Roberto Rodríguez Gómez

Uno de los indicadores más simples para ponderar el desempeño de las políticas educativas es el que remite a la comparación entre el volumen total de matrícula existente en los distintos ciclos o niveles escolares, contra el volumen de población correspondiente al grupo de edad que normalmente participa en dichos ciclos o niveles. Se trata del indicador de cobertura, o técnicamente la tasa bruta de cobertura educativa. Es un indicador de sencilla construcción porque, comúnmente, las estadísticas nacionales cuentan con datos demográficos desglosados por edad, y con registros censales de matrícula. En México las tasas oficiales se sustentan en dos fuentes. Para la matrícula, la estadística que proviene de los formatos 911 de la SEP; para la población, las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población, el Conapo.

La tasa bruta de cobertura forma parte del repertorio de indicadores recomendado por la UNESCO, aunque el organismo internacional enfatiza las limitaciones de interpretación de este indicador: “La tasa bruta de matrícula puede superar el 100% debido a la inclusión de alumnos que han ingresado prematura o tardíamente a la escuela y a los repetidores. En este caso, una interpretación rigurosa de la GER requiere información adicional que permita evaluar el grado de repetición, de ingresos tardíos, entre otros.” En consecuencia, propone complementar la información mediante tasas netas de cobertura.

La difusión de tasas netas ha tendido a generalizarse. Ya es una práctica común en los reportes de la OCDE y, cada vez más, en las estadísticas educativas oficiales de los países de América Latina. En México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha publicado tasas netas para la educación básica y el bachillerato, en las últimas ediciones de su Panorama Educativo. Sobre la educación superior no contamos, sin embargo, con algo comparable que tenga carácter de información oficial.

Más aun, todo parece indicar que persisten problemas técnicos para la construcción y divulgación de algo aparentemente tan simple como las tasas de cobertura. Un problema interesante se relaciona con las fuentes de información, otro con la definición de los intervalos que corresponden a los grupos de edad en los distintos ciclos escolares. Veamos algunos ejemplos.

Aunque el INEGI dio a conocer oportunamente los resultados definitivos del Censo 2010, la estadística educativa oficial mantiene como base demográfica las estimaciones poblacionales del Conapo para el periodo 2005-2050 corregidas en 2007. Al parecer ya existen nuevas proyecciones, tal y como se colige de la nota de pie de página del cuadro titulado “Proyecciones de Población e Indicadores Demográficos” del último informe de gobierno del presidente Calderón Hinojosa, anexo estadístico.

Al final de la tabla citada se indica que la fuente es: Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población. Serie histórica basada en la conciliación demográfica a partir del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y el Censo de Población y Vivienda 2010. ¿Por qué no se difunde la serie correspondiente, para que todos los interesados tengamos la misma información que utiliza la presidencia en el informe?

En ese cuadro hay datos como para rascarse la cabeza. Por ejemplo, la columna de “saldo neto migratorio” indica el valor de menos 551,500. El 21 de junio de este año, el INEGI informó que ese indicador se había reducido, prácticamente, a un valor de cero. ¿Para qué conservar entonces un dato tan alto, y por lo visto sobrestimado, en las proyecciones?

Las diferencias entre los datos censales y los de Conapo no son insignificantes, sobre todo en algunos segmentos de población. El Censo indica, por ejemplo, que entre tres y cinco años de edad (grupo del preescolar) había en 2010 seis millones 535,235 niños. La proyección Conapo, para el mismo año, establece cinco millones 723,801 infantes de esa edad. Nada menos que una diferencia de más de ochocientos mil individuos. Claro, las tasas oficiales de cobertura para preescolar se basan en la cifra corta, no faltaba más.

El cuadro de Indicadores del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, también del anexo estadístico del VI informe del presidente Calderón, reporta tasas de cobertura por tipo educativo. Llama la atención, entre otros aspectos, que una sección del mismo se titula “Cobertura educativa a través de la matrícula escolarizada”. Pero, en el renglón de educación superior, se hace una llamada de pie de página y en ésta se lee: Nota 5: “Alumnos inscritos en las instituciones de educación superior en un ciclo escolar por 100/Población de 19 a 23 años de edad (Incluye no escolarizado).” ¿En qué quedamos?

Un último ejemplo, es muy extraño. En la publicación oficial de la SEP “Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras”, cuya última edición corresponde al ciclo escolar 2010-2011, se reportan tasas de cobertura para cada nivel de estudios (página 27 del documento). Para educación primaria se utiliza el intervalo de 6 a 12 años y se obtiene un valor de 100.6%. Entre seis y doce años hay siete años y la primaria dura solamente seis ¿para qué agregar un año más en donde no existe? Con ese misterioso sesgo, los intervalos subsecuentes se corren una año: para secundaria de 13 a 15, para bachillerato de 16 a 18 y para superior de 19 a 23. En cambio en el informe presidencial se adjudica la cobertura de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) a un grupo de edad entre cuatro y quince años. Al sustraer del cálculo el año tres, se eliminan del denominador nada más dos millones de individuos. La danza de las cifras.