Roberto Rodríguez Gómez

El pasado 15 de mayo, como se ha vuelto tradicional en la ceremonia conmemorativa del día del maestro, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunció algunos cambios concernientes a la política educativa del régimen. En particular, suscribió y dio a conocer, en sus rasgos generales, el decreto por el que se reforma el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Con esta medida se independiza, formalmente, el instituto de la SEP a través de la figura de organismo público desectorizado.

Minutos antes, en la misma ceremonia, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, había dado a conocer que el sindicato, por medio de su representación legislativa, ha iniciado la gestión de una iniciativa de ley para “elevar a rango constitucional” la creación de un organismo de evaluación autónomo de la SEP y del SNTE. Tal organismo tendrá como objeto, entre otras tareas, la evaluación del desempeño docente.

La coexistencia de dos fórmulas para institucionalizar la evaluación de los componentes y procesos de la educación obligatoria, es decir la propuesta gubernamental plasmada en el decreto de reforma del INEE versus la alternativa del SNTE, no es, ni mucho menos, el único punto de desencuentro entre la autoridad educativa y el gremio magisterial. La alianza política y educativa suscrita al principio del sexenio ha sido fracturada, y una de sus manifestaciones más elocuentes es, precisamente, el desacuerdo en torno a la evaluación universal del magisterio, comprometida hace un año.

En el contexto de la elección presidencial, la dirigencia sindical ha iniciado el realineamiento, más bien el retorno, a la opción política del PRI y juega ahora un franco papel opositor, culpando a las autoridades de los déficit educativos del sexenio. Así son las cosas.

No carece de interés, por lo tanto, contrastar el tipo de autonomía que recibe el INEE con el decreto presidencial frente al diseño institucional que implica la iniciativa de los legisladores sindicales. Pero antes de entrar de lleno al tema, veamos los antecedentes inmediatos de la institución.

La creación del INEE

Hacia el segundo semestre de 2000, Rafael Rangel Sostmann, coordinador del equipo de transición educativa del presidente electo, Vicente Fox Quezada, hablaba del proyecto de instituto de evaluación como “una especie de IFE educativo”. En entrevistas, principalmente las del diario Reforma, hacía la comparación con el organismo electoral para indicar que la SEP requería una instancia de evaluación que no fuera “juez y parte”.

El documento Bases para el Programa 2001-2006 del Sector Educativo, coordinado por Rangel, dedicó un capítulo al proyecto. Sobre la personalidad jurídica del instituto se indica en las Bases que podría ser: “un organismo autónomo por Ley del Congreso de la Unión”. Sin embargo, también se admite otra posibilidad: “Alternativamente puede pensarse en la creación de un organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, creado por decreto del Ejecutivo” (p. 156). Además de un director general, se proponía que la estructura de gobierno estuviera compuesta por tres consejos: directivo, consultivo y técnico, y una estructura operativa integrada por tres subsistemas: indicadores, medición del aprendizaje, así como autoevaluación y monitoreo de centros escolares.

Tal estructura coincide con la establecida, en 2002, en el decreto de creación, es decir que el perfil del INEE es, básicamente, el contenido en las Bases. Lo interesante, sin embargo, es que el grupo de transición recomendaba que la iniciativa de ley para el nuevo organismo estuviera lista desde diciembre de 2000, esto es, al inicio del sexenio. También se sugería que en los primeros cien días el gobierno se seleccionara a los integrantes de sus cuerpos de dirección y, un aspecto importante, la transferencia completa de la Dirección General de Evaluación de la SEP y del Programa Carrera Magisterial.

Más aún, en diciembre del 2000, el presidente Fox, reunido con la dirigencia sindical en el marco del Cuarto Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, celebrado en Chihuahua, señaló “impulsaremos la creación de un organismo evaluador externo a la propia Secretaría de Educación Pública. Algunos lo imaginan como un IFE educativo que goce de independencia para que pueda hacer su tarea de manera objetiva.”

¿Por qué un proyecto, listo en diciembre de 2000 y supuestamente fundamental para el cambio educativo anunciado, demoró casi dos años en arrancar? No hay una respuesta obvia a esta pregunta, pero sí algunas claves que nos permiten interpretar los recovecos de su trayectoria.

A falta de definiciones precisas por la SEP en el inicio de la administración, la pista del INEE estaba abierta. Algunas instituciones como el Instituto de Fomento a la Investigación Educativa A. C. (IFIE), el propio SNTE, académicos relacionados con la educación y algunos legisladores externaban proyectos y opiniones, sin llegar a puntos de consenso. No obstante, dos hechos aceleraron la creación del organismo. Primero, que el proyecto fue incluido en el Programa Nacional de Educación del sexenio, dado a conocer en septiembre de 2001. Segundo, la publicación en el periódico Reforma, de los resultados obtenidos por México en la prueba Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias Naturales (TIMSS), aplicada en México en 1994-1995, cuyos resultados permanecieron en reserva hasta que el diario los dio a conocer en octubre de 2001 (cfr. Carlos Ornelas, El INEE: promesas y escepticismo).