Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada, a propósito del debate abierto por las declaraciones de la doctora Blanca Heredia, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina, sobre la necesidad de revisar el esquema de subsidio gubernamental pleno a las instituciones de educación superior (IES) públicas, sugerí que, sin restar peso a la influencia de los organismos multilaterales en la orientación de las políticas públicas nacionales, su grado de incidencia es mucho menor si se compara, por ejemplo, con las decisiones del Poder Legislativo. También hice notar que la aprobación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) tendrá consecuencias de mucho mayor alcance en la dinámica de la privatización de la educación superior del país que cualquier recomendación de la OCDE.

Sin embargo, el debate se ha avivado por el anuncio del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, el 26 de septiembre, sobre la posible implantación de un nuevo sistema de becas-crédito a estudiantes que sería administrado por Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles). Varios medios apuntaron la coincidencia entre las recomendaciones del organismo multilateral y la propuesta de la SEP. Dadas las circunstancias, parece de interés examinar en qué medida tal convergencia es el caso y hasta qué punto las recomendaciones de la OCDE en materia de financiamiento de la educación superior están siendo recogidas.

México ingresó a la OCDE en 1994 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Hasta la fecha es el único país latinoamericano incorporado a esa organización multilateral. Creada en 1961, la OCDE se autodefine como un foro de consulta y coordinación intergubernamental en el que se discuten y analizan las políticas económicas, gubernamentales y de gestión social de los países miembros. La participación de México en el organismo implicó la adopción de compromisos de liberalización de los mercados, pero también el acuerdo de observar y dar seguimiento a las recomendaciones de la organización en otras áreas de política pública, incluida la educación.

Desde antes de su ingreso formal a la OCDE México solicitó la realización de un examen sobre el sistema de educación superior. De hecho, el estudio respectivo, titulado Exámenes de las políticas nacionales de educación, México: educación superior, fue el primero de la serie de pruebas contratadas por el gobierno a los especialistas de la organización en diversas áreas de política y gestión, tales como ciencia y tecnología, salud, pensiones, sistema financiero, telecomunicaciones, energía y varios más.

En ese volumen, publicado hasta 1997, participaron como examinadores de la OCDE Claude Pair (Francia), John Mallea (Canadá), Wolfang Mönikes (Alemania) y Eric Esnault, por el Secretariado de la OCDE. Asimismo, se integró un grupo de especialistas mexicanos para elaborar el reporte nacional correspondiente. Además de un diagnóstico general, el examen incluye una sección de recomendaciones, dentro de las cuales un subconjunto dedicado a los recursos financieros de la educación superior pública.

Al respecto, el documento hace notar que las IES públicas reciben del gobierno federal la mayor parte de sus recursos, (pero) los criterios que guían esta adjudicación no son ni claros ni públicos. Por ello, añade el organismo, resulta indispensable una corrección de los subsidios públicos pues las instituciones superiores (sic) no pueden seguir viviendo sólo de esos recursos: deberán buscar otros nuevos merced a la profundización de sus relaciones con la economía y la sociedad. En tanto, se sugiere: "Revisar el procedimiento de adjudicación de montos federales a las instituciones: una parte determinada según reglas aritméticas simples, y una parte prevista en el marco del acuerdo formal plurianual entre la SEP y las IES (...)". En segundo lugar, se recomienda "acrecentar en forma sensible los recursos provenientes de la formación continua, de estudios e investigaciones para las empresas y los municipios, de la participación en el desarrollo local, y consagrar a tales actividades parte del tiempo de trabajo del personal". Por último, se propone "encarar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de sus estudios, simultáneamente con el desarrollo de las becas" (págs. 239-240).

En 2006 la OCDE hizo una segunda revisión de la educación superior en México, aunque esta vez no el esquema de los exámenes de políticas nacionales, sino como parte de la serie de estudios denominada Thematic Review of Tertiary Education. Con el mismo título, y el subtítulo Mexico Country Note, el estudio fue dado a conocer en noviembre de 2006. En éste participaron, como especialistas contratados por la OCDE, José Joaquín Brunner, Paulo Santiago, Carmen García Guadilla, Johann Gerlach, y Léa Velho. Por parte de las autoridades mexicanas, la Subsecretaría de Educación Superior, entonces encabezada por Julio Rubio Oca, organizó el informe nacional respectivo que, al cabo, se publicó con el título La política educativa y la educación superior en México, 1995-2006: un balance (México, SEP y FCE, 2006).

El equipo revisor, tras reiterar recomendaciones de transparencia, racionalidad y eficiencia en la asignación de recursos fiscales a las IES, se detiene en la propuesta de medios para expandir y mejorar las opciones de becas y créditos para los estudiantes. Esa recomendación busca atender dos aspectos: mejorar la cobertura del sistema y abrir nuevas alternativa para el financiamiento del sistema en su conjunto. En consecuencia, se propone expandir la cobertura del Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) pero también, de manera complementaria, establecer un sistema de créditos reembolsables de escala nacional, aunque su implantación debería ser gradual para evitar riesgos financieros (págs. 62-64).