Roberto Rodríguez Gómez

A la entrega de esta columna se mantiene la toma de las instalaciones de la Dirección General del CCH y de otras dependencias universitarias colindantes. La semana pasada, luego de algunos intentos de diálogo entre las autoridades del Colegio y los integrantes de la Coordinadora General de CCH Ampliada, como se ha denominado el colectivo que protesta por la iniciativa oficial de renovación del programa de estudios y exige la cancelación de sanciones por disturbios previos en el CCH Naucalpan, las posibilidades de interlocución se vieron truncadas, el pasado 14 de febrero, cuando la representación de los paristas evitó recibir a la directora del Colegio, Lucía Laura Muñoz Coronel, en una cita previamente convenida.

Posteriormente los paristas anunciaron la opción de reanudar el diálogo, y en su caso la negociación conducente a la devolución de las instalaciones, el martes 19 de febrero a partir de las 15 horas. También la semana pasada abundaron en el entorno universitario expresiones de la comunidad académica subrayando la importancia de no ceder ante las exigencias de impunidad de quienes participaron en la toma de instalaciones y en los eventos de Naucalpan. Una carta pública, entregada al rector el 15 de febrero, firmada por connotados intelectuales universitarios, entre ellos los exlíderes de movimientos estudiantiles y docentes Gilberto Guevara Niebla y José Woldenberg, señala “hacemos un llamado a las autoridades a que no transijan con la legislación universitaria como tampoco en contra de la academia. Tenemos todos, profesores e investigadores, el compromiso de formar y educar a mejores estudiantes.”

Por otra parte, en la mañana del 14 de febrero, se hizo llegar al rector una comunicación, suscrita por más de cuatrocientos profesores del CCH Naucalpan, cada uno de ellos debidamente identificado, en la que se insta a las autoridades a actuar “con firmeza y prontitud y se aplique a los responsables todo el rigor de la legislación, sin ceder ante amenazas o demandas.” Similar la posición manifestada por la representación sindical de los trabajadores universitarios, el STUNAM, así como por las Asociaciones de Personal Académico, las AAPAUNAM. Ambas organizaciones gremiales exigen que no queden impunes los actos de violencia en contra la Universidad.

La mayoría de los medios impresos y electrónicos de cobertura nacional han coincidido, asimismo, en la búsqueda de una salida que evite cualquier posibilidad de chantaje contra el interés institucional. La mayoría de los reportes de prensa y las columnas de opinión perciben el conflicto del CCH como una amalgama indiscernible de demandas contra la innovación curricular y exigencias de impunidad en los actos violentos de protesta. Difícilmente esta imbricación logrará ser discernida en el corto plazo.

Algunos grupos estudiantiles de los planteles del CCH han intentado deslindarse de la acción violenta y de las exigencias de impunidad manteniendo, en cambio, demandas de participación estudiantil en el debate sobre la actualización del Plan de Estudios del CCH. No obstante, su visibilidad y capacidad de incidencia en la coyuntura ha sido opacada por la fuerza mediática del conflicto. Tras años de estabilidad y paz interna, un evento de esta naturaleza ha colocado sobre la UNAM todos los reflectores.

Al anunciar la nueva cita, la del 19 de febrero, los paristas establecieron algunas condiciones. Por ejemplo, se reservan la opción de autorizar exclusivamente la presencia de aquellos medios de comunicación que, a su entender, satisfagan condiciones de objetividad y ética periodística.

La respuesta institucional no tardó en llegar. La directora general del CCH entregó, a primera hora del martes 19, uno comunicado que señala que “solo se presentarán a las pláticas si los espacios son entregados previamente”. Los paristas respondieron, poco más tarde, que devolverán instalaciones cuando en la negociación se resuelva su pliego petitorio, “haciendo hincapié en las injustas expulsiones y persecuciones judiciales contra compañeros y en sancionar el abuso de autoridad en aras de resolver el conflicto de fondo”. (Excélsior, 19 de febrero 2012). Además, instaron a la instalación de un conjunto de mesas de diálogo para abordar los distintos aspectos del conflicto y lograr resoluciones puntuales.

Hasta el momento las máximas autoridades de la Universidad, el rector, el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, han asumido una postura prudente, se han evitado declaraciones improvisadas a los medios y se ha buscado acotar el conflicto a los linderos institucionales del CCH. Esta condición puede cambiar pronto, las presiones internas y externas para que la UNAM asuma un esquema de solución son grandes, y no cabe desatenderlas. Desde luego, el cálculo de riesgos e implicaciones de cualquier salida forzada está presente en el tablero.

En otras ocasiones el rector Narro ha insistido en la necesidad de escuchar a los jóvenes. Eso no va a cambiar, y no debe confundirse con una posición de debilidad ante las críticas y protestas de los estudiantes. Hay una vía para transitar en las demandas de participación de los alumnos en la renovación curricular de bachillerato universitario, seguramente se insistirá en ella, se ampliarán los plazos para la deliberación de las reformas y se ofrecerán canales para la expresión de las inconformidades y el planteamiento de alternativas y nuevos temas. Pero no será ni el chantaje ni la violencia un medio viable para procesar este conflicto.

¿Cómo y cuándo termina? Hoy es difícil saberlo.