Roberto Rodríguez Gómez

En respuesta a los planteamientos del SNTE en torno a la evaluación docente, la SEP dio a conocer el pasado 13 de julio un comunicado de prensa (el SEP-318), que informa en términos generales de los resultados del diálogo entre las dos instancias, así como un documento más amplio que puntualiza la respuesta formal de la autoridad educativa ante los planteamientos de la representación sindical. Este último, publicado hace unos días en el portal web de la SEP se identifica con el número de oficio SEP/OS/0125/2016 y está dirigido al dirigente principal del SNTE, Juan Díaz de la Torre.

El oficio de la SEP destina más de cinco páginas a ponderar los avances que el órgano gubernamental ha logrado en materia de implementación de los distintos componentes de la reforma, principalmente en materia de infraestructura escolar y conectividad digital. En seguida aborda el tema de la evaluación docente a partir de la siguiente consideración: “conscientes de que ha existido una percepción de que la Reforma Educativa tiene una supuesta orientación punitiva, estableceremos un mecanismo de análisis y revisión que permita generar, dentro de la normatividad vigente, una mejoría y fortalecimiento de todos los componentes de la evaluación. En este sentido y reconociendo que hay ya avances importantes en este esfuerzo realizados por las diversas instancias involucradas, nos comprometemos a proponer este mecanismo al INEE, respetando en todo momento su autonomía constitucional y las atribuciones que le corresponden, para identificar fortalezas y áreas de mejora en todos los procesos y asegurarnos de que los diversos programas de formación continua respondan específicamente a las necesidades del docente que participe en las evaluaciones, y sean oportunos y de calidad.” (pág. 6).

Vale la pena detenerse en el párrafo citado. Primero, en la SEP se piensa que la evaluación docente no tiene ninguna consecuencia punitiva, sino que la inquietud del magisterio se ha generado a partir de una “percepción” infundada. Segundo, la SEP rechaza la posibilidad de modificar las normas que dan sustento a la evaluación docente, aunque piensa que el procedimiento de implementación, acaso el contenido de las evaluaciones, puede ser mejorado sin tocar la ley. Y tercero, que se compromete a diseñar un “mecanismo” que mejore todos los componentes de la evaluación. Aunque la autoridad educativa dice que, una vez que cuente con el diseño de tal mecanismo se lo va a proponer al INEE, lo cierto es que, con apego a la normativa vigente, la responsabilidad de su diseño corresponde al instituto, que es la máxima autoridad en materia de evaluación, y no a la SEP. Aunque la SEP diga que actuará con “todo respeto” a la autonomía del INEE, lo cierto es que la autoridad debería dejar en manos del instituto autónomo tal diseño y no emprenderlo, menos en el marco de una negociación con el SNTE. ¿O volvemos al régimen bilateral?

De vuelta al oficio de la SEP, en éste se especifican cuáles habrán de ser los instrumentos y procesos sujetos a revisión y mejora: instrumentos de evaluación, guías académicas, simulador de exámenes, acreditación de evaluadores, bases de datos, plataforma para evidencias, aplicación de los instrumentos de evaluación, calificación, publicación de resultados, comunicación y coordinación interinstitucional. Casi todo lo que concierne al proceso de evaluación docente, quizás con una ausencia mayor: los procesos de queja o reconsideración de resultados, tema que no se aborda con claridad en el documento, y que es una de las debilidades fundamentales del proceso de evaluación.

Algunos de los aspectos enunciados es difícil que puedan ser mejorados sin modificar la pauta normativa. Es el caso de la coordinación interinstitucional, cuya barroca estructura está definida en las leyes que se aprobaron con motivo de la Reforma. Si no se modifica esa estructura persistirá la intersección de algunas atribuciones, así como la discusión sobre los rangos de facultad entre la autoridad federal y las estatales, así como entre el INEE y la SEP. No es tan sencillo como mejorar el contenido de una prueba en particular.

No se menciona en el documento, por cierto, los lineamientos que ya emitió el INEE al respecto de los procesos de implementación de las evaluaciones a docentes y directivos. Tales lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (en distintas fechas), y aunque no tienen fuerza vinculatoria para la autoridad federal, recogen las recomendaciones del INEE en la materia. ¿Se va a apegar la SEP a tales lineamientos en el diseño de mejora, o simplemente seguirá el guion propuesto por el SNTE? Asimismo, el documento SEP recoge planteamientos de evaluación alternativa propuestos por el SNTE. Los manda a futuro: “solicitaremos al INEE, a partir de su experiencia en la validación de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, su opinión y recomendaciones técnicas para fortalecer estos instrumentos” (pág. 8).

Por último, el documento SEP ofrece respuestas específicas a las demandas de orden laboral y salarial planteadas por el SNTE, asegurando la regularización de salarios y pagos por estímulos a la brevedad, así como la corrección de las irregularidades detectadas por el órgano sindical en materia de la integración de los tabuladores y los beneficios salariales de la carrera académica.

La SEP se impone en ese documento un plazo de 45 días para resolver sus compromisos. En ese lapso pueden pasar muchas cosas, algunas derivadas de la dinámica del movimiento de la CNTE, otras de la posición que asuma en definitiva el INEE como autoridad autónoma de la evaluación, y otras más del cálculo presidencial sobre los costos políticos del conflicto.