Roberto Rodríguez Gómez

El conflicto universitario que hoy se vive en Venezuela ha mantenido en suspensión de actividades a las universidades públicas autónomas de ese país por más de tres meses y amenaza con causar la pérdida del semestre lectivo. Se ha convertido en una auténtica prueba de fuego sobre la capacidad de gobierno del presidente Nicolás Maduro, al frente del ejecutivo venezolano desde el 19 de abril de este año.

En torno al conflicto convergen dos vertientes de demandas, las de los profesores y trabajadores universitarios y las de los estudiantes, aunque hay un núcleo común: la insuficiencia de recursos para responder a los reclamos por salarios justos y prestaciones sociales adecuadas, así como a las peticiones estudiantiles de ajustar los montos de becas y otras ayudas como, también, las denominadas “providencias estudiantiles”, es decir los recursos para comedores, bibliotecas, servicios de transporte y atención médica que administran las instituciones universitarias.

Hay que decir, en primer lugar, que el gobierno de Maduro heredó las bases de esta conflictividad de la administración de Hugo Chávez. A finales del año 2012 la Intergremial Nacional Universitaria presentó a las instancias gubernamentales una demanda de ajuste salarial, así como la cabal aplicación retroactiva de las Normas de Homologación (NH) aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades en 1982. Dichas normas establecen el procedimiento pactado entre la representación universitaria y la autoridad gubernamental para la revisión de los sueldos y demás beneficios del personal docente activo, jubilado y pensionado de las universidades del país. Entre otros aspectos, las NH establecen un aumento salarial automático bianual en ajustado a la inflación. Durante el periodo de Chávez los gremios universitarios tuvieron que movilizarse en repetidas ocasiones para negociar con el gobierno su aplicación.

En febrero de 2012, al anunciarse la devaluación de la divisa venezolana frente al dólar estadounidense, devaluación equivalente a casi el cincuenta por ciento del valor de la moneda local, los ingresos de los trabajadores universitarios, así como las becas estudiantiles sufrieron un importante impacto en términos de poder adquisitivo y comenzaron la nueva ola de manifestaciones de protesta. Primero una serie de paros escalonados, acciones más bien simbólicas de estudiantes inconformes, y algunas marchas y manifestaciones.

La entonces ministra del ramo educativo, Yadira Córdova, se negó a reconocer al agente principal de la protesta, la Federación Nacional de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV), y también a entablar una negociación formal. En cambio, propició la instalación de una mesa de diálogo formal con agrupaciones simpatizantes del gobierno, pero escasamente representativas del interés de los profesores, trabajadores o estudiantes.

A esas alturas, los colectivos estudiantiles, tanto la Federación de Centros Universitarios (Universidad Central de Venezuela), como otras federaciones universitarias, concentran demandas en torno a la necesidad de promover un proyecto legislativo de Bienestar Estudiantil, como medio para asegurar los recursos aplicables a las “providencias estudiantiles”, así como un mecanismo de indexación de las becas, en concreto hacer equivalentes los montos de las becas al salario mínimo. Por ello, la fórmula más visible en las manifestaciones era. “1 beca igual a 1 salario mínimo”.

Ante la negativa del gobierno de pronunciarse en torno a estas demandas y de reconocer la interlocución con los representantes, las organizaciones de estudiantes y trabajadores decidieron emprender el paro universitario a partir del 23 de mayo, tras varias jornadas de movilizaciones en todo el país que culminaron en la Gran Marcha Nacional de Universidades del 22 de mayo.

Al iniciar su periodo presidencial Maduro optó por encomendar la cartera educativa a Pedro Calzadilla, quien previamente fue ministro de Cultura del gobierno de Chávez. Calzadilla es historiador egresado de la Universidad Central de Venezuela, posgraduado en Francia, profesor de la UCV y reconocido como un intelectual solvente y político negociador. Prácticamente todo su periodo en el gobierno de Maduro se ha consumido en torno al conflicto universitario, en torno al cual ha manifestado voluntad para dialogar y encontrar vías de solución, lo que no ha sido nada fácil.

El ministro Calzadilla se ha reunido en repetidas ocasiones con los representantes gremiales, sin omitir a los gremios incómodos al gobierno. Asimismo ha procurado una interlocución negociadora del interés estudiantil.

Hasta el momento el principal logro de la gestión ha conseguido evitar el desborde del movimiento universitario sobre otras manifestaciones de protesta en Venezuela, específicamente los movimientos de campesinos y mineros. El ministerio ha establecido una oferta de ajuste salarial que, según indica la representación gubernamental, está por encima de la depreciación de la moneda, del efecto inflacionario y de las previsiones de ajuste de las Normas de Homologación. Los gremios universitarios consideran que los términos de ajuste son aceptables, aunque aún queda camino por recorrer en materia de jubilaciones y prestaciones sociales.

Asimismo se han hecho propuestas concretas para el ajuste de las becas y el compromiso del gobierno por acompañar la gestión estudiantil en pro de una legislación sobre bienestar estudiantil. Pero falta aún un paso importante, que las asambleas, tanto de estudiantes como de profesores y trabajadores universitarios, decidan que la oferta gubernamental es suficiente para iniciar la vuelta a la normalidad académica. Eso habrá de decidirse en estos días.