Roberto Rodríguez Gómez

El 11 de diciembre de 2012, en el marco del proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año siguiente, los directivos de las instituciones agremiadas en la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) se manifestaron en oposición de la continuidad de la política de restricciones al gasto público educativo, y en particular contra los recortes en varios rubros y partidas del presupuesto para educación superior, investigación científica e innovación.

La CRUE dio a conocer su posición a través de un breve comunicado bajo el título “La universidad, garantía de futuro”. En este se advierte que “la disminución de los PGE para 2013 en un 18% en Educación Superior y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable (…) que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento.”

Junto a los reclamos de incremento presupuestal, el texto propone una vía de conciliación, al señalar que “las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.”

Por su importancia, varios medios nacionales y locales españoles atendieron al proceso. El diario El País, por citar un ejemplo, dedicó dos páginas a la nota con el encabezado “La rebelión de los rectores”, en la cual, además de reseñar puntualmente el posicionamiento de la CRUE, incluyó opiniones con los rectores de las universidades públicas más representativas del país, todos los cuales reiteraron su malestar con la política restrictiva y subrayaron los riesgos de la medida para la competitividad española en el entorno europeo.

A partir de entonces, el organismo representativo de los rectores españoles ha sostenido una postura de crítica razonable ante las iniciativas de reforma universitaria emprendidas por la administración de Mariano Rajoy (2011-2015). Se han cuestionado, entre otros aspectos, las recomendaciones de utilizar los ranking (internacionales y los made in Spain) como instrumentos de evaluación del desempeño de las instituciones; los esquemas de ajuste del personal académico y administrativo propuestos por el gobierno; los recortes a las becas y ayudas estudiantiles, así como, de manera señalada, las fórmulas tendientes a reglamentar la asimilación del sistema educativo superior de España a las prácticas y requerimientos del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES).

Inmediatamente después de la aprobación en Consejo de Ministros del “Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado” (publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de febrero 2015), la CRUE celebró una reunión extraordinaria (30 de enero 2015) que concluyó con la publicación de un comunicado que, en su parte sustantiva, indica: “La CRUE considera que no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para implantar ahora un modelo distinto que pueda contribuir a un mayor desequilibrio en la oferta de titulaciones universitarias.”

La norma cuestionada establece, con carácter voluntario para las instituciones, la posibilidad de ofrecer programas de grado (licenciaturas) con una duración de tres años y la posibilidad de articular éstos a programas de master (maestría) de dos años. Esta opción implica transitar del esquema generalizado 4+1 al modelo 3+2 que, en seguimiento de los acuerdos del EEES varios países de Europa han adoptado.

Una segunda reunión extraordinaria de la CRUE, con el mismo tema, se verificó el pasado 2 de febrero. En ella, los rectores afinaron su respuesta al gobierno al acordar: a) la necesidad de una moratoria para la aplicación del Real Decreto; b) culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes; c) que las universidades asociadas suspendan la tramitación de amparos a la norma hasta septiembre de 2016; y d) declarar “que la mayor preocupación de la CRUE, es la defensa de la calidad de la oferta académica de nuestras universidades, garantizando además una verdadera igualdad de oportunidades para sus estudiantes.”

En seguimiento a la postura acordada en el seno de la CRUE, los rectores han decidido que la moratoria vaya hasta el año 2017. No obstante, según reportan algunos medios españoles, la oposición tiene algunas fisuras, ya que “no todas las universidades están dispuestas a esperar a 2017. Las privadas Camilo José Cela y Universidad Católica San Antonio de Murcia no respetarán la moratoria y empezarán a preparar grados de tres años. La pública Pompeu Fabra de Barcelona también ha anunciado que iniciará ya la tramitación de los nuevos títulos.” (Saber Universidad, 3 de febrero 2015).

El gobierno, en respuesta, ha declarado que no es posible validad la moratoria. Sin embargo, por razones prácticas, los rectores tienen la última palabra, dado el carácter indicativo y no vinculatorio de la propuesta. Seguramente los resultados de las próximas elecciones generales, en diciembre de este año, habrá de establecer el marco político del desenlace del proceso de reforma universitaria.