Roberto Rodríguez Gómez

La autonomía financiera y de gestión académica, así como la renovación de las formas de gobierno universitarias aparecen como temas relevantes de la Ley relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades, aprobada por el Parlamento francés el pasado 11 de agosto. Sin embargo, el leitmotiv de la medida alude a los retos de competitividad de la universidad en el contexto europeo, así como a la problemática de la inserción laboral de los egresados. Para entender sus alcances en el énfasis en la cuestión de la empleabilidad, resulta provechoso remitirnos al llamado debate universidad-empleo, organizado por el gobierno francés el año pasado.

En abril de 2006, el entonces presidente Jacques Chirac encomendó a Patrick Hetzel, rector de la Academia de Limoges, la misión de formar y presidir una comisión de debate nacional sobre el tema. El grupo se integró con 15 personalidades del medio universitario, de las asociaciones profesionales y de los grupos empresariales. La comisión enfocó su labor a recoger las expresiones de grupos y personas interesadas en el debate.

Los diagnósticos, deliberaciones, documentos de trabajo y conclusiones de la Comisión están recogidos en http://www.debat-universite-emploi.education.fr, por lo cual sólo citaremos las conclusiones programáticas centrales: a) luchar contra el fracaso escolar en la universidad; b) reconsiderar la información y la orientación vocacional; c) mejorar la profesionalización de la formación universitaria; d) acercar duraderamente a la universidad y el mundo del trabajo; e) crear una alianza universidades-empleadores enfocada al crecimiento, y f) hacer evolucionar el sistema universitario en su conjunto.

En torno a cada una de esas propuestas, la comisión recomendó reformas organizativas y académicas y sugirió la creación de ámbitos intermedios para facilitar la relación entre el medio universitario y el productivo. Las palabras finales del reporte sintetizan el problema abordado y el enfoque de solución: Las universidades francesas, tras haber afrontado el reto de crecimiento demográfico de la población estudiantil, deben centrar hoy su batalla en el empleo de los jóvenes y acompañar una renovada dinámica de crecimiento nacional. Las prácticas originales y eficaces no faltan en la universidad francesa. Su definición, difusión y aplicación al conjunto del sistema permitirán, a las universidades, afrontar el desafío de la formación y la inserción profesional de los jóvenes. Los espíritus están dispuestos para la concreción de un pacto nacional por la universidad.

Por la importancia de ese debate, tras el relevo de gobierno, ni la ministra Valérie Pécresse, promotora de la nueva ley, ni los legisladores en su dictamen de la iniciativa, dejaron de pronunciarse al respecto. En la exposición de motivos del proyecto se relacionan los temas de la autonomía universitaria, el desempeño escolar y la inserción laboral indicando que el éxito de los estudiantes en la universidad pasa por la libertad otorgada a las universidades de aplicar, en el marco de los títulos nacionales, las formaciones más pertinentes, así como encontrar a los socios, públicos y privados, en condiciones de apoyar su política científica y de formación profesional.

En tono más retórico, la ministra, en el discurso de presentación del proyecto a la Asamblea Nacional (23/07/06), alertó sobre la urgencia de la reforma en favor de los estudiantes: Es hora de hablar con sinceridad a nuestra juventud. Ya no hacer creer a los estudiantes y a sus familias que la igualdad de oportunidades es el derecho para todos de hacer todo. A continuación, romper con la indiferencia: no podemos seguir cerrando más los ojos sobre una situación que cada uno sabe explosiva.

¿De qué manera se plasmaron estas preocupaciones e intenciones en la reforma legal? En primer lugar, mediante la incorporación de nuevos enunciados en la lista de las misiones de servicio público de la enseñanza superior. El texto previo a la reforma (art. L.123-3 del Código de Educación) indicaba como misiones de la universidad: la formación inicial y continua; la investigación científica y técnica, así como la valorización de sus resultados; la difusión de la cultura y la información científica y técnica y la cooperación internacional. El nuevo texto agrega la orientación y la inserción profesional, así como la participación en la construcción del Espacio Europeo de la educación superior y la investigación. El primer mandato implica una transformación conceptual muy relevante: se reconoce el papel corresponsable de la institución en la orientación de las vocaciones profesionales, al mismo tiempo que se señala la corresponsabilidad de la universidad en el destino laboral de los egresados.

Si se toma en cuenta que más de la mitad de los universitarios franceses no consiguen titularse, la mayoría de los cuales abandona tempranamente la universidad, y que casi la mitad de los egresados no logra una colocación profesional antes de un año, se entiende bien la adición formal de la misión de orientación e inserción, la cual se busca complementar con otros derechos: el artículo 20 de la nueva norma instaura un procedimiento de preinscripción con el fin de permitir a cada estudiante elegir el establecimiento en que proseguirá estudios, el artículo 21 obliga a cada universidad a crear una oficina de ayuda a la inserción profesional, y el artículo 22 faculta a los rectores a contratar estudiantes como tutores o bibliotecarios, medida que puede servir para evitar deserciones por razones económicas. Otras reformas, como la incorporación de representantes empresariales en los consejos de administración de las universidades, o la habilitación para contratos de vinculación con empresas, también se justifican como medios para aproximar el medio laboral al académico.

La reforma de ley anticipa cambios importantes en el sistema universitario. No extraña que antes de su aprobación y posterior a ésta haya tenido lugar un debate crítico sobre el rumbo futuro de la universidad francesa.