Roberto Rodríguez Gómez

A finales de 2011 la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) llevó a cabo una auditoría sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el objetivo de fiscalizar el Sistema de Evaluación al Desempeño de la institución. La revisión correspondiente evaluó la eficacia en el cumplimiento de metas programadas, la eficiencia de los procesos, la economía en la aplicación de los recursos asignados, así como la competencia profesional de los “servidores públicos”.

El ejercicio fue reportado este año como parte del Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del GDF correspondiente al ejercicio de 2010 (Tomo II, volumen 16, págs. 217 a 327). Se trata de un documento muy interesante desde varios puntos de vista. Ante todo, por la información que contiene: datos acerca de la matrícula real de la UACM, las trayectorias escolares, la eficiencia terminal por plantel, programa y nivel de estudios, el perfil académico de la planta docente, la administración de los recursos, así como los procesos de gestión que se desarrollan en la Universidad.

En el texto se incluyen, tanto las observaciones puntuales de los auditores como las respuestas proporcionadas por el “ente fiscalizado”, es decir por las autoridades de la Universidad. Conviene advertir que del cúmulo de observaciones planteadas en el documento, prácticamente ninguna está orientada a señalar usos indebidos de recursos. Las principales observaciones se concentran en puntualizar, por una parte, déficit de información sobre prácticamente la totalidad de los procesos revisados, así como un importante grado de irregularidad en materia normativa.

Los auditores no omiten subrayar los escasos resultados alcanzados por la Universidad en términos de egreso y titulación de estudiantes, aunque tampoco pasan por alto que en la institución “carece de indicadores de gestión y de desempeño que permitieran determinar el grado de cumplimiento de sus objetivos.” (pág. 268).

Con respecto al rubro de eficiencia administrativa y de gestión, la auditoría concluye: “Se constató la falta de actualización o elaboración de normativas acordes a la figura jurídica y las necesidades de la UACM, en contravención a lo establecido en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.” (pág. 271). Esta falla tiene un doble origen. Por un lado la falta de actualización de los manuales correspondientes, y principalmente la carencia de normas generales que regulen las funciones institucionales.

En respuesta a esa observación, central en la auditoría, las autoridades respondieron que la UACM se encontraba en proceso de revisión de sus estructuras (académica y administrativa) y normas en el marco del Congreso General Universitario, y que el cierre de actividades de esa instancia, en el evento denominado “Semana Cumbre”, del 4 al 8 de junio, el Consejo Universitario podría iniciar las actividades legislativas correspondientes para la aprobación de los estatutos faltantes, entre ellos, el estatuto del personal académico. La respuesta concluye que “en breve se esperan tener los resultados del Congreso agendadas en Sesiones Próximas del Consejo Universitario.” (pág. 275).

En efecto, el Segundo Consejo Universitario de la UACM dedicó parte de sus actividades del periodo 2010-2012 a la organización y realización de dicho Congreso. El periodo de organización coincidió, sin embargo, con el lapso en que entró en conflicto el órgano colegiado con la rectoría, tal como fue reseñado en entregas anteriores de esta serie. Ello implicó el escaso apoyo que la autoridad administrativa brindó al CU para la concreción de este importante acto académico.

En el segundo semestre de 2011 tuvieron lugar algunos foros preparatorios. Pero las principales actividades del Congreso se verificaron en el primer semestre de 2012. Gracias al CU, en los cinco planteles de la UACM se realizaron foros y mesas de trabajo. Se recibieron más de sesenta propuestas relacionadas con la estructura y la normativa universitaria, y se llevaron a cabo aproximadamente cuarenta eventos centrados en la reforma académica y jurídica de la institución.

Al cabo de la “Semana Cumbre”, el 27 de junio, la Comisión Temporal para la Organización del Congreso General Universitario publicó en el diario El Universal un desplegado en que manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos en el Congreso, en especial las propuestas para establecer una nueva estructura académica y administrativa. La rectoría, en cambio, omitió pronunciarse sobre el evento o reconocer públicamente que los resultados obtenidos fincarían la base para la renovación académica, administrativa y jurídica de la institución. Lo dejó pasar.

A partir de ese momento otro tema, de indiscutible importancia, habría de concentrar la atención de las autoridades y del órgano colegiado: la integración del Tercer Consejo Universitario mediante el proceso electoral previsto. El conflicto que hoy enfrasca a la institución está directamente relacionado con esas elecciones. La próxima semana cerraremos la serie concentrándonos en lo ocurrido.