Roberto Rodríguez Gómez

Cuando la doctora María Esther Orozco Orozco fue designada rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en mayo de 2010, difícilmente podía imaginar el cúmulo de problemas y conflictos que enfrentaría durante su gestión directiva. Cierto es que recibió la administración universitaria en condiciones académicas, económicas y políticas más bien difíciles, y también que llegó al cargo con la intención de remontar las principales deficiencias atribuidas a la institución.

En los últimos meses de la gestión del ingeniero Manuel Pérez Rocha, fundador y primer rector de la UACM, se desató en los medios de prensa un ácido cuestionamiento sobre los resultados alcanzados en la primera década de operación de la Universidad. La crítica se hacía recaer sobre tres cuestiones. En primer lugar, la insistencia en un proceso de selección académica sin examen de admisión de los aspirantes; en segundo, el escaso número, apenas unas decenas, de titulados en los programas de licenciatura de la UACM; en tercero, la reticencia del rector en funciones de comparecer ante el órgano legislativo del Distrito Federal para justificar el proyecto académico y rendir cuentas de los logros obtenidos. La campaña mediática desencadenada estaba generando una imagen de la Universidad como un proyecto de buenas intenciones, pero con magros resultados.

Para peor, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) asignó a la Universidad un presupuesto para el ejercicio 2010 de sólo 755 millones de pesos, la misma cantidad que en 2009. En ese año la solicitud presupuestaria de la UACM superaba los mil millones de pesos, justificados en la construcción de dos planteles adicionales, el incremento al salario académico y el apoyo a proyectos culturales y de investigación en la institución.

Aparte, aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación, por gestiones de la ANUIES, autorizó un complemento de cien millones tanto en 2008 como en 2009, la Secretaría de Finanzas del DF retuvo la entrega correspondiente, y por lo tanto se adeudaban a la Universidad doscientos millones de pesos. Según el rector Pérez Rocha el adeudo estaba asfixiando las finanzas universitarias y había impedido la ampliación de instalaciones y el consiguiente incremento de la matrícula.

El factor económico habría de gravitar señaladamente en el proceso electoral que favoreció a la doctora Orozco. Uno de los mensajes de su campaña era que, con ella, sí habría recursos, que se encargaría de gestionar la regularización del presupuesto y conseguir un financiamiento adecuado para la Universidad. Esta propuesta, acompañada de un impecable currículum académico y una probada buena relación con las autoridades del Distrito Federal convencieron a la gran mayoría de los consejeros universitarios de apoyar su candidatura. Orozco triunfó en las elecciones con 30 votos a favor contra ocho de su oponente, el doctor Hugo Aboites.

Al acto de toma de posesión, el 7 de mayo de 2010, asistió Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de la Ciudad. Aunque fue abucheado por estudiantes en reclamo de los recursos económicos hasta ese momento regateados, el clima cambió cuando el mandatario afirmó “no les faltará ni un centavo mientras yo sea jefe de Gobierno”. Por su parte, la doctora Orozco informó, en su discurso, que “el gobierno de la ciudad y la UACM sostendrán una mesa de diálogo el próximo lunes (10 de mayo de 2010) para abordar el tema presupuestal de esta casa de estudios”. Además dijo que el gobierno le donó a la institución un edificio del Centro Histórico del siglo XVIII. (Nota de Rafael Montes, El Universal, 7 de mayo de 2010). En octubre de 2010 se liberaron, finalmente, los recursos retenidos.

Menos de un año habría de durar la tranquilidad política en la UACM. Uno de los primeros síntomas del potencial de conflicto entre los órganos de gobierno de la Universidad (el Consejo Universitario y la Rectoría) giró en torno al destino del presupuesto adicional autorizado por el GDF. La representación de académicos y estudiantes cuestionaba la falta de información precisa y una posible discrecionalidad en el manejo de esos fondos porque, se indicaba, no habían sido sometidos a la deliberación del órgano colegiado. A esos cuestionamientos se habrían de sumar diversos reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM), fundamentalmente la, según la organización, indebida retención de cuotas sindicales, varios despidos injustificados, así como el incumplimiento de diversas cláusulas del contrato colectivo.

En marzo de 2011 un evento adicional abriría un nuevo frente de controversia. Hacia esas fechas trascendió que la Comisión de Educación de la ALDF había aprobado modificaciones al contenido del Estatuto Orgánico General (EGO) de la UACM. Consistían esas modificaciones, por una parte, en incorporar a la Ley de la UACM algunas disposiciones incluidas en el EGO pero no en la norma fundamental, cuestión meramente técnica. Pero, además, se añadían dos modificaciones de fondo: la posibilidad de que el rector en funciones pudiera optar por un segundo periodo al frente de la institución y la prerrogativa de “elegir al personal de confianza que estime pertinente, con el objeto de fortalecer la autonomía institucional” (versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Educación de la ALDF, 25/03/2011).

Las autoridades universitarias no tardaron en expresar su inconformidad contra la iniciativa, al considerarla un ataque a la autonomía de la casa de estudios. Aunque la defensa de la autonomía la encabezaron nominalmente la autoridad colegida (el Consejo Universitario) y la autoridad unipersonal (la rectora de la UACM) y se contó con el pleno respaldo de las comunidades, una sombra de duda campeaba en el ambiente: ¿las reformas diseñadas fueron solicitadas por la propia Rectoría, por alguna fracción del tablero político universitario o simplemente surgieron motu proprio de la mente de los legisladores?