Roberto Rodríguez Gómez

En Venezuela están creciendo las expresiones de repudio al gobierno de Nicolás Maduro. Este mes han ocurrido varias manifestaciones estudiantiles, con saldo de muertos, heridos y detenidos, en que las fuerzas públicas han tenido participación, o al menos han sido sobrepasadas por activistas violentos de los denominados “colectivos”, grupos organizados por la presidencia de Hugo Chávez como fuerza de respaldo al régimen.

Desde que comenzó la gestión de Maduro, en marzo de 2013, los conflictos con el sector universitario se han multiplicado. En los primeros meses, estudiantes y profesores de las principales universidades venezolanas se movilizaron. Primero la Federación de Centros Universitarios (Universidad Central de Venezuela), y pronto las demás federaciones estudiantiles, exigieron la promoción de un proyecto legislativo de Bienestar Estudiantil y un mecanismo de indexación de las becas al salario mínimo.

Los académicos, por su parte, plantearon demandas de corte laboral: un ajuste a los sueldos y la cabal aplicación retroactiva de las Normas de Homologación (NH) aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades en 1982, que el gobierno de Chávez había dejado de reconocer y aplicar en los últimos años. El conflicto duró de mayo a septiembre de 2013, implicó la suspensión de actividades en la mayoría de las universidades, y pudo disolverse con la oferta gubernamental de atender las exigencias. Hasta hoy persisten asuntos no resueltos, principalmente el diferendo con los gremios universitarios. Este año comenzaron a ocurrir manifestaciones de estudiantes en protesta contra las condiciones de inseguridad que se viven en el entorno universitario. Según ellos, ha cundido el número de asaltos, robos, y diversos actos de violencia dentro y fuera de los recintos universitarios, en particular en las instituciones del interior del país. En la primera semanas de febrero tuvieron lugar una docena de protestas en varios puntos del territorio.

El 6 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal, estudiantes de la Universidad Católica de Táchira hicieron una protesta, tras la cual fueron detenidos cuatro estudiantes y trasladados, sin ninguna instancia de audiencia previa, al penal de Santa Ana del Coro, en donde permanecieron hasta el 14 de febrero. Aunque ya fueron excarcelados continúan bajo proceso, lo que les impide, entre otras condiciones, hacer declaraciones públicas.

El 7 de febrero, en la ciudad de Mérida, la manifestación estudiantil sumó a demandas previas la exigencia de liberación de los detenidos en San Cristóbal. El saldo de esa jornada fue de una persona herida de bala en el cuello y dos estudiantes de la Universidad de Los Andes detenidos. Los estudiantes fueron llevados al comando de Polimérida. Al día siguiente las manifestaciones arreciaron en varias localidades del estado, provocando que no sólo estudiantes, sino también pobladores, salieran a las calles a protestar.

En ese entorno, y con la proximidad del Día de la Juventud, que se celebra en Venezuela el 12 de febrero, se organizó una marcha desde la Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República, en el centro de Caracas. A la convocatoria de los estudiantes se sumó la oposición anti chavista y se convino que las protestas fueran contra la violencia del Estado, contra la creciente inseguridad y por la liberación de los detenidos en Mérida y Táchira. Simultáneamente, el presidente Maduro anunció que los aliados del gobierno, incluso contingentes estudiantiles, harían una demostración paralela, una marcha que iniciaría en Plaza O´Leary para llegar a la Parroquia de la Pastora, en el oriente de la ciudad. También informó que él participaría en el acto convocado.

La jornada inició con normalidad a temprana hora. Sin embargo, al mediodía, en las inmediaciones de la Fiscalía, comenzaron a ocurrir enfrentamientos entre los manifestantes y las bandas oficialistas radicalizadas. El saldo fue desastroso: dos muertos y 23 heridos según fuentes oficiales. Según otras versiones el total de heridos, entre graves y moderados, se acercaría fácilmente a la centena. Además fueron detenidas una treintena de personas. Por la tarde se concentraron contingentes estudiantiles en el barrio de Chacao para continuar la protesta. Ahí también ocurrieron enfrentamientos, en los que resultó muerto otro estudiante además de una docena de heridos.

Ante los hechos, la respuesta del ministerio de Interior, Justicia y Paz fue que se iniciaría una investigación para deslindar responsabilidades. En cambio, tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, adjudicaron los hechos de violencia a una provocación instigada por Leopoldo López, visible líder anti chavista, y María Corina Machado, parlamentaria opositora.

“No los llamemos estudiantes, son bandas fascistas, violentas con máscaras”, señaló Maduro en cadena nacional el domingo 16 de febrero. Así las cosas, el dirigente Leopoldo López hizo saber que, ante el señalamiento del gobierno, se entregaría a la justicia venezolana para ser investigado y juzgado. A tal efecto convocó a la población y al movimiento estudiantil para acompañar su entrega voluntaria al tribunal.

En la coyuntura, la Federación de Estudiantes de Chile dio a conocer un inoportuno posicionamiento en que se deslindan de los estudiantes venezolanos movilizados. El comunicado, que ha tenido inmediata repercusión en la clase política chilena, incluye la siguiente formulación “No nos sentimos representados por el actuar de sectores estudiantiles venezolanos que se han puesto del lado de la defensa del viejo orden, opuesto al camino que el pueblo ha definido.”

La marcha y manifestación convocada por Leopoldo López se programó para el 18 de marzo. Hacia la una de la tarde (hora de Caracas), el dirigente opositor fue detenido por la Guardia Nacional poco antes de llegar a las instalaciones del poder judicial. Al momento en que se entrega esta colaboración, el martes 18, las manifestaciones prosiguen.