Roberto Rodríguez Gómez

Hace 70 años el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, norma que todavía hasta hoy conforma el marco normativo general de la institución y que ha fungido como referente de la mayoría de las leyes orgánicas de las universidades públicas del país. La semana pasada comentamos en este espacio que dicha ley buscaba resolver dos problemas básicos: la relación entre la Universidad y el Estado, y la gobernabilidad interna del organismo autónomo. Para apreciar la respuesta alcanzada conviene considerar algunos antecedentes así como el conflicto de coyuntura.

En la segunda mitad de la década de los años treinta y en los primeros años cuarenta del siglo XX la Universidad Nacional escenificó múltiples conflictos. Las condiciones de autonomía logradas a partir del orden normativo de 1933, así como la postura gubernamental de marginar a la Universidad del núcleo de los procesos y decisiones políticas y educativas del Estado, abrió espacio para la actuación de diversas fuerzas interesadas en controlar la institución. Además de los debates ideológicos propios de la época —por ejemplo, la confrontación entre nacionalistas, socialistas y fascistas—, en la Universidad habían encontrado refugio, ámbito de expresión y espacio de actuación actores y grupos opuestos al régimen revolucionario. Para más, la solución de 1933 para la representación y participación de las corporaciones estudiantil y docente en la vida institucional (las academias de profesores y estudiantes), si bien generó nuevos espacios para la expresión y el debate ideológico, también abrió un escenario propicio para la confrontación de intereses y posturas.

En 1944 la situación política interna de la Universidad llegó a un extremo cuando, a la renuncia del rector Brito Foucher, ocasionada por los conflictos que suscitó la designación de directores en la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, surgieron en la escena dos fórmulas que pugnaban por tomar el control de la institución. En ese contexto, la mayoría de los consejeros universitarios acordaron designar un rector provisional y posteriormente un rector definitivo, el doctor José Aguilar Álvarez. Simultáneamente, un grupo opositor, en el que participan profesores de distintas facultades, integraron la fracción denominada “el Directorio” (Manuel Gual Vidal, Raoul Fournier, Agustín Yáñez, Octavio Medellín Ostos, Juan Gómez Piña, Alberto Trueba Urbina, Alfredo Corona, Manuel Calvillo y Manuel Mayagoitia). El grupo, además de designar un rector alternativo (Manuel Gual Vidal), se pronunció por desconocer al Consejo Universitario en funciones, desconocer también a los directores de escuelas y facultades, a las academias de profesores y estudiantes, y abrir paso a un Congreso Universitario que se encargaría de la formulación de una nueva Ley Orgánica.

Se consiguió romper el impasse generado por la confrontación mediante la intervención del presidente de la República (Manuel Ávila Camacho), quien convocó a los dos rectores (Aguilar Álvarez y Gual Vidal) y les comunicó la integración de una “junta de avenencia”, conformada por los ex rectores Ignacio García Téllez, Manuel Gómez , Morín, Fernando Ocaranza Carmona, Luis Chico Goerne y Gustavo Baz Prada. Esta opción había sido presentada previamente al secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, por Alfonso Caso, en ese momento colaborador del funcionario Torres Bodet y por Eduardo García Máynez.

Desde su nombramiento, la junta tomó control del gobierno institucional, designó a Alfonso Caso rector provisional, elaboró las “Bases para el gobierno provisional de la institución” que determinaba la integración de un “Consejo Constituyente Universitario” con el mandato preciso de formular la nueva Ley Orgánica de la institución y las normas institucionales derivadas de ésta.

El Consejo Constituyente fue instalado, en agosto de 1944, con un total de setenta delegados, quince representando al conglomerado estudiantil. Para preparar un anteproyecto, a partir del contenido de las “Bases...”, el rector designó a Antonio Carrillo Flores, Eduardo García Máynez, Virgilio Domínguez e Ignacio González. Esta “Comisión de Estatuto” presentó el documento correspondiente al Consejo Constituyente el 22 de noviembre de 1944. El órgano colegiado discutió, modificó y finalmente aprobó el proyecto en nueve sesiones, del 29 de noviembre al 18 de diciembre. Uno de los puntos de mayor debate, que al cabo implicó la negativa de los consejeros estudiantes de aprobar el proyecto, fue la supresión de las academias como órganos de representación de las corporaciones académicas en el gobierno institucional.

Una vez aprobada por el Consejo Constituyente, la iniciativa fue inmediatamente remitida al Congreso, en donde se analizó, discutió y al cabo fue aprobada con sólo dos adiciones. La primera, propuesta por el Ejecutivo, el reconocimiento e independencia de las sociedades de alumnos. La segunda adición se refiere al otorgamiento de una franquicia telegráfica y postal.