Roberto Rodríguez Gómez

¿La burocratización de la vida universitaria ha generado efectos positivos, mensurables, en las prácticas académicas de docencia e investigación? ¿Las exigencias gubernamentales de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización han convertido en óptima la utilización de los recursos transferidos a las instituciones de educación superior? ¿De verdad ha ganado la sociedad en su conjunto con un mayor control del poder público sobre las universidades y de éstas sobre los profesores y los investigadores, cuál, es en todo caso, la evidencia? ¿Tras décadas de evaluación de todos los procesos, prácticas y resultados que ocurren en las IES públicas tenemos mejores egresados, más competentes, mejor orientados a la práctica profesional? ¿Se percibe a los instrumentos de evaluación y control como medios para fortalecer las prácticas académicas o se han convertido en fines en sí mismos? ¿Las políticas de calidad y competitividad dentro y fuera del campus se reflejan en un sostenido elevamiento del nivel académico? O no.

Depende. Dicha en una palabra es esa la conclusión a la que llega el estudio coordinado por el Centro de Estudios de Políticas de Educación Superior (CHEPS) de la universidad holandesa de Twente. La investigación, titulada “Governance Reform” forma parte de la serie de estudios encargados por la Comisión Europea en el marco del lanzamiento de la denominada Agenda de Modernización de la Educación Superior 2011. Para preparar la agenda concertada entre los países miembros de la Unión Europea, desde 2008 la Comisión tomo la iniciativa de promover un amplio ejercicio de diagnóstico y propuestas, proyecto que bajo la denominación “Progress in higher education reform across Europe” se propuso llevar a cabo una evaluación integral de los cambios ocurridos en los sistemas e instituciones de la región tras la dinámica desencadenada por el objetivo de gestar la Europa del Conocimiento (Agenda de Lisboa, 2002) y por la convergencia de fórmulas de desarrollo presente en la configuración del Espacio Europeo de la Educación Superior (1999-2009). ¿Qué ha cambiado y cuál ha sido el efecto de las transformaciones? es la pregunta central de ese ejercicio.

En ese marco, la investigación sobre las reformas de organización y gobierno de los sistemas nacionales y las instituciones ofrece resultados de gran interés conceptual y práctico. El estudio citado fue encabezado por Jürgen Enders y Jon File, ambos del CHEPS y contó con la colaboración de una docena de investigadores de varias instituciones europeas, además de consultores y equipo técnico de apoyo. Se han publicado dos tomos de resultados. El primero, es un resumen ejecutivo con los principales resultados, conclusiones y recomendaciones, el segundo contiene los datos pormenorizados, la revisión bibliográfica, el análisis de sistemas nacionales y los estudios de caso.

Del volumen con el resumen ejecutivo extraemos la siguiente síntesis. Básicamente el estudio busca discernir en qué medida la autonomía incentiva el logro de niveles superiores de desempeño (performance). El desempeño es evaluado no sólo en términos de productividad académica (número de publicaciones, de patentes e innovaciones), sino a través de variables sobre el acceso de estudiantes a los sistemas, las trayectorias escolares, el grado de internacionalización de las instituciones, su capacidad de renovación curricular, entre otros aspectos de la función formativa, y también se miden impactos en términos de los servicios que ofrecen las instituciones a la sociedad en cada contexto.

La autonomía es vista a través de cuatro modalidades: organizativa, que se refiere al autogobierno y la capacidad de las instituciones para determinar sus procesos de gestión, administración y rendición de cuentas; política, que alude a la capacidad universitaria para definir, sin interferencias, sus planes y programas de estudio e investigación; financiera, que implica capacidades de decisión sobre la asignación interna de los recursos públicos y privados que obtiene y para diversificar las fuentes de ingresos; e intervencionista, que apunta sobre la independencia relativa de las instituciones con respecto a la administración pública y otras instancias del Estado.

Según el diagnóstico las universidades europeas, siempre con acentuados matices nacionales, han avanzado en autonomía política y financiera, pero menos o casi nada en autonomía organizativa e independencia del poder público. Al contrario, son mayoría los casos en que la reforma del Estado ha implicado un mayor grado de penetración en las estructuras universitarias, por ejemplo mediante fiscalización puntual de subsidios, con exigencias de alinear los programas estratégicos de las instituciones a las fórmulas de planeación del sector público, con el condicionamiento de recursos por resultados y toda una gama de interferencias sobre el marco de decisiones de la autonomía.

En la sección del estudio en que se establecen correlaciones entre autonomía y desempeño se llega a conclusiones de interés. En resumen: a mayor autonomía mejores resultados, siempre y cuando haya recursos. No solo el monto de los recursos importa sino la forma de distribución. Por ejemplo, las universidades han sacado ventaja académica cuando reciben presupuestos de base multianual y cuando se asegura la distribución íntegra y oportuna de los subsidios aprobados. Las instituciones que pueden generar recursos, obtenerlos del sector privado, o bien mediante proyectos patrocinados con fondos públicos o privados, ganan en fortaleza académica a medida que consiguen determinar la aplicación estratégica de los mismos.

Por ello, la investigación recomienda, ante todo, conceder un mayor margen de autonomía a las universidades, porque ésta proporciona el espacio y el empuje necesarios para desarrollar sus propias estructuras y estrategias. Se concluye que “el equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas tiene que ser revisado: lo que parece haber ganado en términos de autonomía podría también fácilmente perderse por excesivos requisitos de supervisión, fiscalización y rendición de cuentas”.