Roberto Rodríguez Gómez

En buena medida, el desarrollo de la educación pública en México, cuando menos en lo que atañe a los niveles básicos del sistema, ha sido producto de la interacción entre la autoridad federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las principales iniciativas en ese renglón se materializaron con el concurso del gremio magisterial, tómese como ejemplo el Plan de Once Años (1958-1964), la implantación del libro de texto gratuito en el mismo periodo, la reforma educativa de 1971-1973, los proyectos de profesionalización docente, la descentralización administrativa iniciada en 1992, la Alianza por la Calidad de la Educación suscrita en 2008, entre otros proyectos.

La creciente importancia del actor sindical en la definición de políticas y prácticas educativas, en particular en torno a la asignación de plazas docentes, de dirección y de supervisión, así como en materia del control del escalafón, las prestaciones y los estímulos al magisterio, buscó ser contrapesada, por primera ocasión, mediante la estrategia de federalización de la educación básica y normal de 1992. Poco antes, en 1989, se pactó la renuncia de Carlos Jonguitud Barrios y la designación de Elba Esther Gordillo al frente del sindicato. La renovación de la dirigencia sindical, así como el otorgamiento de atribuciones de gestión administrativa a las autoridades educativas estatales, parecía implicar la fragmentación del gremio nacional en la negociación bilateral de los asuntos laborales. Pero no ocurrió así, más bien al contrario.

Como atinadamente concluye Alberto Arnaut, “con la federalización la dirección nacional del SNTE se fortaleció frente a la SEP y a las administraciones educativas estatales; lo mismo ocurrió con las direcciones seccionales del sindicato frente a cada administración educativa estatal. La dirección nacional se consolidó como la instancia de dirección político-estratégica del sindicato y, al mismo tiempo, la federalización propició una mayor capacidad de gestión de las dirigencias seccionales del sindicato en los asuntos administrativos, laborales y profesionales del magisterio federalizado.” (Alberto Arnaut, Gestión del sistema educativo federalizado 1990-2010).

Contra todo pronóstico, durante los gobiernos del PAN (Fox 2000-2006 y Calderón 2006-2012) la relación corporativa SEP-SNTE se expandió y profundizó. En la gestión de Felipe Calderón varios hechos marcaron el cambio de nivel de esta relación funcional: la creación del Partido Nueva Alianza, bajo los auspicios del SNTE, y su participación en las elecciones de 2006, la designación de Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, y el diseño de la Alianza por la Calidad de la Educación en el lapso 2007-2008. La fórmula de cogobierno SEP-SNTE cristalizó, en su máxima expresión, en esa coyuntura y facilitó, entre otros procesos, la reforma curricular y organizativa de los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), la definición de los estándares de desempeño de estudiantes y docentes en esos niveles de estudio, la reforma de los libros de texto, el replanteamiento de la carrera magisterial, la prueba ENLACE y el protocolo de evaluación universal del magisterio. Algunas de tales iniciativas transitaron con fluidez y otras fueron francamente accidentadas, en especial las correspondientes a evaluación.

El cogobierno SEP-SNTE durante la gestión de Calderón Hinojosa no siempre se tradujo en una relación tersa y feliz entre la dirigencia sindical y los secretarios de Educación Pública del sexenio (Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova). Hacia el 2012 la alianza cultivada entre los dos organismos parecía fracturada, entre otros aspectos, por la decisión sindical de demorar la aplicación de la evaluación universal en tanto no estuvieran aprobados los estándares de desempeño docente, tarea que había iniciado el subsecretario de Educación Básica pero que se interrumpió, entre otras razones, por la separación de su cargo en 2011. Pero la razón de fondo del distanciamiento SEP-SNTE es de naturaleza política y estaría centrada en la decisión de la dirigencia sindical de no apoyar la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota, lo que significaba el final del frágil idilio entre PAN y el sindicato.

Con el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia del país, y la designación de Emilio Chuayffet Chemor al frente de la SEP, dio inicio una auténtica ofensiva en contra del poder acumulado por el SNTE. La crítica de la dirigencia sindical al proyecto de evaluar al magisterio y restarle control sobre el aparato educativo y la distribución de plazas, tuvo como primera respuesta el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, que hacía recordar la acción de Carlos Salinas de Gortari contra Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros, en enero de 1989.

Aunque evidentemente el golpe contra el SNTE, a la voz de “recuperar la rectoría del Estado en educación”, abría un tablero de negociaciones diferente, el sindicato optó por replegar su protagonismo en la escena nacional, aunque afianzando posiciones en los estados dentro del marco de las negociaciones locales. Sin haber cesado las críticas en contra del corporativismo sindical a la vieja usanza, lo cierto es que, en los últimos meses, la SEP ha buscado reencontrarse con el gremio frente a la necesidad de aliados que permitan contrapesar las posturas de oposición del magisterio disidente, en especial la CNTE.

Al viejo estilo: “Hoy quiero hacer un reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, es un sindicato que ha demostrado tener una gran sensibilidad y preocupación por las demandas, por las preocupaciones, por las dudas de las maestras y de los maestros de México.” (Aurelio Nuño, Mensaje durante el Foro de consulta del Modelo Educativo y la Propuesta Curricular, con el SNTE, 14 de agosto 2016).