Roberto Rodríguez Gómez

Cuando esta columna se publique quizás haya encontrado su desenlace la ocupación de la torre de rectoría a cargo de un mínimo contingente de jóvenes cuya acción es justificada, por ellos mismos, como una forma de presión para que las autoridades universitarias cancelen el proceso de expulsión de cinco estudiantes del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades que fueron sometidos al procedimiento disciplinario por haber cometido actos vandálicos en esa instalación universitaria el pasado primero de febrero.

Además de esa exigencia puntual, quienes han ocupado la rectoría de la UNAM exigen un diálogo público con las autoridades para desahogar otras demandas, así como el desistimiento de cualquier proceso contra quienes han participado en actos de protesta contra las autoridades universitarias.

La respuesta del rector de la Universidad, José Narro Robles, ha sido clara, enérgica y oportuna. Para comenzar rechaza entablar interlocución en condiciones de presión: “No habrá diálogo en tanto no entreguen las instalaciones”, señaló. En segundo lugar, informó a los medios que desde el viernes 19 de abril, día en que se perpetró la toma de la rectoría, el Abogado General de la UNAM presentó ante el ministerio público federal una denuncia de hechos, con la cual se abre la vía jurídica para obligar, en caso que no se encuentre otra solución, a la devolución de las instalaciones.

Por otra parte, se ha informado que el Tribunal Universitario ha agotado las instancias del proceso correspondiente a la expulsión de los alumnos del CCH Naucalpan y que es inminente una resolución definitiva. Todo lleva a suponer que el órgano disciplinario ratificará las sentencias de expulsión y que se procederá, en el mismo sentido, contra quienes dañaron la Dirección General del CCH en las primeras semanas de febrero.

Aunque los jóvenes que ocuparon la rectoría pretender aparecer como vanguardia radical del movimiento estudiantil, en realidad ningún contingente estudiantil significativo los respalda. Ni siquiera los alumnos del CCH Naucalpan se han movilizado para apoyar esa acción. Los inconformes, incluso, se han negado a participar en asambleas de estudiantes en Ciudad Universitaria y tampoco han movilizados sus fuerzas para extender la base social que dicen representar. No son como tal un movimiento estudiantil sino, en todo caso, jóvenes que buscan activar, mediante la acción directa, otras expresiones de protesta social.

Hasta ahora el rector Narro se ha conducido con prudencia y buen cálculo político. Como él ha señalado, se busca ante todo evitar la provocación. ¿Por qué la provocación? Porque una reacción violenta e intolerante podría activar a grupos de la izquierda universitaria que, hasta el momento, han permanecido al margen del conflicto precisamente por dudar de la legitimidad política y social, así como de las formas de acción, del segmento radicalizado. La sola presencia de fuerzas del orden público en el campus universitario podría cambiar esa condición. Pero también se busca evitar una eventual confrontación entre estudiantes, en el caso, por ejemplo, de que alumnos inconformes con la toma de las instalaciones se propongan recuperar por cuenta propia las instalaciones.

¿Qué salidas se han diseñado? Primera, alentar la expresión de las comunidades universitarias (estudiantes, académicos y trabajadores) en contra de la ocupación. Segunda, transitar estrictamente por la vía legal la restauración del orden universitario. La instancia jurídica de la Universidad ha dejado en el terreno de la Procuraduría General de la República una eventual acción de detención y procesamiento de los implicados en la acción violenta.

Lo más importante es que la interacción con la autoridad pública federal ha sido transparente y comunicada con eficacia por el Abogado General de la institución. Ojalá esta estrategia cumpla el propósito de disuasión para el que parece haber sido diseñada. Para evitar confusiones, no se trata de que el rector Narro haya invitado a la fuerza federal para que actúe dentro de la Universidad. La institución es un espacio público, sin jurisdicción extraterritorial.

Es de esperarse, por supuesto, que la solución final sea pacífica. Que los jóvenes que tomaron la rectoría se desistan de la acción y devuelvan las instalaciones. Sería lo mejor para todos. Pero aún en el caso en que proceda la actuación de la fuerza pública, el rector debe contar con el respaldo de la amplia comunidad universitaria que encabeza, para lo cual resulta imperativo que persevere en las prácticas de acercamiento y diálogo con estudiantes, profesores y trabajadores.