Roberto Rodríguez Gómez

Hay dos versiones. Una de ellas, la oficial, indica que las jornadas de evaluación del desempeño docente han transcurrido en relativa calma y contado con una abundante, casi plena, participación de los maestros seleccionados para cumplir con el ejercicio. La otra señala que, al contrario, en la mayoría de las sedes en que se ha verificado la evaluación de los maestros han ocurrido confrontaciones, más o menos intensas, entre la fuerza pública y los grupos magisteriales disidentes.

Veamos un ejemplo. El lunes 23 de noviembre, en referencia a las evaluaciones practicadas el fin de semana previo, el diario La Jornada dedicó una sección al tema. En la página tres del periódico aparecieron dos notas, casi de la misma extensión, que registran ambas versiones. La primera, titulada “La evaluación rebasó 94 por ciento, asegura Nuño”, consigna declaraciones del titular de la SEP bajo el siguiente registro: “Aurelio Nuño informó que la evaluación docente que se aplicó este fin de semana rebasó 94.3 por ciento, además de que hubo saldo blanco en todas las sedes, incluidas las de Michoacán” (nota de José Antonio Román).

La segunda nota se titula “Grupos de choque agreden a maestros y periodistas”. Con información de corresponsales del diario, se consigna que “En el puerto de Veracruz se documentaron tres ataques donde hombres vestidos de civil formaban grupos que se abalanzaban contra maestros y maestras (…) en los únicos casos donde la Fuerza Civil (de Veracruz) intervino fue cuando los profesores superaban en número a los grupos que los agredían. En los registros de video y fotografías se observa cómo después de atacar a un grupo de mentores, los civiles se refugiaban detrás de las vallas formadas por la policía estatal (…) En Xalapa las agresiones ocurrieron frente al gimnasio Omega, donde otros grupos de choque esperaban indicaciones de los policías estatales para pasar la valla y atacar a los profesores.”

La misma nota señala que “las protestas magisteriales se intensificaron en Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Hidalgo y Querétaro, donde un mayor número de profesores salió a manifestar su repudio contra la presentación del examen que determinará su permanencia o despido laboral”. (La Jornada, 23 de noviembre 2015, pág. 3).

En el Comunicado 384 de la SEP el secretario de Educación Pública reitera: “fue una jornada de paz, particularmente en Michoacán, donde funcionó el operativo para disuadir a quienes pretendían frenar el proceso.” Además, en el mismo texto, agradece “el apoyo de la Policía Federal para garantizar evaluar al magisterio.” (23 de noviembre 2015).

En contraposición, son abundantes los testimonios (videos incluidos) que circulan en Internet y en las redes sociales que documentan episodios de confrontación. No solo eso, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales han debido recurrir a un gran contingente de fuerza “disuasiva” para evitar la movilización de profesores inconformes o disidentes. La presencia intimidatoria de fuerzas del orden se suma a la presión que ejerce sobre los profesores la posibilidad de pérdida de empleo y el evidente deterioro de las condiciones laborales de su práctica profesional.

Mención especial merece el gremio de caricaturistas de la prensa nacional que, como se sabe, se cuece aparte en la opinión pública del país. En los últimos días, prácticamente la totalidad de los periódicos de circulación nacional han incluido cartones críticos acerca de la actuación de la SEP en el proceso de evaluación, en particular sobre el ambiente represivo que la acompaña. Por ejemplo, el martes 24 de noviembre dos de los cartonistas editoriales de Milenio, Rapé y Jabaz dedicaron su colaboración a este tema.

La versión de jornadas de paz y saldo blanco en que ha insistido la SEP parece no sostenerse en los hechos. La insistencia del titular del máximo órgano de autoridad educativa en ello puede interpretarse en el sentido de generar una narrativa de normalidad en uno de los pilares de la reforma educativa. Pero aún si se consigue evitar un escenario de represión y violencia generalizada en el marco del proceso de evaluación docente, difícilmente se podrán salvar sus efectos negativos.

Un primer efecto negativo radica en el enorme desgaste que produce la aplicación inflexible de la medida ¿o se piensa que solo 2015 será conflictivo y que en lo sucesivo la aplicación de los instrumentos de evaluación transcurrirá en calma y normalidad? Otro efecto negativo, de especial importancia, radica en la evaluación de los maestros bajo condiciones de estrés. ¿Es válido suponer que el profesor común y corriente puede satisfacer adecuadamente las pruebas de evaluación en un ambiente de tensión como el que se está viviendo?

En tales condiciones, no es inimaginable la opción de que maestros perjudicados en la evaluación argumenten en contra de las condiciones de aplicación de la prueba. Será de interés conocer, en su momento, la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto.