Roberto Rodríguez Gómez

La reforma educativa instaurada durante en la presidencia de Enrique Peña Nieto ha sido criticada, entre otros aspectos, por estar concentrada en aspectos fundamentalmente normativos, administrativos, y en todo caso de régimen docente. Se dice, en este sentido, que se trata de una reforma eminentemente laboral con escaso sustento pedagógico.

En el escenario del debate, también está presente una corriente de opinión, prohijada por impulsores de la educación privada y otros grupos de interés político, que sugiere que, lo que hace falta, es llevar a sus últimas consecuencias las medidas contempladas en la plataforma regulatoria del nuevo servicio profesional docente, es decir la aplicación de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros y directivos de la educación obligatoria.

La acción política de la SEP se ha concentrado, ciertamente, en asegurar la concreción de la vertiente evaluativa y laboral de la reforma. No obstante, y tal vez para salir al paso de los cuestionamientos acerca de una necesaria renovación de los fundamentos del sistema escolar del país, se está abriendo paso el planteamiento, desde la esfera de la autoridad educativa, de una “segunda etapa” de la reforma. El problema, hasta el momento, es que no parece haber una línea clara y precisa, menos aún una hoja de ruta, sobre esta posibilidad.

Sobre el tema han salido a relucir tres diferentes expresiones. La primera tiene más de un año y corresponde al titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor. El 10 de enero del año pasado, el secretario anunció que se emprendería una segunda fase de la reforma educativa y que ésta tendría, como punto de partida, la organización de una serie de foros de consulta pública. Días después, el 15 de enero, se dio a conocer el temario general, la convocatoria y las bases operativas para tal proceso. Los “Foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo” tuvieron lugar de febrero a junio de 2014. Se abordaron en ellos los retos de la educación básica, media superior y normal. En la agenda se incluyeron aspectos del currículum, la infraestructura y los materiales educativos, la formación del profesorado, la organización escolar, entre varios otros.

En total se efectuaron dieciocho foros regionales, tres nacionales y tres de conclusiones. En el segundo informe del presidente Peña Nieto se reporta la participación de 28,276 individuos en estos, así como la recepción de 14,681 documentos. Cada documento, a su vez, contiene una o varias propuestas concretas. Estamos hablando entonces de decenas de miles de recomendaciones puntuales emitidas por profesores, directivos, investigadores, asociaciones civiles, legisladores, entre otros participantes.

Según el informe presidencial de septiembre de 2014, la información resultante de los foros “constituye la base del marco normativo y curricular del nuevo modelo educativo en los niveles básico, medio superior y de la formación de los profesionales de la educación, que se prevé beneficie a todos los niños y jóvenes que cursan estos estudios.” No obstante, aún está pendiente la definición de la política educativa de la SEP basada en dicha información y resultados.

Al inaugurar el ciclo educativo 2014-2015, el 18 de agosto del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto indicó algunos rasgos de “la nueva etapa de la reforma educativa”, la cual, según sus palabras, estaría centrada en la modernización de más de veinte mil escuelas y la entrega de setecientas mil tabletas electrónicas a estudiantes de seis entidades. Agregó el presidente que, con el programa de Reforma Educativa, cada comunidad escolar podrá elegir las obras de infraestructura prioritarias. El presidente señaló, asimismo, que se profundizaría en el alcance de los programas Escuelas de Tiempo Completo, Inclusión y Alfabetización Digital, y Escuelas Dignas. Es decir, desde la perspectiva del primer mandatario, el foco de la segunda etapa reformista está centrado en la dotación de infraestructura para los centros escolares.

Más recientemente, el 21 de agosto pasado, se publicaron en la prensa nacional declaraciones del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, expresadas en una reunión con los nuevos diputados federales del PRI. Según Nuño, la segunda etapa de la reforma educativa dará prioridad a los contenidos, nuevos programas y planes de estudio. Indicó el funcionario: “lo que pudiéramos llamar la segunda parte de la reforma educativa, tiene que ver con los contenidos", ya que "efectivamente, los contenidos de la educación, se han quedado rezagados y es momento de ponernos al día" (Reforma, nota de Claudia Guerrero).

Programas, infraestructura, contenidos. Son por ahora las tres vertientes de la segunda etapa reformista. No son incompatibles entre sí, pero en política la selección de prioridades es el fundamento de la acción pública. El reto no es únicamente la elección de instrumentos, por ahora radica en su viabilidad financiera en un contexto económico adverso. Se debe concretar la ruta de acción, no sea que, como el clásico popular, acabemos tarareando el “nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención” (E. Paz).