el Programa Nacional de Lectura (PNL), cuyos ejes han sido dotar a las escuelas de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula, capacitar a los maestros para que apoyen las actividades de lectura en las aulas y asegurar que esta actividad se realice en forma regular. El PNL se transmitió, con someras modificaciones, al repertorio de políticas educativas de la SEP en el actual sexenio y ha seguido su curso. Las evaluaciones del CONEVAL sobre el programa han hecho notar que la principal deficiencia estriba en la carencia de evaluaciones de impacto, tema que ha reconocido la SEP como tarea pendiente.

En torno al tema de la lectura, incluso las agrupaciones empresariales se han manifestado. El Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, recomienda implantar en las primarias y secundarias “círculos de lectura” en los que participen, además de maestros y estudiantes, los padres de familia. El SNTE, por su parte, ha insistido en el tema como puede verse en las conclusiones del IV Congreso Nacional de Educación celebrado en julio del 2007.

Otro tanto puede decirse de las escuelas de jornada completa, cuyo programa se inició, a instancias de la SEP y el SNTE, como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, en este sexenio. Sobre el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) existe incluso un manual oficial para su implantación y desarrollo pedagógico: el texto “Estrategias para el Funcionamiento y organización de las ETC en los distintos niveles y tipos de servicio educativo”. Cabe entonces preguntar ¿se trata de una propuesta de continuidad o habría algo nuevo? Si es lo segundo, no se ha explicado todavía en qué va a consistir.

El pronunciamiento de López Obrador identifica al “cacicazgo sindical” como uno de los mayores obstáculos para avanzar en materia educativa. Hace ver que la simbiosis entre la SEP y el SNTE no ha hecho sino reforzar el problema en lugar de superarlo. Y propone como solución apoyar la democratización del Sindicato. El tema ciertamente es complejo pero habría que discutir, por lo menos, si los sindicatos educativos independientes y democráticos (por ejemplo los sindicatos universitarios, o las fracciones disidentes del SNTE), han dado evidencia de un papel positivo y transformador de la educación del país.

Las propuestas de política educativa para la educación media superior y superior se concentran, por un lado, en la idea de ampliar los niveles de acceso en las instituciones públicas, y por otro en acercar el currículum de las instituciones tecnológicas a las realidades regionales y locales. Sobre lo primero no hay mucho que decir, es el mismo lineamiento de política sectorial de los últimos años y es también la propuesta de los demás partidos. Sobre lo segundo, el enfoque regional de las escuelas tecnológicas, cabe señalar que pasa por alto las experiencias, algunas positivas y otras no, de instituciones tales como CONALEP, universidades e institutos tecnológicos y universidades politécnicas, que surgieron, precisamente, con ese enfoque.

En fin, ninguna idea realmente innovadora.