Roberto Rodríguez Gómez

Desde la aprobación de los cambios al artículo tercero de la Constitución, cuyo ciclo legislativo concluyó el 26 de febrero mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto respectivo, las organizaciones del magisterio han manifestado preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma sobre la estabilidad de las plazas docentes y las opciones de promoción en la carrera magisterial. La evaluación docente es percibida, en ese sentido, como un riesgo laboral antes que un mecanismo orientado promover la calidad del sistema educativo.

La primera reacción organizada frente a la reforma corrió a cargo de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El 21 de diciembre del año pasado, un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa presidencial de la reforma, el sindicato organizó una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional. En dicha reunión se acordó llevar a cabo acciones de resistencia pacíficas sin implicar la suspensión de labores académicas: recolección de firmas, solidaridad con organizaciones docentes de otros países, y búsqueda de respaldo de organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas. En el mismo cónclave gremial se determinó centrar la protesta sobre la regla de condicionar la permanencia en la plaza magisterial a procesos periódicos de evaluación.

La movilización del SNTE, en realidad circunscrita a la expresión de inconformidad de la dirigencia con la palabra “permanencia” en el texto aprobado por los legisladores federales, no tuvo mayores consecuencias prácticas. No obstante, el SNTE insistió: el 6 de febrero de este año, en la reunión conmemorativa del 36 aniversario de la sección 36 del sindicato, correspondiente al magisterio del Estado de México, y en presencia del gobernador de esa entidad federativa, la entonces líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, acotó “estamos con el presidente Peña Nieto en el esfuerzo de la modernización educativa, estamos con él para profundizar y elevar la calidad de la educación; no estamos con el Congreso por la palabra permanencia: no la vamos a permitir”.

La maestra Gordillo fue detenida y apresada el mismo día en que se publicó el texto definitivo de la reforma, es decir el 26 de febrero. A partir de entonces la postura pública de la dirigencia sindical se modificó. El nuevo dirigente del SNTE, el profesor jalisciense Juan Díaz de la Torre, quien funge con el cargo de presidente del Consejo General Sindical, prácticamente en todas las reuniones en que ha participado junto con el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, por ejemplo en los foros organizados por la SEP para la formulación del capítulo educativo en el Plan Nacional de Desarrollo, ha subrayado la coincidencia de la dirigencia nacional con los propósitos de mejora cualitativa que, desde su perspectiva, inspiran la reforma, dejando en suspenso la inicial postura crítica del sindicato sobre las implicaciones laborales del cambio.

El cambio de estrategia política del SNTE abrió espacio para que la fracción disidente, organizada en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), enfilara todas sus baterías de protesta en contra de la reforma educativa en ciernes. Aunque la distintas secciones del gremio adscritas a la Coordinadora han desarrollado diferentes formas de movilización y confrontación, un elemento en común es el cuestionamiento a la evaluación docente “con consecuencias”, es decir la que habrá de aplicarse para modular los procesos de ingreso, promoción y permanencia en la carrera docente.

Frente a la opción de una fórmula de evaluación única del desempeño magisterial, los maestros de la Coordinadora argumentan la necesidad de procesos de evaluación de tipo formativo, que atiendan a la diversidad de los contextos socioeconómicos y regionales en que se lleva a cabo la tarea magisterial, que se eviten en todo caso consecuencias punitivas, y que se preserven las conquistas sindicales y laborales alcanzadas hasta el momento.

Dentro de esta vertiente se inscribe la propuesta entregada a los legisladores federales por el gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo contenido comentamos aquí la semana pasada. Aunque la sección 22 del SNTE, representativa de los maestros de Oaxaca y parte integral de la CNTE, se ha deslindado de la iniciativa del gobernador Gabino Cué Monteagudo, lo cierto es que este movimiento ha alentado expectativas de que en la deliberación de la normativa secundaria que debe reglamentar las nuevas disposiciones constitucionales, el tema de las adecuaciones contextuales de las evaluaciones docentes pueda ocupar un lugar importante en el tablero de debate legislativo.

En la misma dirección parece apuntar la reunión de los voceros del CNTE con los representantes del Pacto por México. Los legisladores signatarios de ese acuerdo han manifestado disposición para escuchar los argumentos del gremio magisterial disidente, y no es improbable que se alcance un acuerdo mínimo en torno a la necesidad de revisar con detenimiento el enfoque de la evaluación magisterial.

El meollo del asunto radica no tanto en cómo resolver los problemas técnicos que implica una evaluación diferenciada por región o entorno socioeconómico. Hay vías metodológicas para solucionarlo y se han experimentado en distintos países. Por ejemplo en Estados Unidos y en otras naciones con sistemas federalizados, existen estándares de desempeño de alcance estatal junto con los estándares nacionales. El problema de fondo es quién define los estándares locales, quién toma control sobre las evaluaciones correspondientes y quién decide las consecuencias de la evaluación.

Sin duda, más que cualquier otro aspecto de la reforma a la Ley General de Educación y las demás normas secundarias del artículo tercero, la problemática de la evaluación docente será la prueba de fuego de la reforma educativa, y por extensión del Pacto por México.