Roberto Rodríguez Gómez

Los resultados numéricos de las pruebas para promoción de puestos directivos y de asesoría, del Servicio Profesional Docente (SPD), que fueron aplicadas del 20 al 22 de julio, se dieron a conocer el lunes pasado. Se destaca la participación de casi cuarenta mil aspirantes a las plazas y nombramientos sometidos a concurso. La cifra exacta es de 39,367 de los 48,671 candidatos registrados, en todos los estados, y representa un 83.4 por ciento de participación efectiva. El resto concentra la proporción de aspirantes que no consiguieron participar en el concurso como resultado de la movilización disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

Se informa que en Oaxaca la Sección 22 consiguió obstruir el concurso en su totalidad, mientras que en Michoacán y Chiapas el bloqueo fue parcial. La cantidad de aspirantes que no consiguieron presentar las pruebas muestra diferencias interesantes en esos estados. En Oaxaca sólo había 61 aspirantes registrados (21 para promoción a cargo de supervisor, 39 aspirantes a puestos directivos y un candidato a plaza de Asesor Técnico Pedagógico). En Michoacán se evitó el concurso de 316 aspirantes (65 de promoción a supervisor, 110 a cargos de dirección y 141 para ATP). En Chiapas se impidió la evaluación de un total de 1,020 aspirantes. El bloqueo de la disidencia magisterial afectó directamente a 1,397 candidatos en total. La SEP ha informado que se convocará individualmente a estos aspirantes para que puedan ser evaluados en sedes alternas. Según la presentación de datos de Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del SPD, 7,825 de los aspirantes que cumplieron el proceso de registro no se presentaron a las pruebas. Desde luego, ellos no tendrán la oportunidad de una participación extemporánea en este ciclo de evaluación, aunque sería de interés conocer las razones que motivaron su ausencia en el tramo final del proceso.

Quienes se presentaron a los exámenes del concurso, así como los aspirantes de Oaxaca, Michoacán y Chiapas que accedan a la alternativa de evaluación propuesta por la SEP, podrán acceder a las plazas y puestos ofrecidos. Poco más de veinte mil vacantes deben ser cubiertas, pero la relación entre oferta y demanda es muy variable entre las entidades federativas. El procedimiento de evaluación, además de calificar la idoneidad para el puesto respectivo, prevé una lista de prelación en caso que la oferta disponible supere al número de candidatos calificados como aptos para las funciones del puesto.

La SEP ha calificado el resultado de esta evaluación como exitoso, sin dejar de reconocer el reto que todavía representa la disidencia magisterial en los estados del sur del país. Sin embargo, no conviene precipitar el diagnóstico, hace falta lo más difícil: operar las evaluaciones para ingreso al servicio magisterial y sobre todo las de permanencia en la función docente. No sería de extrañar que, en esta materia, la resistencia magisterial alcanzar un perfil aún más beligerante que el mostrado en la jornada que acaba de concluir. Más importante aún, la SEP debe mostrar avances en las estrategias que formuló con respecto a la reforma propiamente educativa del nivel básico. Son diez, están enunciadas en el Programa Sectorial de Educación del sexenio y vale la pena recordarlas:

1) Mejorar el currículo para que sea sencillo e idóneo para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida;

2) Seleccionar los contenidos indispensables para que los maestros puedan enseñarlos con profundidad;

3) Establecer estándares curriculares que sirvan de referencia de lo que se espera que los alumnos aprendan en todo el país;

4) Alentar prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones diferenciadas que garanticen el logro equitativo del aprendizaje;

5) Impulsar prácticas pedagógicas en las que el papel protagónico lo ocupe la actividad inteligente del alumno guiada por el maestro;

6) Establecer procesos para que los contenidos y los materiales educativos puedan ser contextualizados y enriquecidos localmente para atender la diversidad;

7) Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de los docentes y dotarlos de instrumentos curriculares de apoyo;

8) Asegurar la suficiencia, calidad y pertinencia tanto de los materiales educativos tradicionales, como de los basados en las tecnologías de la información;

9) Establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación;

10) Establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, a fin de garantizar una educación de calidad.