Roberto Rodríguez Gómez

Y no pintaba mal, al contrario. Enrique Peña Nieto, en campaña por la Presidencia de la República. estableció varios compromisos relevantes, de los cuales conviene recordar los formulados ante la ANUIES el 21 de mayo de 2012: alcanzar un nivel de cobertura de cuarenta y cinco por ciento en educación superior, lograr incrementos presupuestales sostenidos para educación superior y desarrollo científico y tecnológico, y promover ante el Congreso la opción de presupuestos multianuales, tema este último que la agenda de la ANUIES marcaba como prioridad.

No quiso comprometerse entonces a favorecer la propuesta de la Asociación en el sentido de crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, bajo el argumento de que, antes que la creación de nuevas estructuras burocráticas, el tema central era mejorar el perfil presupuestario del sector.

Peña Nieto tomó posesión el primero de diciembre. Al día siguiente se dieron a conocer los acuerdos del Pacto por México, firmado por el mandatario y los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD. El documento corregía la meta de cobertura de educación superior previamente comprometida. En lugar del cuarenta y cinco por ciento, “se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80 por ciento en educación media superior y en al menos 40 por ciento en educación superior. (Compromiso 14).” Así quedó y de esa manera se incorporó al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

En agosto de 2013 otro anuncio promisorio, el plan de crear 69 nuevas universidades en el país durante el sexenio. La prensa lo reportaba así: “La SEP dio a conocer que abrirá 69 nuevas universidades públicas en este sexenio, donde suman 4 nuevas universidades públicas federales, 1 de artes, 1 de la tercera edad, 2 interculturales, 20 institutos tecnológicos, 19 universidades politécnicas y 22 tecnológicas, además, 30 nuevos campus o extensiones.” (Aristegui Noticias, 12 de agosto de 2013). En otra nota se ampliaba la información con el siguiente añadido: “La Subsecretaría de Educación Superior registró, el 31 de julio, 10 proyectos de inversión por casi 500 millones de pesos, con los cuales se busca financiar, durante 2014, la realización de los estudios de factibilidad para la posterior construcción y apertura de las instituciones educativas antes mencionadas” (Reforma, 12 de agosto de 2013).

A esas alturas la responsabilidad del sector de educación superior recaía en Fernando Serrano Migallón, una de las notables adquisiciones de la SEP de las filas de la UNAM, el otro era Enrique del Val Blanco, al frente de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas desde el inicio de la gestión de Emilio Chuayffet en la SEP. Ninguno de ellos permanecería en el cargo todo el sexenio.

De lo comprometido al inicio del sexenio poco se podrá reportar como satisfactoriamente cumplido. Hasta ahora la cobertura de educación superior apenas alcanza un 37.1 por ciento, eso contando a la matrícula inscrita en la modalidad de educación a distancia, es decir los casi seiscientos mil estudiantes que forman parte de esa modalidad del servicio.

Tampoco resultan satisfactorias las cuentas económicas. Algunos indicadores son especialmente elocuentes. Como proporción del PIB, el gasto federal en educación superior y posgrado transitó de 0.66 por ciento (2012) a idéntica la misma proporción en 2016. El gasto federal por estudiante decreció en el periodo: de 54,392 pesos en 2012 a 51,227 en 2015, y desde luego la tendencia es negativa.

Lo más grave, los fondos federales extraordinarios de apoyo a la educación superior han sido reducidos drásticamente. Según estimaciones de Javier Mendoza Rojas, de 2012 a 2015 se observó el siguiente comportamiento financiero en ese rubro: El programa PIFI-PROFOSIE decayó en 28.9 por ciento; el PRODEP tuvo un crecimiento igual a cero; y el programa para cobertura educativa (FECES) menos 11.5 por ciento, (véase J. Mendoza, “Financiamiento de la educación superior en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto: ¿Fin del periodo de expansión?”, Perfiles Educativos núm. 156, 2017). En 2016-2017 el panorama no mejoró sino al contrario, en 2017 los fondos disminuyeron en sesenta y un por ciento respecto del presupuesto aprobado en 2016.

El Proyecto de Presupuesto 2018 pinta un panorama todavía más negativo. Dos de los programas prácticamente desaparecen: el U079 (Expansión de la educación media superior y superior) y el U081 (Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES), para ambos el presupuesto proyectado es cero pesos. Permanece el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con un ligero aumento (0.2 por ciento descontando la inflación), y disminuyen los montos del Programa de fortalecimiento a la calidad educativa (menos 30.5 por ciento) y del Programa de carrera docente en las UPES (menos 22.9 por ciento). Tal vez algo se pueda negociar antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que entra. Pero sin duda el panorama es desalentador.

¿Y los presupuestos multianuales? ¿Y las nuevas universidades federales? ¿Y la meta de cobertura? ¿Y la política nacional de educación superior? ¿Y la reforma de las normales?