Roberto Rodríguez Gómez

A la par de la reforma curricular y organizativa de la enseñanza primaria y del ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de la que nos ocupamos la semana pasada, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) publicada el 10 de diciembre de 2013, indica cambios relevantes en el ciclo de educación media superior. En España, como otros países europeos y latinoamericanos, dicho ciclo se bifurca en dos vertientes: el bachillerato universitario y el denominado “ciclo formativo de grado medio” y también ciclo de Formación Profesional (FP).

En la estructura educativa española el bachillerato se orienta, fundamentalmente, a la preparación de estudiantes para proseguir estudios universitarios, mientras que la FP fue concebida para la formación de técnicos que pudieran incorporarse, al término de los estudios, al mercado de trabajo. En la actualidad, no obstante, los egresados de la FP, además de acreditar un primer título profesional, homologado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuentan con la posibilidad de acceder a carreras tecnológicas en la modalidad de técnico superior universitario, así como a licenciaturas universitarias, siempre y cuando satisfagan los requisitos académicos correspondientes.

En la nueva reforma del bachillerato sobresale la transformación de las áreas de oferta. Hasta el momento las opciones de bachillerato se distribuían en tres tipos: Ciencias y Tecnologías; Ciencias Sociales y Humanidades, y Artes. En lo sucesivo se contará con cuatro modalidades: Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, y Artes. Además se autoriza que los institutos, públicos y privados, que imparten este grado de estudios, puedan especializarse en una sola de las cuatro grandes áreas. Con anterioridad las instituciones debían ofrecer al menos dos áreas de bachillerato para contar con la autorización gubernamental correspondiente.

Otro cambio relevante se relaciona con la evaluación y certificación de estudios. A partir de la reforma, los estudiantes deberán sustentar y aprobar, al término del segundo año de estudios, una prueba de carácter nacional, cuyo diseño y operación queda en manos de la administración educativa central. Conviene recordar en este punto que uno de los rasgos medulares de la reforma consiste en la concatenación de tres evaluaciones globales a lo largo de la trayectoria escolar. La primera es al final de la primaria y está orientada al reconocimiento de los logros escolares de los estudiantes, pero no tiene implicaciones individuales en materia de promoción o suspensión del trayecto, dada la obligatoriedad del ciclo secundario. La segunda se practica al finalizar el ciclo ESO y su aprobación es requisito para ingresar ya sea al bachillerato o a la modalidad de formación profesional. La tercera corresponde a los estudios del ciclo medio superior y asimismo se establece como un requisito básico para proseguir estudios superiores.

La evaluación global indicada habrá de reemplazar a los exámenes de ingreso a las instituciones de educación superior. Según el discurso de la reforma, ello equivale a suprimir la “selectividad” dado que, en lo sucesivo, los resultados de la prueba general serán utilizados para encauzar a los egresados del ciclo medio superior a las universidades y otras instituciones de nivel superior. Además, se añade, esta nueva modalidad brindará oportunidades más equitativas a los graduados de la FP para acceder a las universidades.

Quienes critican la reforma hacen notar que, pese a las buenas intenciones del ciclo de evaluaciones generales, en el fondo lo que el gobierno pretende es alinear la educación en sus distintos niveles a las fórmulas de evaluación desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de las pruebas PISA, y con ello mejorar los indicadores de competitividad educativa del país. El defecto del mecanismo propuesto, se apunta, está en que obliga al sistema en su conjunto a organizar la enseñanza en torno al tipo de competencias y conocimientos que contempla el sistema de evaluación desarrollado por la agencia.

Tanto la reforma del bachillerato como la de la FP implican una nueva distribución de asignaturas obligatorias y electivas. En ella se enfatiza el logro de competencias en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias. Por lo tanto disminuye la carga de aprendizaje de asignaturas que no está directamente relacionadas con esos dominios de conocimiento, principalmente las humanidades y las asignaturas para la formación de ciudadanía.

La reforma, en su conjunto, ha desencadenado múltiples críticas, protestas y procesos de movilización. De este ángulo del proceso nos ocuparemos en la próxima entrega.