Roberto Rodríguez Gómez

Desde cualquier punto de vista -político, jurídico, policial, cívico o moral- los sucesos del pasado 4 de mayo en San Salvador Atenco son inaceptables. Inaceptable el grado de violencia empleado para lastimar a la población, las formas de control de daños mediante las cuales las autoridades federales y estatales han pretendido paliar y pulverizar responsabilidades, los usos del conflicto de cara a las próximas elecciones y, desde luego, el daño físico y psicológico infligido a las personas.

Es evidente que los hechos de Atenco repercuten en la compleja circunstancia política del país, aunque el alcance cabal de sus efectos es todavía imprevisible. Por lo pronto, la sociedad civil ha dado muestras de reprobación del evento y se ve difícil que las autoridades consigan persuadir a la sociedad, a la vista de los hechos, de la racionalidad de la fuerza pública. Incluso el discurso de "posibles excesos" cometidos por agentes individuales resulta en el contexto poco convincente. Conforme pasan los días se añaden voces autorizadas, por ejemplo las comisiones de derechos humanos, que reclaman el esclarecimiento de hechos y responsabilidades. No extrañaría que, como en casos similares, la visibilidad del conflicto alcance la dimensión internacional.

Con todo, la consecuencia política principal en lo inmediato radica en las posibilidades de agregación del conflicto a otros también presentes en el escenario. El tema de los mineros permanece irresuelto, una parte importante del movimiento obrero organizado se encuentra en condiciones de movilización, algunos grupos radicales han vuelto a las calles, y la coyuntura es propicia para que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se sumen al bloque contestatario.

En tales circunstancias, las universidades públicas, particularmente las del Distrito Federal y zona metropolitana, corren el riesgo de convertirse en uno de los teatros del potencial conflictivo apuntado. Por varias razones. En primer lugar, porque esas instituciones son, en función de su propia naturaleza, espacios abiertos a la expresión de ideas y posturas de crítica. Es parte de la vida universitaria la sensibilidad, atención y expresión de los problemas nacionales y locales.

Además, la aplicación de políticas públicas de contención del crecimiento de la economía del país, y consecuentemente de la oferta de empleos en el sector formal, ha dado lugar, como se sabe, a la cancelación del optimismo juvenil ante el futuro de corto plazo. Los estudiantes universitarios son, en la coyuntura del presente, un sector opositor en potencia. Las posibilidades de activación del sector universitario, en condiciones como las que se dibujan en el escenario, son realmente muy peligrosas.

Afortunadamente varios rectores y directores actuaron con claridad y oportunidad tras los eventos de Atenco. Es destacable, en ese aspecto, los pronunciamientos de las autoridades académicas de la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia y Universidad Autónoma Metropolitana, quienes coincidieron en reprobar el uso de la fuerza del Estado en Atenco y exigieron la libertad de los catorce estudiantes de esas instituciones presos en la razzia del 4 de mayo.

Se recordará, asimismo, que en las movilizaciones de protesta del 11 de mayo, que bloquearon momentáneamente varios de los accesos a la Ciudad de México, participaron estudiantes de la UNAM y de otros centros de estudio. La escala de la movilización fue insuficiente para conseguir el objetivo perseguido, lo que además impidió un enfrentamiento, de consecuencias indeseables, entre la fuerza pública del Distrito Federal y los manifestantes. Pero, de nueva cuenta, se hizo patente la posibilidad de una confrontación directa.

Hay que insistir: llevar a la escena universitaria los conflictos que aquejan al país en la coyuntura tiene un potencial explosivo. De ninguna manera conviene correr el riesgo sino, por el contrario, anticipar consecuencias y desenlaces. En ese sentido, toca un papel a las autoridades universitarias, permanecer atentas al fenómeno, actuar como líderes de las comunidades, y mantener contacto y comunicación con los actores relevantes. No hay de otra.