Roberto Rodríguez Gómez

A diferencia del énfasis que el gobierno ha puesto en la reforma de la educación básica, en el sector de educación superior pública no se alcanza a percibir los trazos renovadores de las políticas de educación superior que han sido aplicadas en las últimas décadas. En lo que va del sexenio, las acciones gubernamentales orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas del programa sectorial en dicho nivel de estudios se han concentrado en tres propósitos generales: la ampliación de la matrícula de educación superior, la distribución de recursos para becas estudiantiles y la renovación de la estructura de los fondos extraordinarios que complementan el subsidio federal a las instituciones públicas del nivel.

Cabe hacer notar, además, que el crecimiento de la cobertura, que es un propósito central del programa sexenal, se ha basado principalmente en el aumento del número de plazas escolares en los sistemas abiertos y a distancia; en segundo lugar en incrementos a las capacidades instaladas de las IES públicas y, por último, en la creación de nuevas instituciones. Se pensaba, al iniciar el nuevo periodo presidencial, que una nueva política educativa abriría un espacio de posibilidad para la fundación de nuevas universidades en la capital de la República y en los estados, en que se ensayaran innovaciones académicas relevantes. Pero hasta ahora no ha sido el caso.

También forman parte de los pendientes las acciones previstas para mejorar la calidad de la formación profesional. En el programa sectorial se indica el objetivo de “articular un sistema nacional de evaluación y acreditación de los programas académicos e instituciones de educación superior”. Poco se ha hecho al respecto y más bien se ha insistido en la operación de las instancias e instrumentos prevalecientes. El programa establece, asimismo, acciones enfocadas a la reforma, normativa y administrativa, del régimen de incorporación de estudios. Tampoco está la vista el proyecto que pueda cumplir este propósito o las acciones que lo estén adelantando.

El objetivo de “facilitar el cambio generacional de la planta docente” se ha dejado en manos de las instituciones, pero no hay, hasta el momento, una iniciativa central que deje sentir la intervención del Estado en este delicado punto de la vida académica de las instituciones. Del mismo modo, han de calificarse como aisladas y coyunturales las acciones relacionadas con los propósitos de internacionalizar la educación superior y facilitar la movilidad de estudiantes y plantel académico. Otro tanto se puede decir del objetivo programático de “promover reformas legales que impulsen la calidad y actualización de los profesionistas”. Es de suponerse que este propósito se plasmó en la iniciativa legislativa en torno a las obligaciones de colegiación y certificación periódica iniciado en el Senado hace más de una año. El proyecto pasó el primer trámite legislativo pero hasta ahora se mantiene en la congeladora de la cámara baja.

¿Qué hay de la idea de reformar el régimen del Registro de Validez Oficial de Estudios? ¿Se mantiene en la agenda el propósito de impulsar polos regionales de educación superior e investigación científica? ¿Tiene futuro la iniciativa de fomentar marcos curriculares flexibles para que los estudios diseñen su propio plan de estudios? Las preguntas vienen al caso porque eran parte de la discusión sobre posibles innovaciones académicas a comienzos del régimen.

El riesgo de que el diseño e implementación de la política de educación superior del sexenio no alcance a superar la inercia de la continuidad es alto. Algunos de los propósitos transformadores, por ejemplo los de enfatizar la formación que incida en la productividad de la economía, o remontar las condiciones de desigualdad social de oportunidades, o lograr una mejor articulación entre los niveles de educación media superior, educación superior y posgrado, no han encontrado aún vías prácticas de concreción. ¿Cuáles son los proyectos concretos asociados a tal intención renovadora?

Y las perspectivas no son muy alentadoras que digamos: la restricción presupuestal que se anticipa hará difícil que se concreten proyectos experimentales o innovadores. Sin ánimo de pesimismo, hoy parece más probable que se asegure la gobernabilidad del sistema que su transformación a fondo. Pero un escenario de, digamos, políticas educativas inerciales no necesariamente es una desventaja para las instituciones universitarias, siempre y cuando se deje a éstas el espacio y margen de maniobra suficiente para proponer su propia renovación, plantear y llevar a cabo proyectos innovadores, sugerir nuevos horizontes y caminos. Es una oportunidad interesante que no habría por qué desaprovechar.