Roberto Rodríguez Gómez

Hay una objetiva pero frágil distención del conflicto magisterial en Oaxaca. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha suspendido parcialmente los bloqueos de carreteras con la finalidad de reactivar sus opciones de negociación con las autoridades estatales y el gobierno federal. No obstante, en otras regiones del país la disidencia, no en todos los casos asociada a la CNTE, está desarrollando procesos de movilización y protesta que coinciden en la demanda general de derogar, suspender o revisar la base jurídica de la reforma educativa, aunque también sostienen exigencias propias del contexto local.

En Michoacán la sección 18 decidió que, a partir del 5 de julio, llevará a cabo en distintas ciudades acciones de repudio a la reforma, que incluyen tomas de casetas, bloqueos, marchas y mítines. El propósito de esta fase de movilización, se indica, es sumar presión al eventual proceso de diálogo y negociación entre la representación sindical y el gobierno, aunque también impedir que se concreten las detenciones, despidos y descuentos a profesores por su participación en el movimiento (Quadratín Michoacán, 4 de julio 2016).

Similar es el caso de Chiapas, en que la disidencia organizada, además de mantener el paro de labores que inició el 15 de mayo, advierten que intensificarán las acciones de movilización la próxima semana. La sección 9 de la Ciudad de México, también de la CNTE, anunció que se sumará al paro de labores esta semana, así como contribuir a la articulación y logística, en la capital de la República, de las marchas, mítines y plantones que se lleven a cabo en la entidad en los próximos días (El Informador, 4 de julio 2016).

En Guerrero, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se ha afiliado a la estrategia de lucha de la CNTE, participa en el colectivo sindical que busca negociar demandas con la Secretaría de Gobernación y, al igual que las demás secciones de la Coordinadora, ha decidido mantenerse en paro de actividades así como sumarse a las formas de movilización y protesta convenidas.

A diferencia de otros mandatarios estatales, el gobernador de Guerrero, Jaime Astudillo Flores (PRI), electo el año pasado, ha buscado construir una posición conciliadora, que parte de reconocer el riesgo de reprimir las movilizaciones. Según reporta MILENIO Digital el 5 de julio, “para no agravar el conflicto magisterial, el gobierno de Guerrero no detendrá a profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), contra quienes hay órdenes aprehensión por su participación en bloqueos, toma de edificios y destrucción de inmuebles”.

A las acciones de la CNTE en la coyuntura se añade la movilización magisterial en Monterrey, Nuevo León, y en Xalapa, Veracruz. En Monterrey, el primero de julio, el magisterio inconforme se manifestó masivamente. Aproximadamente tres mil profesores participaron en la marcha y mitin de la Macroplaza para exigir la abrogación de las normas de la reforma. En Xalapa, la Coalición de Sindicatos Estatales del Magisterio de Veracruz, que agrupa a los siete sindicatos educativos independientes que operan en la entidad, se manifestó el 4 de julio para exigir los pagos pendientes de profesores en activo y jubilados que han sido retenidos por el gobierno estatal. Los líderes de la agrupación indicaron que, de no ser resueltas sus demandas, iniciarán formas de protesta que incluyen la posibilidad de bloqueos carreteros.

En esta creciente de la protesta magisterial ¿cuál ha sido la posición del sindicato que ostenta la representación gremial mayoritaria a nivel nacional, es decir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)? La de actuar y pronunciarse como el socio principal de la reforma. Entre los más recientes pronunciamientos de su líder, el profesor Juan Díaz de la Torre, destaca el expresado durante la entrega de Reconocimientos al Mérito Académico 2016 de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (Aapaunam). En esa ocasión (17 de mayo 2016) Díaz de la Torre declaró “lo que están haciendo los que dicen liderar ese movimiento cometen un gran error y un equívoco, no sólo porque lesionan la imagen del magisterio, no consiguen absolutamente nada en términos de calidad de vida para los maestros, Abandonan la principal responsabilidad que tenemos, que es estar con nuestros alumnos. Están en un momento histórico diferente al que está ocurriendo en el país” (SNTE, Comunicado 33-2016, 17 de mayo 2016).

Más reciente, el pronunciamiento en torno a la tragedia de Nochixtlán, que incluye la siguiente declaración “los objetivos sociales de las reformas estructurales fueron planteados y avalados desde la pluralidad política, para que México pueda conseguir un crecimiento económico sostenible, abatir la pobreza y alcanzar un desarrollo humano integral; por ello, el SNTE se suma a este esfuerzo, en el ámbito de su responsabilidad, para elevar la calidad de la educación pública” (SNTE, Comunicado 43-2016, 22 de junio 2016).

El SNTE vive en otra realidad, ajena al conflicto. Otros interesados, por ejemplo el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), los principales partidos de oposición (PAN y PRD), a través de sus legisladores, algunas representaciones empresariales, diversas organizaciones civiles, y una cantidad significativa de las áreas de investigación educativa del país, se han manifestado, con distintas expresiones, en favor de la interlocución entre las partes en conflicto. Por ello, para la dirigencia del SNTE la política de avestruz puede resultar costosa, a la corta o a la larga.