Roberto Rodríguez Gómez

Desde Quebec, la víspera de la segunda sesión de diálogo entre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó la línea política del gobierno federal respecto a la reforma educativa y el conflicto entre la autoridad y la disidencia magisterial. Dijo que, ante todo, “para el gobierno de la República lo que está muy claro y lo que es su deber es justamente aplicar lo que está en la legislación, el mandato que tiene la ley. Lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es negociar la ley.”

El mensaje del presidente, emitido durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, agregó: “Yo creo que la reforma educativa deriva en importantes beneficios para el propio magisterio, al premiar y reconocer los méritos de cada maestro, pone a la escuela en el centro o como un elemento central, precisamente, de la reforma educativa para que haya espacios dignos para que los jóvenes reciban educación; y presta especial atención al contenido educativo que deben recibir las nuevas generaciones.” Tómese en cuenta que dicha conferencia tuvo lugar el lunes 27 de junio a mediodía, y que la reunión Segob-CNTE estaba programada para el mismo día a partir de las seis de la tarde.

Un día antes, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, anticipó la posición presidencial a través de un comunicado de prensa. El legislador aseguró que en vista de los “grandes beneficios que (la reforma educativa) traerá a mediano y largo plazo, pretender anularla no es una acción viable ni negociable” (El Financiero, 27 de junio 2016).

A la posición dura sobre la reforma educativa se ha agregado el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva (PRD) quién, en entrevista telefónica, sostuvo “Preocupa que la CNTE se mantenga en una posición radical, porque difícilmente se va a avanzar en que el gobierno acepte echar para atrás la reforma educativa. Eso no creo que vaya a suceder, sería una absoluta capitulación” (MILENIO, 28 de junio 2016). Zambrano, presidente del PRD a la llegada de Peña Nieto a la presidencia, representó a ese partido en la firma del “Pacto por México”, instrumento que, se recordará, contenía los trazos iniciales de la reforma.

Algunos analistas han interpretado la postura del Ejecutivo federal como de respaldo político a la gestión del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, y de acotamiento al trabajo de negociación emprendido por el secretario de Gobernación. Sin negar esa posibilidad, la línea política presidencial parece responder, asimismo, al intento de capitalizar la movilización magisterial por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de su líder principal, Andrés Manuel López Obrador. El discurso de AMLO en la marcha convocada el pasado domingo en apoyo a los maestros disidentes, además de exigir la renuncia del secretario de Gobernación por su presunta responsabilidad en la tragedia de Nochixtlán, fue aprovechado con fines proselitistas que miran hacia la contienda presidencial en 2018.

En este clima, la reunión entre Segob y la CNTE no consiguió acuerdos sustantivos. La mesa concluyó con la propuesta de Gobernación de iniciar tres mesas de negociación a reunirse las próximas semanas. Una de ellas enfocada específicamente a la problemática de Nochixtlán, y las otras sobre los temas de despidos y arrestos de los participantes en el movimiento. Pero de la reforma educativa nada o casi nada, salvo el ofrecimiento de Segob de facilitar la interlocución de la representación del magisterio con el Poder Legislativo, en cuyas manos estaría, en todo caso, la opción de derogar o reformar la base normativa de la reforma (Reforma 28 de junio 2016).

La solución propuesta difícilmente apaciguará los ánimos de la disidencia —de la CNTE y otros actores que se han sumado a la protesta— o facilitará el restablecimiento del orden y la paz social. No es a base de discursos, explicaciones legales o promesas que se conseguirá volver las aguas al cauce.

Algunos legisladores, de distintos partidos, han propuesto, un diálogo directo con los maestros para considerar posibilidades de atenuación del conflicto a través de algunos cambios en la normativa o en sus formas de aplicación. Ojalá esa vía prospere, porque las alternativas se están cancelando. Reformar la reforma es posible. Evaluar la evaluación es necesario.